Ya
deslizándose abiertamente hacia el humor negro, Felipe Calderón ha
hecho saber en uno de los vértices de la norteña violencia extrema,
Durango, que difícilmente la siguiente administración federal habrá de
tratar a esa entidad federativa
tan biencomo él presume que lo ha hecho a partir de índices de inversión pública de por sí discutibles.
El responsable histórico del sangriento y sombrío sexenio por
terminar pretende mostrar buena cara al mal tiempo. Derrotado en su
afán de hacerse del control panista antes de dejar Los Pinos, y
catastrófico en la inmensa mayoría de los rubros del gobierno que
ejerció desde la ilegitimidad, Calderón desea mostrarse de muy buen
humor, con talante de triunfador, todo un político satisfecho de haber
cumplido con creces el encargo recibido.
El tragicómico optimismo impostado del fúnebre personaje que aún
habita en Los Pinos contrasta con el cinismo confeso de Vicente Fox,
que al final de su gestión elogiaba la sublimación de la tontera al
decir que él ya podía declarar ante los medios en los términos que le
diera la gana, al cabo que ya iba de salida. Pero, en el caso de
Calderón, no deja de ser un abuso cruel, una pesadísima broma de mal
gusto histórico, pretender que trató bien a los mexicanos y que en el
futuro ese récord de benevolencia no podrá ser superado.
Joaquín y Ernesto Vargas, por ejemplo, tienen fundadas razones para
declararse muy maltratados y esperar reivindicaciones en un nuevo
contexto de poder. El hecho incontrovertible es que la administración
calderonista les impidió desarrollar un negocio lícito y legítimo,
consistente en la prestación del servicio de banda ancha, a partir de
la aplicación de facultades discrecionales que obstruyeron
sistemáticamente el arranque de esa empresa en la que concurrían
inversionistas extranjeros. También es incontrovertible que ese mismo
gobierno federal decidió
adelantarel
rescate(una especie de expropiación) de las concesiones de las frecuencias sobre las que se montaría ese negocio.
Las primeras impresiones negativas que generó ese arranque
autoritario del calderonismo de fin de sexenio fueron precisadas y
confirmadas ayer por dos miembros de la familia Vargas –Joaquín y
Ernesto–, quienes ofrecieron una amplia conferencia de prensa para dar
su versión del conflicto. Apoyado solamente en la validez de su
palabra, sin prueba alguna mostrada en el acto, Joaquín Vargas hizo
saber que la actual administración federal amenazó a MVS, la firma de
televisión por cable y radiofonía que tiene como programa estelar el
noticiero matutino conducido por Carmen Aristegui, con no aprobar el
negocio de la banda ancha móvil si no había una disculpa pública de la
periodista luego de haber abordado al aire los señalamientos hechos en
un amplio contexto político (en la propia Cámara de Diputados, para dar
un ejemplo) de que el ocupante de Los Pinos fuese alcohólico. No
solamente eso: también dijo Vargas que el gobierno federal les
chantajeó para que no se criticara la fusión de Televisa y Iusacell.
Las palabras de Vargas fueron refutadas y replanteadas por las de
Javier Lozano, el ahora senador electo que fue beligerante secretario
del Trabajo y que, en tal condición, asegura haber sostenido diálogos
con el presidente de MVS en los que éste decía usar a la periodista
Aristegui como ariete profesional contra Televisa y, por otra parte,
como moneda de cambio en busca de la autorización del negocio de la
banda ancha.
Dado
que ninguna de las partes presentó medios de prueba de sus dichos, el
asunto ha comenzado a moverse en el delicado ámbito subjetivo de la
credibilidad, tanto la personal como la institucional. Vargas no es un
hombre de conflictos y, en general, ha hecho fluir los intereses de su
empresa mediante el entendimiento pleno con los poderes en turno, tanto
priístas como panistas. Una primera reacción ante la ira en Los Pinos
contra Aristegui por las acusaciones de alcoholismo llevó al directivo
de MVS a acusar a la periodista de violar el código de ética de la
empresa y a tratar de calmar los supremos enojos felipistas arrojando a
Carmen a la piedra de los sacrificios. Luego enmendó el camino y, en
una decisión evidentemente muy difícil, restituyó a la prestigiada
comunicadora en su espacio de trabajo.
