Centro Fray Julián Garcés demanda política de prevención
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, 6 sep 11 (CIMAC).- En el país, la trata de personas es un delito que va en aumento debido a que no hay una “estrategia sólida” del Estado mexicano que prevenga, atienda a las víctimas y sancione este crimen que cada año afecta a 20 mil mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Lo anterior, lo informó a Cimacnoticias Emilio Muñoz, director del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, quien señaló que la trata de personas es un “grave” y “añejo” problema que creció por la “histórica” omisión de las autoridades frente a este crimen, el clima de impunidad y la corrupción.
“Durante muchos años, el Estado mexicano omitió sus responsabilidades ante este tipo de violencia, lo que impidió tener políticas que previnieran. Hasta hoy no hay una política clara de prevención, tampoco hay espacios de protección a la víctimas, ni sanciones suficientes para los responsables”, abundó Muñoz.
Un ejemplo de la impunidad en la que permanecen los casos es que sólo hay tres condenas en contra de tratantes, por lo que “socialmente” las autoridades envían el mensaje de que la trata de personas se puede llevar a cabo sin que exista una sanción.
Los datos acerca del número de víctimas de este delito varían. De acuerdo con la Organización Internacional de Migración, cada año en México 20 mil personas son tratadas con fines de explotación sexual o laboral.
Según cálculos de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga, el 80 por ciento de las víctimas son mujeres y niñas, entre el 15 y 20 por ciento son niños. Y en el 80 por ciento de los casos identificados la trata de personas es con fines de explotación sexual.
De acuerdo con una investigación hecha por el Centro Fray Julián Garcés, ubicado en Tlaxcala, en el país hay alrededor de mil tratantes originarios de ese estado, los cuales captan a sus víctimas en 11 entidades de “alta vulnerabilidad” como Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Michoacán.
Los sitios de explotación sexual son nueve, entre éstos están “grandes urbes” como el Distrito Federal, Guadalajara, y estados fronterizos como Chihuahua, Nuevo León y Baja California.
Las víctimas son mujeres jóvenes, muchas de ellas menores de edad, habitantes de zonas marginales, con formación escolar básica, provenientes de familias donde hay violencia.
A este perfil, dijo, ahora se suman las migrantes que cruzan por México rumbo a Estados Unidos o transmigrantes, que son mujeres centroamericanas captadas sobre todo con fines de explotación sexual.
Delitos como la trata de personas, cometidos contra las personas migrantes en el país, serán denunciados por la “Caravana del Sur” que saldrá el próximo viernes de Morelos rumbo a Guerrero, Oaxaca, Guatemala, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla y culminará el 19 de septiembre en el DF, para demandar la intervención del Estado mexicano.
De acuerdo con Emilio Muñoz, el crítico escenario requiere la “urgente” creación de políticas públicas que garanticen la prevención de este delito, la creación de espacios especializados para atender a las víctimas y la sanción de los responsables. Esta debe ser una “estrategia sólida” que cuente con los mecanismos y el presupuesto necesario para poder operar.
Simultáneamente, el Estado debe atender la violación “sistemática y cotidiana” de Derechos Humanos y la agudización de la pobreza, problemáticas que ponen en riesgo a las mexicanas de ser víctimas de este delito, concluyó.
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