Agência Pública
Adital
Ismael Machado*
A partir de hoy, Adital reproducirá
todos los viernes, notas especiales de Agencia Pública sobre las historias de
diez mujeres cuyas vidas están amenazadas por luchar por sus derechos y por la
preservación de la floresta amazónica.
En los diversos carteles de señalización
vial a lo largo de las carreteras que vinculan los municipios del sudeste y del
sur de Pará, raros son los que no ostenten marcas de balas. Tirar a esas
señalizaciones puede ser el inusitado pasatiempo de quienes trajinan por
aquellas carreteras, sin mayores consecuencias. Pero las marcas también señalizan
mucho acerca del espíritu que siempre marcó la colonización de aquella parte
del estado, eje de los conflictos agrarios, asesinatos de líderes rurales y
número uno en índices de deforestación y trabajo esclavo.
Según la Comisión Pastoral de la
Tierra (CPT), ocurrieron en el estado de Pará, entre 1964 y 2010, 914
asesinatos de trabajadores rurales, religiosos y abogados por cuestiones
relacionadas con la tierra. De ese total, 654 ocurrieron en el sur y sudeste de
Pará. "De muchos de los trabajadores rurales asesinados, no conocemos sus
rostros, ni sabemos sus nombres. En muchos de esos casos la policía negó el
registro de las denuncias formalizadas por sindicalistas y familiares de las
víctimas, y negó también el rescate de los cuerpos donde fueron asesinados”, dice
el abogado de la CPT de Marabá, José Batista Afonso.
La CPT divulgó a comienzos del año
una lista con los nombres de 38 personas amenazadas de muerte en el sur y
sudeste de Pará a causa de su lucha por la posesión de la tierra. Diez son
mujeres.
En un dossier que desmenuza la
violencia en el sur y sudeste de Pará, la CPT evalúa la violencia que
victimó a cientos de trabajadores rurales, dirigentes sindicales, religiosos,
abogados y parlamentarios que luchan por la tierra y por la reforma agraria, y que
se remonta principalmente al gobierno militar que, a comienzos de la década de
1970, comenzó a invertir en la ocupación de la Amazonia. El sur y sudeste del
estado del Pará, región de gran concentración de riquezas minerales y
naturales, fue tal vez donde ese proceso se efectivizó de manera más
contundente.
Para explotar las riquezas, el
gobierno construyó carreteras, como la Transamazónica, la BR-222, la BR-158,
pero construyó también hidroeléctricas, como Tucuruí, y estimuló y financió la
implantación de grandes proyectos para explotar las riquezas allí existentes,
como el Proyecto Hierro Carajás. "Al mismo tiempo incentivó la llegada de
grandes empresas y de pecuaristas del Centro-Sur de Brasil para invertir en la cría
de ganado bovino. No sólo concedió tierras, sino también créditos subsidiados
por la política de incentivos fiscales de la Superintendencia de Desarrollo de
la Amazonia (SUDAM). Esos grupos económicos, especialmente aquellos que
invirtieron en la implantación de la pecuaria extensiva, pasaron a expulsar, de
manera muy violenta, a los pueblos indígenas y a muchos pequeños agricultores
que desde hace mucho tiempo ocupaban la región”, enfatiza el dossier de
la CPT.
La novedad de la violencia actual es
que las mujeres están cada vez más en la línea de fuego, blanco de amenazas.
Algunas conviven con esa marca desde hace más de una década. Otras comenzaron a
sentir más recientemente el peso del destino de estar marcadas para morir.
En común, esas mujeres cargan la
consciencia de la lucha que entablan; sienten miedo, modificaron hábitos,
conviven con la incertidumbre cotidiana. Hubo quienes decidieron alejarse de la
lucha sindical, por miedo a las amenazas cada vez más constantes. Otras
permanecen, sabiendo que es ése el destino que tienen.
Una de las pocas que consiguieron
alguna atención nacional a su periplo fue Laísa Santos Sampaio. Hermana de la
extractivista María do Espírito Santo, asesinada en Nueva Ipixuna, a 580
kilómetros de Belem en 2011, Laísa es el "blanco del momento” en el municipio.
Ella y su marido, José María Gomes Sampaio, Zé Rondon, están siendo amenazados
de muerte desde el asesinato de María y José Claudio Ribeiro da Silva. Laísa ya
no duerme tranquila y no puede salir de casa sin acompañamiento. La rutina
personal cambió, desorganizando a toda su familia, la relación con los hijos y
el trato del cultivo y del extractivismo dentro de su lote de tierra. La
Comisión Pastoral de la Tierra cree que las amenazas han sido realizadas por
personas que probablemente fueron parte del consorcio de propietarios de
tierras, madereros y carboneros que asesinaron a José y María. Las amenazas de
muerte se registraron en la Delegación de Conflictos Agrarios del Sudeste de
Pará (DECA). Poco cambió.
"No salgo más sin compañía”, dice
Regina María Gonçalves Claves. Regina es presidente del Sindicato de
Trabajadores Rurales del municipio de Eldorado dos Carajás. El día 15 de junio
de 2012 un grupo de hacendados invadió la sede del Sindicato y la amenazó
directamente. "Dejaron un recado: que estarían con grupos armados a la espera
de cualquier intento de ocupación por parte de los movimientos sociales”, dice
ella. Días después, personas extrañas fueron vistas rondando la sede del
sindicato y buscando a Regina en la casa de sus familiares.
En Breu Branco, cerca del municipio
de Tucuruí, a 480 kilómetros de la capital, Graciete Souza Machado convive con
una bala alojada a sólo dos centímetros de la columna vertebral. El blanco era
el padre, Francisco Alves de Macedo, líder comunitario que defendía a propietarios
que ocuparon la hacienda Castanheira. Francisco Alves fue muerto por pistoleros
"Yo estoy amenazada de muerte desde 2010. No tenemos libertad para salir de
casa con nuestros niños. Vivimos totalmente inseguros y con mucho miedo, pues en
cualquier momento, como ocurrió con mi padre, puede ocurrir lo mismo conmigo.
Tengo mucho miedo”, dice ella.
Cambian los personajes, pero las
historias son semejantes.
"Las mujeres se convirtieron en líderes
y terminaron quedando al frente de las lucha, muchas veces son responsables del
sustento de su familia”, dice la abogada de la Comisión Pastoral de la Tierra,
Vania María Santos, 29 años. Ella atribuye la continuidad de los patrones de
violencia a la impunidad. "De la amenaza a la concreción es poca cosa”, dice
ella.
En los asentamientos, campamentos,
periferias de los municipios, en las entidades sindicales, una decena de
mujeres sigue su vida, a la espera del asesino, cumpliendo pena forzada. Es su
historia que la Agencia Pública, en cooperación con el Diario de Pará, cuenta a partir de esa
semana.
- La serie Marcadas para Morir es una asociación de cooperación de Agencia Pública con el Diario de Pará, con reportaje de Ismael Machado y fotos de Antonio Cícero, reproducida con la autorización de Agencia Pública.
Traducción:
Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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