NACIONAL
Exigen a entidades federativas protección para el gremio
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.-
La
Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a los estados de
la República Mexicana que aún no han firmado el convenio de cooperación
con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, a tomar medidas para proteger el trabajo de estos
grupos de la población.
En la sesión de este miércoles las y los legisladores aprobaron un punto
de acuerdo presentado en junio por los senadores del PRD, Angélica de
la Peña y Alejandro Encinas, quienes pidieron que los estados informen
qué medidas han realizado para dar cumplimiento a las solicitudes de
colaboración del Mecanismo.
El senador del PRD, Alejandro Encinas, criticó que Baja California, Baja
California Sur, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y el
Distrito Federal no hayan suscrito el convenio de colaboración ni hayan
establecido mecanismos de protección para las personas que son objeto de
agresión por su activismo o por informar.
“Este es un problema serio. Al momento han sido ya reconocidas hasta 78
solicitudes para que sea establecido el mecanismo de protección,
mientras la violencia sigue incrementándose”, dijo el senador.
Mencionó que el punto de acuerdo se presentó cuando la organización con
trabajo en libertad de expresión, Artículo 19, informó que se habían
cometido 207 agresiones contra periodistas y personas defensoras de
Derechos Humanos (DH), la mayoría en Veracruz, Distrito Federal, Oaxaca y
Baja California, estados que concentran el 41.5 por ciento de las
agresiones.
En el caso de las agresiones documentadas contra mujeres periodistas, de
acuerdo con el informe “Violencia contra Mujeres Periodistas” elaborado
por Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), el primero en su
tipo que documenta las violencias contra mujeres del gremio, destaca
que mientras en 2008 se registraron 5 casos a 2011 la cifra se
incrementó a 31, pero no existe una base de datos oficial desagregada
por sexo ni con las particularidades enfrentadas por las mujeres.
El senador lamentó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
contra Periodistas no haya presentado avances significativos en la mayor
parte de los casos que le corresponde analizar, y que no prosperen las
investigaciones sobre agresiones y amenazas contra defensores en la
Procuraduría General de la República.
En tanto la diputada del PRI, Cristina González Cruz, recordó que la Ley
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas ordena que la federación y los estados tomen acciones
conjuntas para facilitar y garantizar la operación eficaz y eficiente de
los mecanismos de protección.
Agregó que su grupo parlamentario está comprometido con los periodistas y
defensores y lamentó la ola de incidentes que afectan la libertad de
expresión como las amenazas, detenciones, el encarcelamiento, la
denegación de acceso a la prensa y la falta de investigación y
procesamiento de estos crímenes.
Cabe mencionar que en la misma sesión el diputado de Movimiento
Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, presentó otro punto de acuerdo pero
esta vez dirigido a la Secretaría de Gobernación (Segob) por el
subejercicio de los recursos destinados a la protección de periodistas y
personas defensoras.
En el documento se exhorta a la Segob a cumplir su obligación de
integrar el Comité Técnico que implemente y opere los recursos del
Mecanismo de Protección.
La información del diputado menciona que la Segob a través de la
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob y la
Unidad para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos, cuenta
con presupuesto de 217 millones de pesos.
Estos recursos son para el Fondo del Mecanismo y para el Fondo de
Derechos Humanos, pero el diputado asegura que según información
periodística hasta junio pasado, sólo se erogaron 5 millones 854 mil
445 pesos del total de recursos.
Asimismo la prensa y las organizaciones civiles han señalado que los dos
fideicomisos permanecen intactos debido a que la Segob argumenta que no
se han constituido los Comités Técnicos que deben establecer las reglas
de operación necesarias para administrar esos recursos.
El punto de acuerdo fue turnado a la Primera Comisión para su análisis y posterior aprobación.
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