Lozano ha sido drástico ejecutante de órdenes y deseos de Calderón;
orgullosamente se creó una fama muy negativa entre segmentos sindicales
(el Mexicano de Electricistas, el de trabajadores mineros y los
relacionados con Mexicana de Aviación, entre otros) y ha llevado como
estigma las acusaciones que en su momento hizo un mexicano de origen
chino, partícipe de historias no confirmadas que mezclaban temas
electorales calderonistas con lavado de dinero y financiamiento de
campañas en 2006, y que en su momento aseguró haber sido amenazado con
una frase que ya forma parte del catálogo central de la picaresca
política mexicana:
coopelas o cuello.
Más que cooperadores, los integrantes de La Izquierda que sí Ganó se
reunieron ayer en Acapulco para pavimentar la declaratoria de
presidente electo a favor de Peña Nieto, que el tribunal tiene lista
para soltar en el momento más propicio. Con la denotativa ausencia de
Andrés Manuel López Obrador y con el neoizquierdista Ángel Aguirre como
anfitrión y Marcelo Ebrard como apresurado aspirante a nuevo jefe
máximo, se reunieron los gobernadores electos y en funciones, ediles,
diputados federales y senadores electos, así como dirigentes del PRD,
el PT y el Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) para formar un
frente de izquierda que les ayude a transitar negociadamente el
extraoficialmente asumido sexenio peñanietista. De Acapulco a
Atlacomulco, tal es la ruta del festivo encuentro
cumbrede las izquierdas sin López Obrador ni Morena. Y, mientras ha sido asesinado Antonio Haces, quien era secretario de finanzas del Partido Revolucionario Institucional de Puebla y, al mismo tiempo, director regional de banca Ixe, perteneciente a Banorte, ¡hasta mañana!
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Facebook: Julio Astillero
Desde los tiempos del presidente priísta Luis Echeverría, que arrebató el diario Excélsior
al grupo de periodistas que lo editaba, irritado por la crítica que iba
más allá de lo permitido en aquella época, no ocurría en México que el
enojo, el berrinche y la soberbia de un presidente lo condujera a
asestar un manotazo duro a un grupo de medios de información importante
como MVS. Cuatro décadas después, un presidente panista, Felipe
Calderón, repite la historia. Exigía una disculpa pública de Carmen
Aristegui –primero a través de Alejandra Sota, la vocera, y luego, con
modos rudos, del entonces secretario de Trabajo, Javier Lozano–, porque
al finalizar uno de sus programas reprodujo un debate que tuvo lugar en
la Cámara de Diputados a propósito de su supuesto alcoholismo. Y
comentó que convendría que la inclinación a la bebida de Calderón fuera
aclarada por tratarse de un asunto que salía de la esfera puramente
personal y tenía relevancia para el interés público. No hubo la exigida
disculpa pública, tampoco privada, y montó en cólera. Esta narración
–aquí resumida– se conocía de tiempo atrás pero ayer fue confirmada por
el presidente de MVS, Joaquín Vargas, en una extensa conferencia de
prensa, en que desmenuzó la trama laberíntica armada desde la
Presidencia de la República para tomar desquite. La venganza consistió
en expropiar las concesiones de la banda 2.5 de MVS, la base de su
proyecto para ofrecer servicios de Internet de última generación a los
consumidores. Una vez que estén en su poder, la idea calderonista sería
echar a andar un mecanismo para que Televisa se las apropie. Joaquín
Vargas anunció que impugnarán mediante los recursos jurídicos que
aconsejen sus abogados, e inclusive, podrían recurrir a instancias
internacionales.
En el limbo
Uno de los argumentos para justificar la expropiación es
que la banda está subutilizada. Paradójicamente, Calderón ha hecho lo
necesario para que permanezca en el limbo de las controversias
judiciales y administrativas cuando menos el próximo lustro, ya que el
caso tendrá que ser litigado en diversas instancias, a velocidad de
juzgado, ya saben ustedes qué significa eso.
