Colusión de autoridades y el crimen aumenta violaciones
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México DF, 8 sep 11 (CIMAC).- En 10 años se agudizó la violencia contra las mujeres migrantes que cruzan México rumbo a Estados Unidos, ya que a las agresiones físicas y sexuales cometidas por autoridades se sumaron los secuestros y extorsiones de la delincuencia organizada coludida con los gobiernos locales.
“Cuando hay tanta impunidad y poco control de los gobiernos estatales y municipales, empeora el problema de transgresión a los derechos de las personas migrantes”, dijo a Cimacnoticias Gretchen Kuhner, integrante del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).
Kuhner sostiene que la violencia contra las mujeres en tránsito, originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador, principalmente, empeoró hace poco más de 10 años, aunque el punto más crítico lo alcanzó durante la actual administración.
La agudización de la problemática se debió a varios factores, señaló. El primero es el cambio de ruta de las y los migrantes a consecuencia del daño que ocasionó en 2005 el huracán Stan a las vías de ferrocarril entre las ciudades de Tapachula y Arriaga, en Chiapas.
La ruta que desde entonces siguen los obliga a pasar por Tabasco y Veracruz, estados con importante presencia del crimen organizado.
La problemática se vuelve más compleja porque los gobiernos estatales y municipales están coludidos con los delincuentes para secuestrar y extorsionar a las mujeres y hombres migrantes.
“Antes la violencia física y sexual contra las mujeres en tránsito era ejercida por autoridades, civiles y traficantes. Ahora además de seguir expuestas a esas agresiones, son víctimas de secuestro, extorsión o son asesinadas”, explicó la investigadora.
Puso como ejemplo el asesinato de 14 mujeres y 58 hombres migrantes en San Fernando, Tamaulipas en agosto de 2010.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de septiembre de 2009 a febrero de 2010 se registraron más de 10 mil secuestros de migrantes en el país; esta cifra rebasó los 9 mil 780 registrados en el mismo semestre de 2008 a 2009.
La CNDH advierte que mil 600 migrantes son víctimas de secuestro cada mes. No obstante, el gobierno federal puso en duda esta estadística y señaló, a principios de 2010 ante la CIDH, que en 2009 sólo recibió 15 denuncias de secuestros de migrantes.
Cuando las migrantes son secuestradas, sufren agresiones sexuales como parte de la tortura a la que son sometidas para que proporcionen a los plagiarios los datos de sus familiares en EU.
En este escenario, las organizaciones de la sociedad civil han alzado la voz en diversas ocasiones.
El próximo viernes diferentes asociaciones defensoras de Derechos Humanos caminarán junto a víctimas de violencia del crimen organizado o del Estado, integrados en la Caravana de la Paz o Caravana del Sur, para conmemorar la masacre de migrantes cometida en Tamaulipas hace un año.
Además de la movilización, el lunes pasado las organizaciones entregaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) “comentarios generales” acerca de cuál debe ser el contenido del reglamento de la Ley de Migración.
“Hasta ahora no contamos con ningún compromiso por parte de la autoridad de que los tomará a consideración”, observó Kuhner.
De acuerdo con la integrante del Imumi, las organizaciones todavía no han tenido oportunidad de reunirse con las autoridades de la Segob para discutir sus observaciones, las cuales fueron hechas sin conocer el “borrador” del reglamento pues a pesar de que lo solicitaron no se los proporcionaron.
El reglamento, el cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación el próximo 21 de noviembre, es la parte operativa de la Ley de Migración por lo que “es importante que se acoten temas como la realización de operativos, con base en protocolos y el respeto a los Derechos Humanos de las y los migrantes”.
El documento también debe establecer los mecanismos y procedimientos que se deben llevar a cabo para que las personas en su tránsito por México tengan acceso a servicios de salud y a la visa de tránsito que menciona la Ley de Migración, aprobada por la Cámara de Diputados en mayo pasado.
A la par de la definición del reglamento, es urgente que se busque una “solución política” para que quienes transiten por el país lo hagan de forma segura y con acceso a servicios, como la salud, imprescindible sobre todo en el caso de mujeres que son agredidas física y sexualmente.
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