Narcogobernadores

 Lydia Cacho

Todo estaba listo para que el 5 de abril de 1999 la Procuraduría, en operativo conjunto con la agencia antidrogas estadounidense (DEA), arrestara al gobernador Mario Villanueva por sus vínculos con el narcotráfico. Ese día debía entregar el gobierno a su sucesor, Joaquín Hendricks, y perdería el fuero que había impedido su arresto. Pero el 3 de abril, a media noche, escapó al cerco policíaco.

Cuando el presidente Ernesto Zedillo decidió coadyuvar con la petición de la DEA para perseguir a Villanueva, los elementos arrojados por la investigación eran contundentes. Las autoridades nos aseguraron en ese entonces que Villanueva, que fue alcalde de Benito Juárez (Cancún) primero, luego senador y gobernador después, negoció directamente con el Cártel de Juárez para dar paso franco a cargamentos de cocaína pura que llegaban desde Colombia hasta Quintana Roo, cuya meta final era el sureste norteamericano. En aquellos tiempos la coca pura entraba en pistas perdidas en la selva por Chetumal, la capital del estado y por el aeropuerto de Cancún. Las y los periodistas lo sabíamos, los empresarios y turistas la consumían, los políticos celebraban que Cancún se convirtiese en el mejor destino turístico del país, y se enriquecían gracias a la presencia de los grandes narcotraficantes y sus consecuentes limosnas millonarias. La industria del narcotráfico había encontrado para 1995 su mejor centro de entrada, distribución y exportación. Pablo Escobar y sus socios mexicanos visitaban Cozumel y Cancún. El negocio parecía interminable, entraban drogas y armas, Villanueva se creía intocable. Él y sus cómplices crearon una estructura policiaca y judicial paralela para proteger a la red del narco en el sureste.

El gobernador, temido por unos e idolatrado por otros, amasó según fuentes de la DEA, más de 100 millones de dólares. Su hijo Carlos Villanueva, actual presidente municipal de Othon P.Blanco, municipio de la capital el estado, asegura que esa fortuna es producto de inversiones y negocios limpios de su padre.

En junio de 2007 un juez federal del Estado de México absolvió al ex gobernador. El Ministerio Público federal cometió errores procesales y el juez aprovechó eso. Fue liberado y de inmediato reaprendido a petición de la justicia norteamericana, quien demostró que Villanueva recibió dinero del Cártel para llevar droga a EU y que ordenó a la policía cooperar con el narco.

En 2008 fue sentenciado, por otro juez en México, a 28 años. En el 2010 fue por fin extraditado a Nueva York. El fiscal que lleva su caso asegura que Mario Villanueva, su hijo Luis Ernesto y Consuelo Márquez, realizaron movimientos de dinero sucio por al menos 30 millones de dólares. Pero el caso dio un vuelco este año, cuando el priísta aceptó que sí había recibido dinero del Cártel de Juárez, (los 19 millones de dólares hoy incautados por la justicia estadounidense). Aunque negó participar directamente en narcotráfico entregó a las autoridades toda la información que precisaban sobre la red operativa de la narco-política, incluye en ella a varios cozumeleños. Sólo entre 1994 y 1999 Villanueva y su familia transfirieron 17 millones de dólares a WU, Bahamas, Panamá y Suiza a través de Lehman Brothers Inc., bajo el nombre de la British Virgin Island Shell Corp., y 2 millones en otras empresas.

Villanueva, el primer y único gobernador mexicano preso por crear un puente gubernamental para los cárteles, fue sentenciado a 11 años. Se le descontarán los seis que pasó esperando la extradición y uno más por buen comportamiento. Según fuentes de la DEA, la PGR tiene evidencia de que Villanueva y sus más de 20 cómplices usaron el sistema financiero mexicano para lavar más de 100 millones de dólares. Parte de esa fortuna habría sido ya gastada por su gente de confianza para mantener a su red política en el poder, tanto en el estado como en el Congreso de la Unión. Parte de la estrategia fue mantener a su hijo Carlos Villanueva como alcalde por el PRI.

El fiscal Preet Bharara dijo “Villanueva pasó de ser un funcionario público sospechoso de corrupción a un criminal convicto por conspirar para fortalecer el narcotráfico”. A su regreso le espera una sentencia de 28 años en México y desde ya su red de apoyo opera para protegerlo. Los fiscales aseguran que la PGR podría averiguar cuánto de ese dinero del narco ha financiado campañas políticas desde hace 20 años en el sureste mexicano. El padre se fue, pero su herencia sigue aquí entre nosotros.

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@lydiacachosi

Periodista