MÉXICO, D.F., 24 de abril (apro-cimac).- Organizaciones civiles demandaron hoy a las autoridades del sector salud del gobierno federal que las clínicas del IMSS, del ISSSTE y de la Secretaría de Salud (Ss) brinden el servicio de interrupción legal del embarazo (ILE) a derechohabientes y población abierta.
En ocasión del quinto aniversario de la despenalización del aborto en esta ciudad, Marta Lamas, fundadora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), dijo que, a pesar de que la ley local permite que personal del IMSS, ISSSTE y de la Ss practique abortos legales a las capitalinas, tales instituciones niegan el servicio en consonancia con la política delineada por la actual administración federal que se opone a este derecho.
La antropóloga feminista señaló que el problema tiene un trasfondo político porque “el PAN no está de acuerdo con la despenalización y, por lo tanto, las instancias de salud que dependen del gobierno panista (federal) no están cumpliendo la ley del DF”.
Experta en derechos sexuales y reproductivos, Lamas destacó que las derechohabientes del IMSS e ISSSTE, y las usuarias de clínicas y hospitales de la Ss ubicadas en esta ciudad pueden exigir jurídicamente este derecho establecido en la normatividad local.
Al respecto, Leticia Bonifaz, consejera Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, aseguró que el personal de salud de esas instituciones no incurriría en ningún delito en caso de practicara el aborto voluntario porque, aclaró, está despenalizado en el Código Penal capitalino.
No obstante, aclaró que las clínicas y los hospitales del IMSS, ISSSTE y la Ss sólo estarán obligados a brindar este servicio si se modifica la Ley General de Salud, para generar una política pública que regule la ILE en sus unidades.
La funcionaria indicó que sería un proceso semejante a la reforma a la Ley de Salud del DF, para crear la política pública de la ILE tras la modificación al Código Penal local.
Según la funcionaria, tales cambios normativos han salvado la vida de 77 mil 524 mujeres del 24 de abril de 2007 al 16 de abril de 2012.
Bonifaz detalló que en ese periodo 120 mil 541 usuarias recibieron información, de las cuales 99 mil solicitaron el procedimiento y las más de 77 mil lo llevaron a cabo. Estos datos, dijo, “reflejan que está la libertad de informarse y tomar la decisión”.
Del total de las que accedieron a un aborto legal y seguro, 50% tenía entre 18 y 30 años de edad, 44.3% entre 30 y más 40 años, y 5.7% era menor de edad.
El 23% de quienes se realizaron el procedimiento eran del Estado de México (17 mil 872 usuarias), y 3.3% de otros estados (2 mil 567 mujeres).
En un lustro de practicar la ILE hay indicadores que muestran el éxito de esta política, algunos de éstos son que 85% de los procedimientos se han realizado con medicamentos, considerada la forma más segura y efectiva de interrumpir la gestación; sólo 1% de usuarias reincidió, y 85% “salió utilizando algún método anticonceptivo”.
Con la ILE, además de salvaguardar la salud y la vida de miles de mexicanas, el aborto “se ha desdramatizado”, pues la legalidad ha hecho que las usuarias consideren el procedimiento como un derecho que pueden exigir, señaló Ana Amuchástegui, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Antes de la reforma, las mujeres que se realizaban un aborto “cargaban” con el peso del “pecado-delito”, por el que “se tenían que estar escondiendo”, ahora consideran que la provisión de los servicios por parte del Estado legitima este derecho, abundó la investigadora.
Con base en un estudio con mujeres usuarias del programa de ILE, Amuchástegui destacó que hay un cambio cultural importante, ya que las jóvenes y solteras expresaron que tomaron esa decisión “no agradable, pero necesaria” porque la maternidad aún no estaba en su proyecto de vida.
Mientras que las mujeres con pareja coincidieron en que “en este momento no quiero ser madre otra vez para ser una mejor madre (de los hijos que ya tienen)”.
Sólo en el DF las mexicanas gozan de la libertad de decidir sobre su cuerpo. En el resto del país cada año se realizan 875 mil abortos en condiciones inseguras y de ilegalidad, según cálculos del Population Council. Esta circunstancia, además de poner en peligro la salud y la vida de las mujeres, las expone a ser criminalizadas.
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