Como si el tiempo no hubiera transcurrido, Enrique Peña Nieto hace lo que Carlos Salinas de Gortari llevó a cabo en 1987: reunirse con un grupo de oligarcas en busca de apoyo, aunque no para “pasar la charola”, como aclaró el diputado Ildefonso Guajardo, sino para que los participantes promuevan el voto entre sus trabajadores. Ahora le toca al Instituto Federal Electoral (IFE) demostrar que el abanderado del PRI no incurrió así en un delito electoral, pues la posible presión que los empresarios ejercieran sobre sus empleados, de acuerdo con la ley electoral, si caería en una tipificación de ilegalidad.
Trascendió que entre los miembros del denominado Consejo Consultivo Empresarial, está nada menos que la señora Blanca Treviño de la Vega, integrante del consejo de administración de Wal-Mart de México, la empresa trasnacional que incurrió en delitos de corrupción en nuestro país con el fin de apuntalar sus negocios, actividad ilegal que fue advertida por autoridades estadounidenses, las cuales demandaron una investigación, motivo por el que sus acciones perdieron 12 por ciento de su valor en la Bolsa Mexicana de Valores. Es obvio el interés en apoyar a Peña Nieto, cuando entre las prácticas de negocios de la empresa mencionada está sobornar a funcionarios.
También figura el presidente del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Eduardo Sánchez Navarro, empresa que se ha distinguido por su desinterés por invertir en mejorar las instalaciones de los aeropuertos concesionados. Otro más es el presidente de la corporación constructora GEO, con litigios en muchas partes del país por las pésimas condiciones de las casas que construye. Además participan industriales de los ramos textil, metalúrgico, agropecuario y turístico. Deben pensar que así como a quienes hace veinticinco años les fue muy bien al brindar su apoyo a Salinas, ahora las cosas pueden ser iguales, cuando en realidad las condiciones del país son muy diferentes.
Hace cinco lustros México estaba en plena crisis de liquidez por el freno radical a la economía por parte de los tecnócratas neoliberales, pero a cambio la gobernabilidad no corría ningún riesgo como ahora, pues todavía quedaban huellas del Estado benefactor que durante décadas se hizo cargo de mantener el desarrollo social en niveles aceptables. Hoy, luego de veinticinco años de firme desmantelamiento de ese Estado, la crisis del país es no sólo económica, sino principalmente política, con estabilidad social muy precaria y en riesgo de caer en franca ingobernabilidad.
Por eso no sólo es un grave error, sino un serio peligro, pretender prolongar una situación inaceptable más tiempo, como lo quiere la camarilla priísta encabezada por Salinas de Gortari, con el apoyo del sector oligárquico más retrogrado y necesitado de apoyo gubernamental. Así queda demostrado que les importa un bledo el futuro del país, pues las consecuencias de su absurda pretensión no se harían esperar, una vez que las clases mayoritarias empezaran a resentir los efectos de políticas públicas aún más antidemocráticas que las actuales, pues no de otro modo podrían satisfacer las ambiciones de ese sector oligárquico que sólo busca mayores privilegios.
El diputado Guajardo, quien preside la Comisión de Economía de la Cámara Baja, fue muy claro al informar que cada sector de los reunidos con Peña Nieto en la exclusiva Torre Mayor, presentará sus propuestas específicas para incorporarlas en su programa de gobierno y luego aplicarlas cuando llegue a Los Pinos. Es fácil imaginar la clase de propuestas que demandarán dichos empresarios e industriales, quienes se sentirían con plenos derechos para exigir su cabal cumplimiento.
Esto explica por qué Peña Nieto ni siquiera puede informar quién sería el secretario de Economía de su “gobierno”, pues quedaría demostrada su falta de libertad para actuar sin compromisos espurios. Si acaso lo fuera el susodicho diputado, es por demás obvio que actuaría como empleado del grupo oligárquico más que como funcionario del gobierno federal.
Es cierto que México lo aguanta todo, pero también es verdad que ya la oligarquía rebasó límites razonables de acción política. La nación es un polvorín a punto de estallar, como lo demuestra la realidad. Sólo hace falta una chispa para que estalle, misma que podría surgir si esa oligarquía ultra reaccionaria pretendiera imponerse a como diera lugar, para sentar sus reales en Los Pinos. Todos saldríamos perdiendo, hasta los oligarcas, porque se verían obligados a salir del país y cerrar sus empresas, ante la violencia que se desataría por la terquedad de mantener a las clases mayoritarias en condiciones cada vez más precarias e injustas.
No parecen darse cuenta de que México necesita urgentemente desactivar sus tensiones. Sólo cabe esperar que el grupo más avanzado de esa oligarquía se imponga y actúe con sensatez, deje que el pueblo se desahogue en las urnas y vote conforme a sus intereses. Sólo así será posible pensar en un futuro menos cruel para la mayoría y con menos zozobra para la propia oligarquía.
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