Una
sobreviviente de ataque con ácido en Bangladesh reconstruye su vida con
la ayuda del Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID).
Crédito: Narayan Nath/FCO-DFID/CC-BY-2.0
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Preeti Rathi tenía 25 años cuando murió en un hospital de la ciudad
india de Mumbai, exactamente un mes después de que un hombre le lanzara
ácido en el andén de una estación de tren.
Rathi,
quien falleció el 2 de junio, había ido de Nueva Delhi a Mumbai para
trabajar como enfermera en un hospital naval en el sur de la ciudad.
El
agresor no ha sido capturado a pesar de que el sistema de televisión de
circuito cerrado lo habría identificado y de las protestas de su
familia y activistas que se unieron a la causa.
No se trata de un caso aislado. De hecho, en los últimos años, cientos de mujeres y adolescentes de distintas ciudades de India han soportado terribles experiencias similares.
Aquellas que sucumben a las heridas sufren una muerte dolorosa. El ácido les come la piel dejando heridas que se infectan rápidamente y causan septicemia, entre otros problemas muy graves.
Las que sobreviven quedan marcadas de por vida con terribles cicatrices. La mayoría viven ocultando sus rostros y cuerpos “deformados” –palabra que usaron muchas de las fuentes con que habló IPS— de las miradas horrorizadas.
Lecciones de Bangladesh
Las activistas suelen mencionar el ejemplo del vecino Bangladesh, donde
los ataques con ácido, que sumaron 2.500 entre 1999 y 2009, se
redujeron drásticamente tras regular la venta.
Según un
informe de 2011 del Centro Global Avon para la Mujer y la Justicia,
estas agresiones cayeron casi 20 por ciento al año desde que se
promulgó la Ley para el Control de Ácido y la Ley para la Prevención de
Delitos con Ácido en 2002, las que restringieron la importación y venta
libre de estas sustancias.
Las medidas preventivas incluyen el
cierre de comercios y la suspensión de licencias para la venta de ácido
al público. El culpable de infringir estas normas deberá pagar una
multa de 1.200 dólares o, en los casos más graves, enfrenta la pena de
muerte.
Pero incluso en Bangladesh, las medidas de control no son eficientes.
“Las condenas no llegan a 10 por ciento de los casos, pues los
responsables suelen ser más poderosos que las víctimas o
sobrevivientes”, advirtió Sultana Kamal, directora de la organización
de derechos humanos bangladesí Ain o Salish Kendra.
Faltan
datos oficiales, pero estudios realizados por investigadores
independientes y organizaciones de derechos humanos muestran que los
ataques con ácido son un crimen de género, que tiene a las mujeres
jóvenes como principal objetivo.
La mayoría de las veces, los agresores son hombres cuyas relaciones amorosas no terminaron como ellos esperaban.En India, una sociedad todavía muy patriarcal y en transición entre el conservadurismo y la modernidad, las aspiraciones de las jóvenes y las mujeres de educarse y trabajar cuentan con el apoyo de políticas de Estado.
Pero cientos de hombres se sienten despreciados por esta nueva independencia femenina. Sin recursos para tolerar lo que perciben como un insulto a su masculinidad, muchos de ellos buscan venganza lastimando físicamente a las mujeres, en un intento desesperado de recuperar la autoridad perdida.
Hasta ahora, los ataques con ácido caían simplemente entre los crímenes contra las mujeres, que ascendieron a 244.270 en 2012, e incluyen prácticas tan atroces como violación, muerte por dote (cuando la familia política de una mujer la mata o la empuja al suicidio como forma de chantaje para obtener una dote mayor) y trata con fines de explotación sexual, según la Oficina Nacional de Registro de Delitos.
El oriental estado de Bengala Occidental concentra 12,7 por ciento de los casos, mientras su capital, Kolkata, es la tercera ciudad de India más peligrosa para las mujeres, después de Nueva Delhi y Bangalore.
Subhas Chakraborty, de la Fundación de Sobrevivientes de Ácido de India, con sede en Kolkata, dijo a IPS que la organización solicitó al gobierno de Bengala Occidental aplique el derecho a la información para obtener cifras reales de ataques contra las mujeres en ese estado.