Walmargate II
Perdieron valor las acciones –7 por ciento– de Wal-Mart
en la Bolsa de Valores de México como resultado de la denuncia de dos
legisladores de Estados Unidos, de que ha incurrido en lavado de dinero
y evasión fiscal. Las autoridades mexicanas a quienes corresponde
investigar el caso –PGR, Hacienda, Comisión Nacional Bancaria– siguen
en el silencio.
Presumida como muestra inequívoca de
la solidez de nuestra economía y la confianza en el gobierno mexicano(según él mismo), la inversión extranjera directa reporta un comportamiento no concordante con la versión oficial: en el primer trimestre del año tal flujo reportó una caída de 8.7 por ciento respecto a igual periodo de 2011, y 33 por ciento inferior a la reconocida en el arranque sexenal. Peor aún, más de la mitad de tal inversión no fue inyección de dinero fresco, sino producto de la reinversión de utilidades generadas en México.
La inversión extranjera directa es cacareada por las voces oficiales y oficiosas como una
palanca de desarrollo, pero la experiencia indica que hasta ahora el capital foráneo, en muchísimos casos, llega al país con la simple intención de adquirir lo existente, con mercados cautivos, y no para crear nuevos polos de desarrollo ni mucho menos
para arriesgar por México, como dicen por allí. Ejemplos sobran, pero entre lo más reciente destaca el caso de la cerveza otrora mexicana (Femsa y Modelo): sus dueños originales del duopolio se fueron hinchados de ganancias, libres de impuestos, mientras holandeses y belgas se quedaron con las empresas y los consumidores; en tanto, alrededor de 4 mil trabajadores de la fabricante de Corona están a punto de engrosar las filas del desempleo.
De acuerdo con las cifras oficiales, reseñadas por la Cámara de
Diputados, el monto de inversión extranjera directa realizada y
notificada en el primer trimestre de 2012 ascendió a 4 mil 372.4
millones de dólares, una baja de 8.7 por ciento respecto a igual
periodo de 2011. El grueso de la IED se integró por reinversión de
utilidades (51 por ciento del total), las cuales ascendieron a 2 mil
230 millones de billetes verdes y resultaron menores en 30.3 por ciento
al monto que registraron entre enero y marzo de 2011. Por su parte, las
nuevas inversiones (dinero fresco) sólo conformaron 27.6 por ciento del
total (mil 207.5 millones), con un descenso de 11 por ciento, en tanto
que las cuentas entre compañías sumaron 934.9 millones.
Así, apunta la Cámara de Diputados, la IED del primer trimestre
vuelve a retroceder luego de dos años consecutivos en que nuestra economía avanzaba para recuperar su atractivo para los inversionistas internacionales. De hecho, comparando la inversión captada en el primer trimestre de 2012 con el máximo monto alcanzado en el periodo enero-marzo de 2007
el resultado es alarmante, pues la inversión directa cayó 33.3 por ciento. Lo anterior pone de manifiesto la premura para México de promover la inversión nacional e impulsar una política industrial que otorgue un mayor apoyo a la ciencia, la innovación y la tecnología, con la finalidad de avanzar en productividad y competitividad, y lograr un mayor crecimiento económico, así como una creación de empleos más dinámica.
La llegada de capital foráneo tampoco ayuda a un crecimiento
generalizado. La IED notificada en el Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras entre enero y marzo de 2012 se realizó principalmente en la
industria manufacturera (36.8 por ciento del total), cuyo monto
ascendió a mil 609.4 millones de dólares, presentando una caída de 38.3
por ciento respecto de la inversión que captó en el mismo periodo de
2011. Le siguieron en importancia los servicios financieros, que
recibieron 968.4 millones, dato que contrastó con el retiro de 103.8
millones registrado en el primer trimestre del año pasado. Por su
parte, la IED que llegó al resto de los servicios representó 16.8 por
ciento del total, mientras la destinada al comercio reportó una
contracción de 35.4 por ciento.
