"No, no, no", dice el niño con pánico. Luego enmudece y se niega a responder cualquier pregunta.
"Siente miedo. Es lo que sentimos todos aquí", dijo a IPS su madre, Estela Jiménez, con nacionalidad estadunidense y residente en la ciudad de San Diego, en el suroccidental estado de California, desde hace 23 años y trabaja en una casa para inmigrantes deportados en la fronteriza ciudad mexicana de Mexicali.
Jiménez participó en la protesta ante la cárcel de Maricopa que el jueves 16 realizaron integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que lidera el poeta mexicano Javier Sicilia, junto con activistas de los derechos de las minorías de Estados Unidos.
Sicilia encabeza una caravana por Estados Unidos de víctimas de la violencia que ha producido en México la estrategia de seguridad militarizada durante el sexenio del conservador Felipe Calderón, con el fin de demandar al gobierno de Barack Obama el cese del contrabando de armas y un cambio en la política bélica contra las drogas.
El grupo comenzó su marcha el día 12 y llegará a Washington el 10 de septiembre, tras recorrer 9.400 kilómetros. Ya pasó por California, antes de adentrarse en el estado de Arizona, donde hay 460.000 inmigrantes sin documentos y existen draconianas leyes contra la inmigración ilegal.
Aquí, cualquier funcionario estadual puede revisar a quienes parezcan indocumentados y es ilegal buscar trabajo si no se cuenta con papeles legales, desde que en 2010 se aprobó la ley SB1070, parcialmente derogada por la Corte Suprema de Justicia en junio de este año.
El racismo de Arizona se exacerba en el condado de Maricopa, asiento de la ciudad de Phoenix, y se materializa en la figura del alguacil Joe Arpaio, implacable perseguidor de indocumentados e inventor de Tent City, una extensión de la cárcel del condado en la que los prisioneros viven en tiendas de campaña, a 50 grados a la sombra en el verano boreal.
En Tent City (Ciudad de las Carpas) los presos visten un uniforme a rayas blancas y negras, sacado de las viejas películas estadounidenses, y deben llevar ropa interior de color rosa. Trabajan en cuadrillas limpiando calles o pintando paredes, con grilletes en los pies y, a modo de broma, en lo alto de la torre de vigilancia, el alguacil mandó poner un anuncio: "Vacancy" (hay vacantes).
Aunque sea inverosímil, es un centro para delitos menores y está ocupada primordialmente por personas inmigrantes.
En Maricopa se vive un "nuevo apartheid", dicen los activistas, en referencia al sistema de segregación racial que prevaleció en Sudáfrica hasta 1994, y explican que a pesar de que 38 por ciento de los 3,5 millones de habitantes del condado son latinos, en especial mexicanos, el control político está totalmente en manos anglosajonas.
Arpaio, de 77 años y descendiente de italianos, busca este año su quinta reelección consecutiva, con la lucha contra la inmigración indocumentada como su bandera.
Jiménez, como Mercedes Moreno y Micaela Saucedo, de la Casa de Refugio Elvira, en la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana, se unieron el jueves 16 a la protesta de la caravana, enarbolando sus pasaportes abiertos.
"Venimos a mostrarle a Arpaio que somos tan ciudadanas estadounidenses como él", dijo Moreno a IPS, mientras mostraba la fotografía de su hijo José Leonidas, desaparecido desde 1991 en Ciudad Hidalgo, en el sureño estado mexicano de Chiapas, cuando comenzaba a cruzar México para llegar a Estados Unidos.
La protesta en la cárcel de Maricopa no estaba incluida en el programa original de la caravana y fue evidente la tensión de los organizadores, ante la posibilidad de que algún participante fuera detenido.
"Arpaio es capaz de hacerlo", confirmó a IPS el mexicano Carlos García, residenciado en el condado desde hace 26 años, responsable de la organización defensora de inmigrantes Puente Arizona y varias veces detenido por manifestarse contra las leyes migratorias.
Pero Arpaio no detuvo a nadie y, por el contrario, recibió al poeta Sicilia y a un grupo de activistas que se presentaron por sorpresa en sus oficinas del edificio del banco Wells Fargo.
Antes de la reunión, que duró una hora y tuvo varios momentos tensos, el alguacil se aseguró de que llegara la prensa local.
"No lo voy a hacer cambiar de opinión pero le pido un trato más humano para nuestros migrantes", le dijo el poeta. El sheriff se ingenió para no contestar.
En Estados Unidos hay 11 millones de personas sin residencia legal, 70 por ciento de ellas de origen latinoamericano. El gobierno de Obama deportó a un millón de personas sin documentos.
