Detrás
de la pasmosa actuación del IFE para investigar las denuncias por los
casos de Monex y Soriana, junto con un presunto rebase de tope de
campaña por el PRI, hay mucho más que dificultades técnicas o falta de
facultades; la Unidad de Fiscalización del instituto tiene todas las
facultades de ley para investigar a fondo esas denuncias y cuenta con
todos los instrumentos a su alcance, desde el secreto bancario hasta la
obligación de las instituciones financieras (Hacienda, Bancos y CNBV)
para entregarle cualquier informe que necesite en un periodo máximo de
30 días ¿Por qué entonces el IFE no avanza ni entrega informes de sus
indagatorias?
En
los corrillos políticos hay una explicación para ese injustificado
retraso del IFE y su unidad fiscalizadora: el presidente del instituto,
Leonardo Valdés Zurita juega su juego y es un juego a futuro. Valdés
concluye su periodo como consejero presidente del IFE en octubre de
2013 y unos meses antes, a partir de abril del próximo año, tendrá que
definirse en la Cámara de Diputados su relevo junto con otros dos
consejeros electorales. Pero él no quiere irse y ese es precisamente
su juego y lo que explica su sospechosa actuación ante tales
denuncias: quiere la relección como presidente del órgano electoral y
se lo está vendiendo al PRI y a Enrique Peña Nieto.
De
otra manera no puede entenderse la actitud vacilante y lenta que ha
tenido el órgano electoral ante los casos que acusan el uso excesivo de
dinero y el origen incierto del mismo en la campaña priista. La primera
denuncia del PAN sobre el caso Monex se presentó desde el 26 de junio,
cinco días antes de los comicios. Lejos de ejercer su facultad para
investigar, la Unidad de Fiscalización, cuyo jefe es Alfredo
Cristalinas, quiso pasarle la “papa caliente” a la FEPADE (otra
nulidad) y presentó ante la fiscalía una denuncia de hechos.
Cristalinas
es un experto en materia fiscal y financiera que trabajó en el SAT y
sabe bien los movimientos que se requieren para rastrear el dinero en
el sistema bancario, así que tampoco se puede alegar impericia como
motivo de retraso. Y mucho menos falta de facultades; el Artículo 79
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
(Cofipe) le otorga a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los
Partidos Políticos la responsabilidad de revisar integralmente el
dinero que reciban los partidos y candidatos en campaña bajo cualquier
modalidad de financiamiento.
Más
aún, ese mismo Artículo dice en sus capítulos 2 y 3: “En el ejercicio
de sus atribuciones, la Unidad contará con autonomía de gestión y su
nivel jerárquico será equivalente al de dirección ejecutiva del
Instituto. En el desempeño de sus facultades y atribuciones la Unidad
no estará limitada por los secretos bancario, fiscal o fiduciario
establecidos por otras leyes. Las autoridades competentes están
obligadas a atender y resolver, en un plazo máximo de treinta días
hábiles, los requerimientos de información que en esas materias les
presente la Unidad”.
Y entonces si la primera denuncia se presentó
desde el 26 de junio, ¿por qué ha pasado mes y medio y el IFE dice que
aún no tiene nada y no puede presentar informes de sus investigaciones?
Tanto
Valdés como Cristalinas han dicho que “el IFE no tiene prisa ni se
sujeta a presiones” para concluir sus investigaciones e incluso han
amagado con que el resultado de esas indagatorias, que podrían ser
claves para el fallo del Tribunal Electoral federal, podrían irse hasta
enero de 2013, cuando el plazo legal para que los magistrados validen
la elección es el 6 de septiembre. ¿Qué razones tiene el IFE y su
Unidad de Fiscalización para no avanzar con más celeridad en esas
indagatorias o, incluso, para entregar informes parciales como se los
ha pedido el Trife? Al parecer son razones de futuro, el futuro en el
que Leonardo Valdés se sueña relecto como presidente del IFE.
sgarciasoto@hotmail.com | @sgarciasoto
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