“Entre 2006 y 2011 solo se registraron 56 casos y 77 víctimas”, observó Chakraborty. Probablemente la cantidad real de incidentes sea mucho mayor, estimó.
El Centro Global Avon para la Mujer y la Justicia, de la estadounidense Facultad de Derecho de Cornell, registró 153 ataques con ácido denunciados en la prensa, entre enero de 2002 y octubre de 2010.
La Campaña y Lucha contra los Ataques con Ácido a las Mujeres recopiló una lista de 65 incidentes en el sureño estado de Karnataka entre 1999 y 2008.
La organización intervino en el sonado caso de Hasina Hussain, a quien ayudó a recurrir a la justicia en 1999, cuando fue quemada con ácido por su exempleador, Joseph Rodrigues, quien, despechado porque la joven, entonces de 19 años, rechazó su propuesta de matrimonio, le arrojó dos litros de ácido.
Aun con la ayuda de esta organización no gubernamental, la Corte Superior de Kolkata demoró siete años en condenar a Rodrigues a cadena perpetua.
Activistas reclaman medidas
C J Pragya, de la sureña ciudad de Bangalore, ya no se estremece cuando piensa en mostrar su rostro, otrora bello y ahora cubierto de cicatrices. Lejos de esconderse, creó la organización stopacidattacks.org y lanza campañas contra estos ataques.
Pero muchos, si bien reconocen el valor de estos esfuerzos individuales, sostienen que sin medidas a escala nacional las agresiones con ácido no se detendrán.
Desde hace años, las activistas reclaman leyes más duras y la atención debida de las instituciones del Estado.
Hace
siete años, la Corte Suprema de Justicia recomendó al gobierno que
promoviera una ley “completa e integral” para dar respuesta a esta
amenaza, según Chakraborty.
Pero se necesitó la brutal violación de una estudiante de medicina en un autobús en Nueva Delhi, el 16 de diciembre de 2012, y de la consiguiente movilización popular de protesta, para que el gobierno acelerara la aprobación de la Ley de Reforma del Código Penal, en abril de este año.
La reforma introdujo cambios legales sustantivos para proteger a las mujeres de la violencia y estableció duras sanciones contra quienes violen sus derechos.
Ahora, la pena para una agresión con ácido puede ir de 10 años de prisión hasta cadena perpetua, además de una multa que puede ascender a 16.600 dólares, según el texto enmendado hace un par de meses.
El monto de esa multa se destinará a costear las complejas intervenciones quirúrgicas necesarias para la reconstrucción facial.
Sonali Mukherjee, una joven del estado de Dhanbad, por ejemplo, debió someterse a 22 operaciones tras un ataque en 2003, relató Chakraborty.
Pero
el dinero no basta para reparar a las familias ni a la víctima de un
ataque con ácido. La rehabilitación sigue siendo uno de los grandes
problemas para las sobrevivientes. Muchos hogares pobres carecen de los
recursos que requiere un tratamiento complejo, que incluye atención
psicológica.
La Corte Superior de Punyab instruyó hace poco al gobierno estadual para que diseñe una política que asegure tratamiento gratuito, incluyendo atención psicológica.
Ácido de fácil acceso
Las activistas aplauden los cambios legales, pero cuestionan la falta de restricciones a la venta del arma agresora: el ácido.
Una botella de ácido sulfúrico, clorhídrico o nítrico se puede adquirir por solo 30 rupias (50 centavos de dólar) casi en cualquier esquina.
El abogado mayor ante la Corte Suprema, Kamlesh Jain, dijo a IPS que la reforma penal no arrojará cambios mientras no se enfrente este problema esencial.
La abogada de derechos humanos Aparna Bhat presentó en 2006 un litigio de interés público en un tribunal federal reclamando la prohibición de la venta de ácidos en mostrador.
Entonces Bhat representaba a Laxmi, quien quedó marcada de por vida cuando un novio despechado le lanzó ácido al rostro.
La abogada alegó que la falta de mecanismos normativos permite que la sustancia corrosiva sea de fácil acceso para el agresor, con lo que coinciden activistas que denuncian que el arma está al alcance de la mano.
El 9 de este mes, la Corte Suprema advirtió que prohibirá la venta de ácido si los gobiernos central y estaduales no la regulan de inmediato.
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