Foto: Benjamin Flores
OAXACA, Oax., (apro).- El director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) en México, Alberto Herrera Aragón, reconoció la habilidad del gobierno mexicano para presentar en el exterior del país una imagen “bastante fortalecida” en materia de derechos humanos.
Sin embargo, aclaró que cuando se trata de rendir cuentas sobre la realidad interna en la materia, “la situación es francamente escandalosa”.
De acuerdo con Herrera Aragón, la de México “es una realidad que no tiene nombre, que no se entiende más que a partir de la corrupción, ineficiencia, falta de capacidad y voluntad de las autoridades mexicanas”.
En entrevista, el director ejecutivo de AI manifestó que la realidad de los migrantes en el país es una de las más críticas a nivel mundial, pues ni siquiera el traslado entre Marruecos y España para que las personas africanas accedan al territorio europeo, dijo, cuenta con los niveles de violencia que sí puede atestiguar México.
En este país, puntualizó, la violencia documentada en contra de migrantes pasa por secuestros masivos, extorsiones, mutilaciones, torturas y ejecuciones, y posteriormente desaparecen los cuerpos sumergiéndolos en ácido. “Es una realidad que no tiene nombre”, subrayó.
Y recordó que, según los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el país se han registrado cerca de 23 mil víctimas de secuestro al año. Eso, dijo, “es algo que no se ve en otros países, como tampoco se ve la ausencia del Estado para hacerle frente”.
Además, añadió, cuando se le pregunta a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las 23 mil víctimas y en cuántos casos hay consignaciones, averiguaciones abiertas o sentencias firmes para condenar a los perpetradores, lo que se encuentra es silencio o cifras lamentables que evidencian un perfil de ineficiencia de las autoridades.
En lo que respecta al Informe de la Pastoral de Movilidad Humana que le fue entregado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, manifestó que en los últimos tres años se han documentado más de 50 ataques e incidentes de violencia contra defensores de migrantes.
Esos casos se presentan particularmente en los estados de Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas y Coahuila, que, dijo, cuentan con albergues y trabajo activo de denuncia abierta de abusos cometidos contra indocumentados.
Lo preocupante es, precisó, que las agresiones contra los defensores se han incrementado, y 97% de los casos denunciados ante autoridades ministeriales concluyen en la impunidad.
Herrera Aragón mencionó que la propia oficina de la ONU para los derechos humanos ha documentado decenas de casos en los últimos años. Aclaró, sin embargo, que “el tema central es que aquí el patrón, la regla, es la impunidad, la falta de respuesta del Estado”.
Asimismo, recordó que al menos tres albergues que forman parte de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana cuentan con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y 10 de la CNDH, debido a la situación de violencia y agresiones en su contra.
También se ha documentado, dijo, que por lo menos seis de cada 10 mujeres que llegan a albergues de migrantes en el sur de México han sufrido algún tipo de violencia sexual, ya sea a manos de autoridades o de la delincuencia organizada.
Y citó como ejemplo que en el estado de Puebla los migrantes son detenidos por policías municipales, quienes a su vez los entregan a policías estatales y éstos a casas de seguridad.
“Estamos hablando de niveles de corrupción escandalosos que, además, han sido ya reconocidos por el Instituto Nacional de Migración en esta última remoción de funcionarios”, apuntó.
Herrera Aragón también cuestionó la tibieza de los gobiernos centroamericanos en sus llamados al gobierno mexicano para que rinda cuentas sobre lo que sucede en su territorio con los migrantes de esos países, pero además criticó el hecho de que esas naciones no han terminado de cumplir con su obligación de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales elementales para que sus habitantes no tengan que dejar sus territorios.
La vida de los migrantes es parte de una historia que inicia con una condición de abuso en sus propios países, concluyó.
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