Alberto Aziz Nassif
A medida que se termina el sexenio Felipe Calderón quiere sacarle brillo a las pesadas herencias y fracasos de su gobierno. No se resigna a irse derrotado; tampoco hace autocrítica y casi todos los días nos receta una “buena” noticia, porque según él se han creado muchos empleos, la violencia ha disminuido, da consejos electorales y ahora celebra en Palacio Nacional la reforma política que dijo fue “un paso importante en la evolución del régimen democrático”.
Sin embargo, la realidad es muy diferente, el empleo no creció, sino la informalidad; la violencia sigue cobrando vidas, los monopolios se fortalecen, la distribución de la riqueza se polariza de forma creciente y la democracia ha retrocedido en transparencia, libertad de expresión, satisfacción ciudadana. Si lo panistas quieren saber porqué perdieron el 1 de julio sería bueno que leyeran a Lorenzo Meyer, Tramas del calderonismo (Reforma, 9/VIII/2012).
Un caso emblemático de los tiempos que corren es el decreto de reforma política y, sobre todo, el acto celebratorio de su firma, como si fueran cambios fundamentales para el sistema político, cuando significan una miscelánea limitada. Si comparamos la propuesta de Calderón en diciembre de 2009, y lo que se promulgó el 8 de agosto, hay una distancia abismal. Si al proyecto calderonista le hacían falta piezas importantes (ley de medios, ley de partidos, revocación de mandato, completar autonomía en transparencia, entre otras), lo que aprobaron los legisladores es una mínima expresión de lo necesario.
El sistema político en México está tensionado por la desconfianza ciudadana, el dominio de los poderes fácticos ante una débil capacidad estatal para regularlos, un amplio y justificado desprestigio de la clase política que está distante de la ciudadanía, legisladores que gastan de forma millonaria y entregan resultados miserables (ver el costo de las comisiones especiales, EL UNIVERSAL, 13/VIII/2012), instituciones democráticas con una débil presencia ciudadana, con la excepción del espacio electoral.
La reforma aprobada tiene 8 cambios constitucionales, de los cuales la mitad son modificaciones a trámites: un mes más para la revisión de la cuenta pública; ratificación por parte del Senado de integrantes de los órganos reguladores; mecanismos para sustituir al Presidente de la República en caso de falta absoluta; y alternativas para la toma de protesta al presidente de la República, facultad que quizá se va a estrenar el próximo 1° de diciembre. Los otros cuatro cambios son reformas políticas: hay tres nuevas modificaciones para la ciudadanía, la facultad para iniciar proyectos de ley, las candidaturas independientes de los partidos y las consultas populares. La otra reforma es la iniciativa preferente para que el Presidente pueda tener dos iniciativas al inicio de cada periodo de sesiones. Quedan para mejores tiempos la reelección consecutiva, la segunda vuelta, la revocación de mandato, la democratización de los medios, la reducción del Congreso, la disminución del financiamiento público de los partidos, la transparencia de los partidos como sujetos obligados, el veto parcial del presidente.
Pero vayamos a las reformas que supuestamente le darán más poder al ciudadano. La iniciativa popular queda establecida, pero falta ver qué requisitos van a normar esta nueva facultad. No hay que hacerse ilusiones, si muchas veces las iniciativas importantes que presentan los partidos quedan archivadas, qué puede pasarle a las que presenten los ciudadanos. Sobre las candidaturas independientes se abre una enorme caja de sorpresas porque mientras sigamos con la obsoleta regulación sobre medios, no será extraño ver a candidatos apoyados por las televisoras sin pasar por los partidos. Sin dejar de lado que llegarán candidaturas auténticamente ciudadanas. Ya se verá en los detalles del financiamiento y de acceso a medios si estas candidaturas se vuelven competitivas y viables, como contrapeso a la concentrada estructura partidocrática. La otra reforma es la consulta popular que para el caso de la ciudadanía necesitará 2% de la lista nominal, es decir, un millón 600 mil ciudadanos y para que el resultado sea vinculatorio se necesitará que sea votada por un 40% de la lista, lo que equivale a 32 millones de votantes. Quedan fuera de una consulta popular lo electoral, los ingresos y gastos del Estado, la política de seguridad y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas.
Entre el déficit democrático y la modorra legislativa, entre necesidades y resultados, entre lo que se propuso, lo que falta y lo que se aprobó hay poco que celebrar de esta reforma, a pesar de que los políticos en Palacio Nacional estaban muy sonrientes…
@AzizNassif
Investigador del CIESAS
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