Cuando un gobernante se preocupa más por su situación personal que por cumplir la responsabilidad que tiene con sus gobernados, no queda más remedio que insistir en el imperativo de que haya una verdadera división de poderes, a fin de que tal mandatario sea llamado a cuentas de acuerdo con el ordenamiento constitucional, que en México es letra muerta. Es muy obvio que para Felipe Calderón cuenta más su compromiso con quienes supone lo habrán de cobijar a partir del primero de diciembre, que los que tiene con el pueblo mexicano, como lo demostró en su reciente viaje a Estados Unidos.
En efecto, su crítica a la Casa Blanca por no haber acudido en apoyo del Fondo Monetario Internacional, como lo hizo él con dinero del erario por un monto extraordinario, que hubiera servido, por ejemplo, para sacar al IMSS de su postración y convertirlo en una institución modelo de seguridad social a nivel mundial. Con 14 mil millones de dólares que entregó al FMI, si se hubieran destinado al pago de la deuda, México podría tener más capacidad crediticia real, al reducir los intereses, como lo hizo Argentina ya en el mandato de la señora Cristina Fernández.
Dijo Calderón: “Es una noticia muy importante (la de que el FMI está saliendo adelante con las contribuciones extras que ha recibido), y tienen que darse cuenta de algo: que ese apoyo al FMI se realizó sin Estados Unidos, lamentablemente”. Tal pareciera que en realidad trabaja para el organismo financiero, no como mandatario de una nación que atraviesa por una situación económica y social desastrosa, como lo demuestra más de la mitad de la población en un nivel de pobreza cada vez más grave, así como cerca de 25 millones de desempleados, según datos de investigadores de la UNAM y del sector privado.
Sin embargo, para el inquilino de Los Pinos México es ahora una nación boyante que ya resolvió sus principales problemas, por eso puede darse el lujo de regalar miles de millones de dólares, precisamente a quienes nos tienen con la soga en el cuello. Ante miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, habló de un país que no es el nuestro, pues según él se vive una situación de bonanza que ha permitido solucionar los principales problemas de la gente.
Quién sabe a que nación se habrá referido, ya que en México los problemas de la migración indocumentada siguen siendo muy graves, no es cierto que se haya contraído a tasa cero esta situación, “en términos netos”. Mucho menos es verdad que se hayan abierto oportunidades para que los jóvenes no tengan ya necesidad de emigrar, cuando la verdad es que el fenómeno se ha acrecentado como lo patentizan más de siete millones de quienes ni estudian ni trabajan, los famosos “ninis”.
Para que no quedaran dudas de su “disciplina” (sus corifeos se enojan si decimos entreguismo), volvió a insistir en sus críticas a la decisión soberana del gobierno patriótico de Argentina de nacionalizar la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Según él, que una nación defienda su derecho a usufructuar sus recursos es un acto anacrónico, no va con la modernidad, que debe entender como la disponibilidad de los gobernantes para entregar tributo al “hombre blanco”, como si estuviéramos en tiempos de la Conquista.
En su afán de quedar bien con quienes considera lo pueden auxiliar al término de su mandato, se reunió con el presidente del Banco Mundial (BM), Robert Zoellick, a quien le informó que en la Cumbre del G-20 que se realizará en México, se le impondrá formalmente nada menos que la principal presea que otorga nuestro país, la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en el grado de insignia, “por su labor en la promoción del comercio internacional y el desarrollo de los pueblos”. No importa que dicha institución crediticia lo que ha hecho por el pueblo mexicano es empobrecerlo cada vez más con sus políticas destinadas a estrangular el crecimiento.
La realidad sobre el problema migratorio es que se ha agravado dramáticamente en los últimos diez años, no porque haya aumentado de manera considerable el número de migrantes, sino por las condiciones difíciles de la economía de Estados Unidos, que obligaron a las autoridades a redoblar la vigilancia en la franja fronteriza, además de que se incrementó el volumen de deportaciones. El Colegio de la Frontera Norte reportó que de 2006 a 2010 han sido deportados 1.2 millones de mexicanos. Esos trabajadores son ahora un problema extra para México, el cual para Calderón no existe.
Tal realidad hace imposible la continuación de las políticas públicas que han llevado al país al borde del estallido social, que de producirse vendría a complicar de manera apocalíptica la situación prevaleciente, por la terrible descomposición del tejido social que aceleró la violencia y la criminalidad. Para evitar una tragedia inenarrable no queda otro camino que poner fin al neoliberalismo y actuar con patriotismo para garantizar el futuro de las nuevas generaciones de mexicanos. Por fortuna parece que así lo empiezan a entender miembros conspicuos del sector empresarial.
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