De acuerdo con los datos de la organización Ángeles de la Frontera, desde 1994 han muerto 10.000 personas intentando cruzar el desierto de Arizona desde México.
"Cada año mueren 1.000 tratando de cruzar la frontera. El flujo principal era en California, pero después de septiembre de 2011 cambió a Arizona, donde pasan las muertes más brutales", dijo a IPS el fundador de la organización, Enrique Morones.
El activista no participó en las protestas al paso de la caravana, porque su organización realiza un boicot al estado, por sus leyes migratorias.
El movimiento por la paz nació en México tras el asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta, el 28 de marzo de 2011. Esta caravana en Estados Unidos es la tercera marcha de largo recorrido que protagoniza, en lo que representa la búsqueda de justicia de la sociedad para las víctimas de la violencia.
El contraste entre los dos primeros estados que ha recorrido es enorme.
En California, donde Sicilia declaró que la política de guerra contra las drogas humilla la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, el grupo de víctimas fue escuchado en la sesión del cabildo municipal de la ciudad de Los Ángeles, y el concejal José Huízar, nacido en México, propuso una resolución en favor de la caravana.
"No es necesario ir a Afganistán o a Iraq para ver la magnitud de una tragedia humana; basta con ver más allá de nuestra frontera sur", dijo el político, antes de revelar que su familia también ha soportado violencia en el estado mexicano de Zacatecas.
La visita ocurrió un día después de que los legisladores de California aprobaron una resolución conjunta para pedir al gobierno federal mayor control del tráfico de armas ilegales.
En Arizona, en cambio, la caravana llegó el día en que la gobernadora Jan Brewer descartó aplicar en el estado la Acción Diferida, una medida anunciada en junio por Obama para posponer por dos años la deportación de jóvenes sin papeles que hubieran llegado a Estados Unidos siendo niños.
Con el lema de "soñadores", los jóvenes indocumentados están demandando tener derechos plenos. Pero en Arizona ni siquiera se permiten clases de estudios étnicos.
En contraste con las autoridades, la caravana sí fue recibida con emoción por integrantes de congregaciones cristianas, que denunciaron el endurecimiento del racismo y la segregación.
"No tengamos miedo, porque el miedo paraliza. Y lo que van a liquidar es el futuro de nuestros hijos", dijo Jonathan Peck, con su hijo pequeño en brazos.(FIN/2012)
"Siente miedo. Es lo que sentimos todos aquí", dijo a IPS su madre, Estela Jiménez, con nacionalidad estadunidense y residente en la ciudad de San Diego, en el suroccidental estado de California, desde hace 23 años y trabaja en una casa para inmigrantes deportados en la fronteriza ciudad mexicana de Mexicali.
Jiménez participó en la protesta ante la cárcel de Maricopa que el jueves 16 realizaron integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que lidera el poeta mexicano Javier Sicilia, junto con activistas de los derechos de las minorías de Estados Unidos.
Sicilia encabeza una caravana por Estados Unidos de víctimas de la violencia que ha producido en México la estrategia de seguridad militarizada durante el sexenio del conservador Felipe Calderón, con el fin de demandar al gobierno de Barack Obama el cese del contrabando de armas y un cambio en la política bélica contra las drogas.
El grupo comenzó su marcha el día 12 y llegará a Washington el 10 de septiembre, tras recorrer 9.400 kilómetros. Ya pasó por California, antes de adentrarse en el estado de Arizona, donde hay 460.000 inmigrantes sin documentos y existen draconianas leyes contra la inmigración ilegal.
Aquí, cualquier funcionario estadual puede revisar a quienes parezcan indocumentados y es ilegal buscar trabajo si no se cuenta con papeles legales, desde que en 2010 se aprobó la ley SB1070, parcialmente derogada por la Corte Suprema de Justicia en junio de este año.
El racismo de Arizona se exacerba en el condado de Maricopa, asiento de la ciudad de Phoenix, y se materializa en la figura del alguacil Joe Arpaio, implacable perseguidor de indocumentados e inventor de Tent City, una extensión de la cárcel del condado en la que los prisioneros viven en tiendas de campaña, a 50 grados a la sombra en el verano boreal.
En Tent City (Ciudad de las Carpas) los presos visten un uniforme a rayas blancas y negras, sacado de las viejas películas estadounidenses, y deben llevar ropa interior de color rosa. Trabajan en cuadrillas limpiando calles o pintando paredes, con grilletes en los pies y, a modo de broma, en lo alto de la torre de vigilancia, el alguacil mandó poner un anuncio: "Vacancy" (hay vacantes).
