Ayer, en conferencia de prensa, el presidente de MVS, Joaquín Vargas, explicó los entretelones del
rescate–es decir, la negativa a refrendar la concesión– de la banda de 2.5 Ghz realizado por el gobierno federal en perjuicio de la referida empresa de telecomunicaciones. La narración de Vargas tiene visos de credibilidad, habida cuenta de la abierta parcialidad con que la presente administración ha manejado las concesiones para favorecer principalmente a Televisa, con lo cual no sólo ha fortalecido las tendencias monopólicas en la economía, sino ha causado un severo estancamiento en el desarrollo de las telecomunicaciones en el país.
Las revelaciones del empresario se refieren también a que las autoridades federales utilizaron sus atribuciones en materia de telecomunicaciones para chantajear a MVS y forzarla a que tomara una posición determinada en el diferendo que se suscitó entre ese corporativo y la comunicadora Carmen Aristegui, quien había formulado al aire cuestionamientos sobre el presunto alcoholismo de Felipe Calderón. Vargas relató que fue amenazado por Javier Lozano Alarcón, ex secretario del Trabajo, en estos términos:
Hemos encontrado que tu proyecto de la (banda de) 2.5 Ghz tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista (Carmen Aristegui), a tu proyecto se lo lleva la chingada.
Se
exhibiría, de ser cierta esta versión, una confluencia perversa de
intereses políticos autoritarios e inconfesables con un conjunto de
complicidades entre el poder público y las corporaciones empresariales
que dominan el mercado de las telecomunicaciones.
Por lo demás, la narración de Vargas obliga a recordar el testimonio
del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, acusado a principios de
este sexenio de poseer sustancias precursoras para fabricar narcóticos
y de cientos de millones de dólares en efectivo. Antes de escapar a
Estados Unidos, el imputado dijo que Lozano Alarcón lo había obligado a
guardar el dinero, que supuestamente correspondía a la campaña
presidencial de Felipe Calderón, y que lo había extorsionado con la
expresión
cooperas o cuello. El asunto evoca también, de manera inevitable, el caso del empresario que dijo haber entregado un vehículo de doble tracción al ex presidente Vicente Fox a cambio del buen destino de un trámite, transacción que habría sido exigida por la consorte del entonces mandatario. Ni en su momento ni hasta ahora se ha desmentido tal señalamiento.
Desde otro punto de vista, las revelaciones de Vargas llevan a
preguntarse por los entretelones de la liquidación de Luz y Fuerza del
Centro (LFC), en la que también participó de manera central el ahora
senador electo por Puebla, así como la interminable agonía legal en que
el gobierno ha mantenido a la Compañía Mexicana de Aviación, proceso en
el cual también ha participado Lozano Alarcón.
En la recta final de esta administración, en suma, empieza a verse
un andamiaje de arbitrariedad, discrecionalidad y posible ilegalidad
que podría explicar decisiones en materia de telecomunicaciones que
hasta ahora habrían podido parecer simplemente absurdas e
incongruentes. Tal vez no lo sean tanto. El gobierno federal está en la
obligación de ofrecer una explicación puntual y exhaustiva a este
respecto.
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