Hermosillo, 16 ago 12 (CIMAC).- Las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) salpicaron a todo el mundo.
No sólo el Estado mexicano fue exhibido por su incapacidad para brindar seguridad y garantizar la vida sin violencia para las mujeres, sino que esto se hizo extensivo a las entidades de la República.
Los informes periódicos 7 y 8 no dejaron satisfecho al Comité de Expertas de la CEDAW. El pasado mes de julio nos trajo un documento que lejos de contener felicitaciones por el cumplimiento de las recomendaciones de 2006, reclamó no sólo la falta de atención a éstas, sino el exacerbado crecimiento de la violencia contra las mujeres en todos sus tipos y modalidades.
Las expertas se fueron directo al corazón del problema: la guerra contra el crimen organizado no ha servido más que para aumentar la impunidad, y hacer más lejano el acceso a la justicia para las mujeres.
Este periodo de guerra civil disfrazada de acciones por la seguridad ha arrojado a las mujeres a terreno minado, convirtiéndolas en las más vulnerables y, como siempre ocurre en las batallas, en botín de guerra.
El documento de 2012 con respecto al de 2006 es exactamente inverso a lo esperado. México no cumplió ninguna de las recomendaciones, exhortos, ni urgencias del comité.
Por el contrario, en algunos temas retrocedió al aprobar leyes que atentan contra los derechos de las mujeres, tales como las reformas constitucionales que iniciaron en Sonora en octubre de 2008, que otorgan la supremacía del feto en desarrollo por sobre la ciudadanía de la mujer embarazada.
En el caso de la tipificación del delito de feminicidio en 16 entidades federativas, los crímenes en su mayoría quedaron como inacreditables, con aberraciones jurídicas como en el estado de Durango, donde ni siquiera define al feminicidio como la privación de la vida de una mujer.
Sonora no se salvó porque el Comité de la CEDAW se refirió a las políticas públicas federales, pero también a las estatales y locales.
Es la primera vez que las recomendaciones bañan a todo el país, mencionando particularidades. A unos por teñir de rojo la geografía del sureste y noreste, por donde las mujeres sufren mientras migran voluntaria o involuntariamente hacia el norte en la ruta de las y los migrantes.
Esclavizadas por la necesidad de buscar un mejor trabajo o por el crimen organizado, las mujeres deben sortear toda clase de vejaciones para llegar a su destino, si es que no son secuestradas y pierden la vida en el trayecto.
La homologación del feminicidio en todo el país fue una de las más notorias exigencias en las recomendaciones del 27 de julio pasado. Las entidades que creen que ya cumplieron con incluirlo en su Código Penal tendrán que revisar sus descripciones para atender a esta recomendación.
Estados como Sonora, que cumplirá un año con una iniciativa de tipo penal limitada e imposible de acreditar en la práctica, y a la que las mujeres organizadas hicieron una propuesta de enmienda, deben tipificar ya. Pero también deben hacerlo en los términos que la CEDAW recomienda.
Esta entidad también está en el paquete de 17 estados a los que el Comité de la CEDAW urge a que rectifiquen su legislación para dejar de discriminar a las mujeres que desean interrumpir su embarazo, y que se los impide la reforma que dio derechos de persona al embrión.
Aunado a esto, Sonora nunca aplica la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, que especifica los criterios para atender la violencia intrafamiliar y sexual, incluida la posibilidad de practicarse un aborto en caso de embarazo por violación.
Sonora, al igual que otras entidades, se ríe de las disposiciones jurídicas que protegen y garantizan una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres.
Esto queda claro también cuando evade la legislación federal y local y no cumple con las cuotas de género en el ámbito de la participación política. La prueba es la Legislatura local electa recientemente.
Dos mujeres serán diputadas por mayoría y cuatro por representación proporcional. Esto mantiene la escasa presencia de seis mujeres de un total de 33 curules, lo que refleja el incumplimiento de las cuotas de género 40-60, a nivel federal, y 50-50, en el ámbito local.
La escasa política de educación sexual y dotación de anticonceptivos tiene a Sonora con un alto índice de embarazos en adolescentes, el cual se ha incrementado en 35 por ciento en 10 años.
Sonora no debe sentirse a salvo de las recomendaciones ya que fue mencionado sin ser nombrado. De 20 recomendaciones en 2006, el número creció a 52 en 2012.
Todos los temas están pendientes, y otros nuevos han hecho de México y de sus estados un lugar peligroso para las mujeres. Sin mecanismos prácticos para implementar la Alerta de Violencia de Género, y sin protocolos de investigación sobre violencia y feminicidio, las mexicanas están en la indefensión.
Por eso las expertas refrendan su exigencia, su urgencia al Estado mexicano, pues su ineficacia aumentó junto con los casos documentados de impunidad y ausencia de investigaciones adecuadas.
Las expertas escucharon a las organizaciones civiles y creyeron en sus 18 informes “sombra” o alternos. Por eso ni México ni Sonora pueden hacer oídos sordos.
Treinta y un mujeres han sido asesinadas en Sonora en lo que va de 2012, muchas otras lastimadas física y emocionalmente. Las estadísticas de violencia previa al feminicidio saltan a la vista en la Endireh 2011.
Por ello, y porque la CEDAW los está observando, los gobiernos ya no pueden hacerse tontos, pues aunque finjan que no se dan cuenta, México quedó exhibido ante el mundo como un país misógino y corrupto.
*Periodista independiente, editora del blog www.mujersonora.com, corresponsal de CIMAC en Sonora.
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