El
grueso de la IED que se realizó en el citado periodo se registró en el
Distrito Federal (70.2 por ciento), aunque hay que considerar que en la
medida que la información geográfica se refiere a la entidad federativa
donde se ubica el domicilio del representante legal o de la oficina
administrativa de cada empresa, y no necesariamente a la entidad
federativa donde se realizan las inversiones, los datos no reflejan
precisamente el estado que puede verse favorecido por los efectos
positivos que genera la IED en la economía doméstica.
De la IED realizada y notificada en enero-marzo de 2012, el 37.3 por
ciento procedió de Estados Unidos, cuyo monto ascendió a mil 630.8
millones, conformándose en 54.5 por ciento por reinversión de
utilidades, en tanto que las cuentas entre compañías integraron 25.9
por ciento y las nuevas inversiones 19.6 por ciento. La segunda
posición le correspondió a España, con mil 256 millones (casi la
totalidad fue por reinversión de utilidades y fundamentalmente se
destinaron al sector financiero). Y la tercera para Luxemburgo, un
paraíso fiscal y no una potencia económica.
El futuro inmediato de la IED en México, apunta la Cámara de
Diputados, está condicionado por las situaciones adversas que enfrentan
nuestros principales socios inversionistas. Por un lado, Estados
Unidos, que históricamente ha sido nuestro principal inversionista,
enfrenta una desaceleración económica por la persistencia de los
problemas estructurales y el proceso de consolidación fiscal. Por otra
parte, en Europa se ha profundizado la crisis de deuda soberana, y en
la zona del euro continúa la retroalimentación negativa entre el
deterioro de la actividad económica, la vulnerabilidad de los bancos y
la dificultad de acceso de algunos gobiernos a los mercados de deuda.
Por ello,
el panorama para la IED no es halagüeño, debido a que existen riesgos que presionan a la baja la perspectiva de crecimiento global, lo que a su vez genera dudas sobre la capacidad de nuestro país para resistir los embates del exterior y mantener su ritmo de expansión.
Las rebanadas del pastel
El inquilino de Los Pinos y sus sicarios cumplen a sus
patrones. Allí está la denuncia del empresario Joaquín Vargas, cabeza
de MVS: (el entonces secretario del Trabajo) “Javier Lozano (me dijo,
como enviado de Calderón) textualmente que ‘hemos encontrado que tu
proyecto de la (banda) 2.5 GHz tiene méritos propios, pero si
recontratas a la periodista (Carmen Aristegui), a tu proyecto se lo
lleva la chingada y te olvidas de este gobierno hasta su último día’”.
Y le retiraron la concesión. Díaz Ordaz no lo hubiera hecho mejor y,
tratándose de poblanos, como en toda historia sucia del calderonato no
podía faltar el sicario Javier Lozano, hoy senador electo. El grave
error de Vargas –como en alguna ocasión se le comentó– fue confiar en
gente como la que hoy denuncia y acusa de
traidora. Mientras, Televisa se regodea y se frota las manos, una vez más.
Ayer, en conferencia de prensa, el presidente de MVS, Joaquín Vargas, explicó los entretelones del
rescate–es decir, la negativa a refrendar la concesión– de la banda de 2.5 Ghz realizado por el gobierno federal en perjuicio de la referida empresa de telecomunicaciones. La narración de Vargas tiene visos de credibilidad, habida cuenta de la abierta parcialidad con que la presente administración ha manejado las concesiones para favorecer principalmente a Televisa, con lo cual no sólo ha fortalecido las tendencias monopólicas en la economía, sino ha causado un severo estancamiento en el desarrollo de las telecomunicaciones en el país.
Joven demanda oportunidades para cursar educación superior
El motivo de esta carta es
manifestar mi desacuerdo con el examen de selección para acceder a la
educación superior. Año con año he sufrido el rechazo de la UNAM, UAM y
el IPN. Es frustrante y muy triste saber que nuestro anhelo de
superación se trunca con este sistema neoliberal. No puedo buscar
opciones de escuelas particulares, pues que no cuento con los recursos
para pagar las altas colegiaturas. Esta terrible realidad nos orilla a
perder el interés por estudiar, a buscar trabajos de más de ocho horas,
con sueldos bajísimos, los que tenemos la suerte de encontrarlos.