Aunque sea inverosímil, es un centro para delitos menores y está ocupada primordialmente por personas inmigrantes.
En Maricopa se vive un "nuevo apartheid", dicen los activistas, en referencia al sistema de segregación racial que prevaleció en Sudáfrica hasta 1994, y explican que a pesar de que 38 por ciento de los 3,5 millones de habitantes del condado son latinos, en especial mexicanos, el control político está totalmente en manos anglosajonas.
Arpaio, de 77 años y descendiente de italianos, busca este año su quinta reelección consecutiva, con la lucha contra la inmigración indocumentada como su bandera.
Jiménez, como Mercedes Moreno y Micaela Saucedo, de la Casa de Refugio Elvira, en la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana, se unieron el jueves 16 a la protesta de la caravana, enarbolando sus pasaportes abiertos.
"Venimos a mostrarle a Arpaio que somos tan ciudadanas estadounidenses como él", dijo Moreno a IPS, mientras mostraba la fotografía de su hijo José Leonidas, desaparecido desde 1991 en Ciudad Hidalgo, en el sureño estado mexicano de Chiapas, cuando comenzaba a cruzar México para llegar a Estados Unidos.
La protesta en la cárcel de Maricopa no estaba incluida en el programa original de la caravana y fue evidente la tensión de los organizadores, ante la posibilidad de que algún participante fuera detenido.
"Arpaio es capaz de hacerlo", confirmó a IPS el mexicano Carlos García, residenciado en el condado desde hace 26 años, responsable de la organización defensora de inmigrantes Puente Arizona y varias veces detenido por manifestarse contra las leyes migratorias.
Pero Arpaio no detuvo a nadie y, por el contrario, recibió al poeta Sicilia y a un grupo de activistas que se presentaron por sorpresa en sus oficinas del edificio del banco Wells Fargo.
Antes de la reunión, que duró una hora y tuvo varios momentos tensos, el alguacil se aseguró de que llegara la prensa local.
"No lo voy a hacer cambiar de opinión pero le pido un trato más humano para nuestros migrantes", le dijo el poeta. El sheriff se ingenió para no contestar.
En Estados Unidos hay 11 millones de personas sin residencia legal, 70 por ciento de ellas de origen latinoamericano. El gobierno de Obama deportó a un millón de personas sin documentos.
De acuerdo con los datos de la organización Ángeles de la Frontera, desde 1994 han muerto 10.000 personas intentando cruzar el desierto de Arizona desde México.
"Cada año mueren 1.000 tratando de cruzar la frontera. El flujo principal era en California, pero después de septiembre de 2011 cambió a Arizona, donde pasan las muertes más brutales", dijo a IPS el fundador de la organización, Enrique Morones.
El activista no participó en las protestas al paso de la caravana, porque su organización realiza un boicot al estado, por sus leyes migratorias.
El movimiento por la paz nació en México tras el asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta, el 28 de marzo de 2011. Esta caravana en Estados Unidos es la tercera marcha de largo recorrido que protagoniza, en lo que representa la búsqueda de justicia de la sociedad para las víctimas de la violencia.
El contraste entre los dos primeros estados que ha recorrido es enorme.
En California, donde Sicilia declaró que la política de guerra contra las drogas humilla la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, el grupo de víctimas fue escuchado en la sesión del cabildo municipal de la ciudad de Los Ángeles, y el concejal José Huízar, nacido en México, propuso una resolución en favor de la caravana.
"No es necesario ir a Afganistán o a Iraq para ver la magnitud de una tragedia humana; basta con ver más allá de nuestra frontera sur", dijo el político, antes de revelar que su familia también ha soportado violencia en el estado mexicano de Zacatecas.
La visita ocurrió un día después de que los legisladores de California aprobaron una resolución conjunta para pedir al gobierno federal mayor control del tráfico de armas ilegales.
En Arizona, en cambio, la caravana llegó el día en que la gobernadora Jan Brewer descartó aplicar en el estado la Acción Diferida, una medida anunciada en junio por Obama para posponer por dos años la deportación de jóvenes sin papeles que hubieran llegado a Estados Unidos siendo niños.
Con el lema de "soñadores", los jóvenes indocumentados están demandando tener derechos plenos. Pero en Arizona ni siquiera se permiten clases de estudios étnicos.
En contraste con las autoridades, la caravana sí fue recibida con emoción por integrantes de congregaciones cristianas, que denunciaron el endurecimiento del racismo y la segregación.
"No tengamos miedo, porque el miedo paraliza. Y lo que van a liquidar es el futuro de nuestros hijos", dijo Jonathan Peck, con su hijo pequeño en brazos.(FIN/2012)
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