Si en la actualidad se contabilizan más de 160 mil desplazados como consecuencia de la violencia, principalmente en siete estados del país, en los años venideros, de continuar por el mismo camino que llevamos recorrido desde hace tres décadas, tal fenómeno sería incuantificable por su agravamiento. Se trata de un problema al que no se le ha puesto la debida atención, un efecto más de la depredadora política económica neoliberal que Felipe Calderón ha llevado a sus últimas consecuencias: la antesala de la dictadura.
De acuerdo con un informe del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ACNUR), en el año 2011 fue desplazado tal número de población en Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Asimismo, se acusa al gobierno mexicano de no estar atendiendo este nuevo flagelo en su verdadera y dramática dimensión.
Diversos analistas afirman que el desplazamiento masivo de población se debe a la lucha entre cárteles por el control de territorios. En parte es verdad, pero sólo una parte mínima, pues el trasfondo real del problema se encuentra en la lucha descarnada entre grupos de interés por obtener mayores ganancias. Es preciso repetirlo cuantas veces sea necesario: la lucha entre cárteles es un problema del actual sexenio, propiciada por el mismo gobierno federal como parte de su estrategia para lograr el control del gran negocio que significa el narcotráfico.
En el pasado nunca se dio este fenómeno, por la sencilla razón de que los jefes de los cárteles se ponían de acuerdo entre ellos para llevar a cabo sus trasiegos de manera ordenada, sin conflictos que sabían los afectarían a todos. Los que se querían pasar de listos eran inmediatamente aplacados sin que el asunto trascendiera. Así vinieron operando durante décadas, principalmente a partir de los años cincuenta del siglo pasado, cuando el mercado de estupefacientes en Estados Unidos se amplió como consecuencia de la Guerra de Corea.
Las transacciones en las zonas productoras, como el llamado “triángulo dorado”, se hacían a la luz del día, con reglas básicas muy concretas que facilitaban el trabajo. Había una “división laboral” que facilitaba las cosas, pues cada uno de los agentes que intervenían en el proceso sabía muy bien su papel. Para la economía campesina de regiones tan inhóspitas e inaccesibles como las enclavadas en la Sierra Madre Occidental, era un apoyo fundamental esa participación, sin que nadie saliera afectado, porque las ambiciones y la voracidad desmedidas no se habían activado como en la actualidad.
¿Cómo se explica que con el despliegue de recursos y de tropas no se haya podido neutralizar la fuerza de organizaciones como la de Los Zetas? Esta actúa sin temores, como lo demuestran sus acciones que han afectado dramáticamente a cientos de miles de familias en varias partes del país. Quizá la causa esté en lo que permiten ver las mantas que dejan colgadas en lugares públicos muy visibles, como la que apareció en un puente en Monterrey, el día 17, la cual fue retirada de inmediato. En ella se acusaba al gobernador de ser un empleado de la organización por el apoyo que había recibido durante su campaña, y se amenazaba con represalias en caso de que se interpusiera en su camino.
Desde luego, tal manta no prueba nada, pues podría ser un acto de provocación con fines diversos, a lo que se presta la coyuntura electoral que se vive en estos días en el país. Con todo, lo que llama la atención es que puedan darse este tipo de provocaciones a la sociedad. Aunque lo que más debe preocuparnos son las consecuencias concretas de la descomposición del tejido social, como el fenómeno del desplazamiento de personas, pues se trata de gente que es obligada a modificar radicalmente sus vidas, nunca para bien.
Mientras tanto, el negocio del narcotráfico sigue viento en popa, gracias a que se mantienen condiciones para que así suceda. De ahí que los grandes intereses trasnacionales se opongan a la legalización del narcotráfico: se acabarían las enormes utilidades que deja, como lo muestra un reporte del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP). En éste se afirma que la Secretaría de Hacienda identificó un excedente de más de 10 mil millones de dólares al término del presente año fiscal, aunque otro documento del Congreso estadounidense calcula entre 19 mil y 29 mil millones de dólares el monto de las ganancias ilícitas que fluyen anualmente desde Estados Unidos hacia grupos criminales mexicanos.
Vemos así que lo que hay atrás de tanta violencia y descomposición social, son las ambiciones desmedidas de grupos criminales, cuya fuerza deriva de su capacidad ilimitada para corromper todo que se interpone en su camino. ¿Cuántos desplazados más se necesitan para sacar a los neoliberales del poder?
No hay comentarios.:
Publicar un comentario