Si
no hubiera sido por las firmes denuncias sistemáticas que el Sindicato
Nacional de Mineros ha venido formulando desde el 19 de febrero de
2006, fecha del
homicidio industrialde Pasta de Conchos, éste sería el momento de que el gobierno conservador de Calderón y las empresas que le han dictado la línea en política laboral no hubieran hecho ningún caso a la demanda de instalar condiciones de seguridad industrial y protección a la salud de los trabajadores. Pero, a pesar de sus repetidos mensajes y propaganda de que ya están atendiendo ese delicado tema, es la fecha en que el gobierno y las compañías carentes de ética social no han hecho nada para resolver el grave problema de inseguridad al que se enfrentan los asalariados mineros en virtualmente todos los centros de trabajo del país.
No
deja de ser una paradoja que, cuando todos los gobiernos defienden el
reino de los mercados y de la libre empresa, en Australia se ordene la
eliminación de las marcas (con sus logotipos) de los cigarrillos.
¿Dónde quedan los derechos de propiedad intelectual? Éstos significan,
por si alguien no lo sabe o no lo recuerda, las invenciones, las obras
literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los
dibujos y modelos utilizados en el comercio. En lugar de los logos de
las empresas tabacaleras se pondrán en las cajetillas de cigarros
pictogramas de los supuestos daños que produce el tabaco, entre más
feos mejor.
No
es la primera vez que la amplia movilización de votantes por el PRI
causa enojo, irritación y, sobre todo, incredulidad. Ya en 1994 la
crema y nata de la intelectualidad cayó en esa trampa que la llevó a
expresar, como ahora, opiniones despectivas hacia el electorado
priísta, al que no bajaron de manipulado, borrego y miedoso,
sin darse cuenta de que al expresarse de esa manera decían más de sí
mismos que de los priístas. Ante la mayoría de votos que recibió el
partido de Peña Nieto el pasado primero de julio, una de las reacciones
de Andrés Manuel López Obrador ha sido llamarlos corruptos, y Ricardo
Monreal, entre otros, pone en duda su existencia, cuando no los trata
como si su cabeza vacía hubiera sido llenada sin ningún freno por la
televisión y las empresas encuestadoras. Para los lopezobradoristas,
quienes sufragaron por el PRI no pueden ser votantes racionales,
electores leales a la opción que representa ese partido, o simplemente
no están en su sano juicio; en cambio consideran de manera más o menos
explícita que sólo los votantes de izquierda sabían lo que estaban
haciendo. Por ejemplo, en la UNAM el Grupo Democracia Revolucionaria
(GDR), que forma parte de #YoSoy132, después de negar tener relaciones
con algún partido político, respondió a otro grupo estudiantil que le
reprocha su preferencia por los partidos de izquierda: “Defendimos el
acuerdo de ejercer el voto informado y crítico… y que eso significaba
votar por (Andrés Manuel López Obrador…” (La Jornada, 15/8/12).
Nada más les falta proponer que le retiren la credencial del IFE a los
votantes priístas, o que se declare ilegal al PRI, como se hizo en
Argentina con el partido peronista en los años 50. Ambas medidas
dejarían en claro el talante autoritario de quienes no aceptan la
diferencia política. De aplicar cualquiera de ellas, o ambas, verían
bien a bien lo que es el priísmo nacional.
En
la entrega más reciente de este artículo bisemanal hice notar un hecho
que ha continuado manifestándose y que se mantiene en el centro de la
atención y de las preocupaciones en la coyuntura poselectoral. Aludía a
que no ha dejado de crecer –en número e importancia– la acumulación de
indicios y evidencias sobre la naturaleza, extensión y alcance de las
múltiples irregularidades que viciaron el proceso político-electoral
que desembocó en la elección presidencial del primero de julio. Como
ocurrió a lo largo de ese mes, en la primera mitad de agosto, en forma
casi cotidiana, aparecieron nuevos informes de ilícitos electorales y
se detallaron mejor las muy extendidas e inquietantes redes de
complicidades que los envuelven. Se ha tornado prácticamente
irrebatible, con los elementos prexistentes y los surgidos en las dos
últimas semanas, la realidad abrumadora de un proceso regido y
controlado por montos ingentes de recursos financieros, más allá y por
encima de los originados en el financiamiento público de partidos y
campañas. Se ha fortalecido, en consecuencia, el reclamo ciudadano
porque se aclare –con suficiencia y oportunidad, es decir, antes de la
calificación de los comicios– el origen y destino de esos recursos, así
como diversos otros actos presumiblemente ilícitos, o al menos
irregulares, ocurridos antes y durante los 90 días de la campaña por la
Presidencia, determinantes del resultado electoral. En estas
condiciones, la declaratoria de invalidez de esa elección aparece ahora
como un imperativo ineludible.
