Guillermo Fabela Quiñones*
No es una coincidencia que la descomposición social en el país se haya profundizado a partir de que la ultraderecha está en el poder. Esto no significa que antes de la llegada del Partido Acción Nacional a Los Pinos todo caminara de manera ejemplar, sino que los priístas aún conservaban resabios de un sistema político surgido de un pacto social que tenía como finalidad conservar equilibrios razonables en las relaciones sociales, situación que se modificó de manera negativa a partir del arribo de los tecnócratas al poder. En consecuencia, lograr que la nación recupere la paz y se generen condiciones de estabilidad y gobernabilidad, no es un asunto que se corrija mediante una Ley de Seguridad Nacional, sino de crear un entorno político donde el común denominador sea una convivencia equitativa entre los factores de la producción, y donde no tenga cabida la impunidad como norma generalizada.
Mientras no se pongan en práctica mecanismos institucionales para favorecer una realidad con las anteriores características, de nada servirá todo lo que se haga supuestamente para lograr que la paz vuelva a reinar en México. El marco de criminalidad existente no es más que una consecuencia de las condiciones desfavorables que se viven en el país que afectan a las clases mayoritarias. Se trata de una manifestación de la lucha de clases derivada de la preeminencia de la elite sobre el grueso de la población de una manera cada vez más injusta, realidad que se complica debido a los problemas de una economía prácticamente estancada, mientras que la oligarquía es favorecida por las políticas públicas de un gobierno carente de un elemental compromiso con los sectores mayoritarios.
En tal virtud, es válido afirmar que la solución a los grandes problemas nacionales no es un asunto de leyes y reformas estructurales, sino de justicia social, concepto que se borró por completo de la agenda del grupo en el poder a partir, sobre todo, de 1983. Mientras no se entienda esta premisa, se pierde el tiempo al dialogar sobre la necesidad de cambios en la superestructura del Estado, cuando lo que urgen son modificaciones de fondo en las relaciones sociales. Es absurdo suponer que puedan haber condiciones de gobernabilidad cuando una minoría disfruta de privilegios y riquezas inagotables, junto a una multitud de ciudadanos que carece de lo necesario. Esto lo comprendió muy claramente el gran insurgente José María Morelos y lo plasmó en su inmortal ideario que denominó Los Sentimientos de la Nación.
En ese contexto, recobrar la estabilidad y la gobernabilidad no es un asunto de leyes y reformas sino de simple sentido común. Lo demás es perder el tiempo y hacerse tontos, con la esperanza de que la población crea que la clase política está preocupada por el futuro de la patria. El caso es que es tal el abuso de la buena fe de la gente, que nadie se cree que los políticos estén buscando soluciones a los graves problemas del país, mucho menos que la oligarquía, la minoría privilegiada, tenga intenciones de reducir sus ambiciones y voracidad en aras de hallar salidas a una problemática que amenaza rebasar la capacidad del Estado para enfrentarla.
Ciertamente, como lo señala la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), “nuestras instituciones no funcionan correctamente. Hay que ponerlas a la altura de las circunstancias y [de] la nueva realidad mexicana”. Sin duda es un imperativo inaplazable generar “el pacto social que se necesita para tener certidumbre de que la situación mejorará y la esperanza de que es posible un México seguro, sin impunidad, donde se respeta y cumple la ley”. Con todo, sin que haya sacrificios compartidos de todos los sectores, no será posible dar ese paso. Es abusivo que se exija a las clases mayoritarias hacer más esfuerzos, como lo quieren la oligarquía y la burocracia dorada, cuando la injusticia social es la causa principal de la terrible disfuncionalidad de las instituciones nacionales.
Es más que obvio que existe una “profunda crisis de seguridad pública, y que no se hace lo suficiente para superarla a corto plazo”, como indica la Coparmex. Sin embargo, se quiere “curar” el cáncer de la inseguridad con aspirinas, con una Ley de Seguridad Nacional que de inmediato sería letra muerta porque quienes deberían acatarla no lo van a hacer. No, mientras no se modifiquen las condiciones sociales y políticas que propician tan grave problema. ¿Acaso se cree que con dicha ley se iba a poner fin a la impunidad con que operan los cárteles del narcotráfico? Es como pensar que con spots, por más caros que sean, se pondrá fin a la inseguridad y a la violencia.
Conviene insistir en la idea de que mientras no cambien las condiciones sociales y económicas actuales, de nada servirá toda la demagogia que despliega el grupo en el poder para engañar a la sociedad. Lo que urge es que se generen condiciones de cambios estructurales reales, de fondo, que abran la puerta a la justicia social. Entonces un nuevo pacto social se dará de manera natural.
*Periodista
[TEXTO PARA TWITTER: México necesita un nuevo pacto social; no más policía ni más spots: Fabela]
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