Alejandro Encinas, senador electo, escribió hace unos días que
en este país del absurdo, ahora resulta que actuar bajo los términos que establece la ley y hacer valer los derechos que la misma confiere, es considerado un acto subversivo que desestabiliza al país, repitiendo la queja que desde el fin de los comicios reiteran los principales voceros del Movimiento Progresista. Hace seis años, luego de comprobarse la indebida intervención del presidente Fox en las elecciones presidenciales y no obstante la pruebas en manos del tribunal, López Obrador fue estigmatizado por apelar a la calle, movilizar la protesta ciudadana y
descalificarla parcialidad de las sacrosantas instituciones. Fox no pudo esconder la mano pero no recibió sanción alguna; tampoco su candidato, beneficiario de dichas prácticas ilícitas. Los
castigospor los casos Amigos de Fox y Pemexgate fueron inéditos, muy importantes, pero tardíos. Supimos entonces que hay ciertas conductas reprobables, visibles, inocultables que, sin embargo, en nuestro sistema pasan sin graves consecuencias o quedan impunes o están deliberadamente indefinidas en las leyes para ser burladas o no existe la menor voluntad de aplicarlas. Son una suerte de tabúes implícitos arraigados en la mentalidad proveniente de los reflejos del presidencialismo vertical y autoritario, el mismo que hoy se deslava en el ideario del democratismo ramplón que ostenta como timbre de orgullo una generación de
expertosfuncionales a los nuevos arreglos del poder. Son los que Encinas llama
los templarios de la legalidad.
La
relección del presidente venezolano Hugo Chávez en los comicios del 7
de octubre es confirmada por todas las encuestas con una ventaja de
entre 17 y 27 puntos. Estudios realizados por el estadunidense Peter
Greemberg, asesor del candidato del imperialismo y la contrarrevolución
Henrique Capriles Radonsky, le otorgan al líder venezolano entre 13 y
18 puntos de ventaja, imposibles de remontar.
Un artículo de A. Bartra en el que se plantea una pregunta central,
¿Y luego qué?(La Jornada 4/8/12) ha iniciado una discusión que han continuado dirigentes perredistas, dirigentes de Morena y diversas personalidades de las izquierdas en la que, por fin, desde diversas perspectivas y en diversos foros, se plantea abiertamente las acciones posibles para el corto, mediano y largo plazos que deberán llevar a cabo las izquierdas mexicanas para resistir y avanzar en la construcción de una democracia no sólo electoral, sino directa y participativa.
Drama
Fest, el Festival Internacional de Dramaturgia Contemporánea que
produce y dirige la inquieta actriz y promotora Aurora Cano, alterna,
como es sabido, una obra mexicana dirigida por un extranjero y una obra
de un dramaturgo del mismo país invitado, dirigida por un mexicano,
además de lecturas dramatizadas de autores de ambas nacionalidades y
talleres que imparte, casi siempre, un creador del país extranjero.
Este año, gracias al estímulo fiscal del artículo 226 bis, se ha podido
expandir hasta Guerrero y traer una compañía –Teatteri Telakka– de
Finlandia, el país invitado, al Teatro Helénico en breve temporada. La
obra finlandesa elegida para 2012 es Horror móvil de Juha
Jokela, una muy exitosa comedia –traducida por Maritza Núñez y Suvi
Olilla– cuya gracia se acentúa por la lúdica dirección de Mario
Espinosa.
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