Para nadie resulta un secreto que el sistema neoliberal implantado con
desmesurada fuerza en México tras la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TCLAN) ha provocado grandes diferencias
en la nación azteca y llevado a la pobreza a la mayor parte de su
población.
El TLCAN con Canadá y Estados Unidos, aprobado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari en 1992 y que entró en vigor en 1994, fue el acelerador de la desigualdad, del hambre y la pobreza en México, además de incrementar la violencia entre los cárteles de la droga que se enfrentan para controlar los estupefacientes que envían al mayor consumidor del mundo: Estados Unidos.
Ese Tratado abrió de par en par, las puertas a las poderosas compañías transnacionales que adquirieron a bajos precios numerosas fábricas, inundaron el mercado azteca con mercancías y productos baratos y provocaron que ruina de 2 000 000 de campesinos y sus familiares, los que se vieron obligados a abandonar sus tierras ante la desigual competencia y tratar de buscar empleos en las ciudades.
Al apoderarse Washington de las estructuras productivas del país y hasta del control del mercado, funcionarios del Departamento de agricultura estadounidense auguran que en los próximos años, México deberá adquirir el 80 % de los alimentos en otros países, y como es lógico, la mayoría provendrá del poderoso vecino del norte.
En cuanto a los cárteles, un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indica que su formación dio inicio en la década del 70 con la llegada del neoliberalismo, las privatizaciones de propiedades nacionales, la apertura del mercado y la eliminación de los derechos sociales y sindicales.
Con el TLCAN, la pobreza y el desempleo crecieron y los jefes de bandas aprovecharon esa gran masa poblacional en el negocio de estupefacientes.
La investigadora y periodista peruana, Vicky Peláez puntualizó en un reciente artículo que los carteles tienen a su servicio unos 100 000 hombres armados, la mayoría ex soldados. De acuerdo con estudios de las Naciones Unidas, alrededor del 60 % de los municipios de México están penetrados o controlados por uno de los carteles.
Estadísticas oficiales, señalan que el narcotráfico mueve en el territorio nacional alrededor de 30 000 millones de dólares al año, emplea entre 300 000 a 500 000 personas, incluyendo niños, mientras se produce en el país unas 15 000 toneladas de marihuana, 18 toneladas de heroína y se transporta a Estados Unidos no menos 600 toneladas de cocaína al año.
La situación se agudiza por todas partes. D e una población cercana a los 117 000 000, el 54,4 % vive sumido en la pobreza, es decir, 60 000 000 de mexicanos carecen de los recursos elementales para cubrir sus necesidades básicas según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI).
El INEGI agrega que unos 3 000 000 de menores entre las edades de 5 y 17 años, tienen que trabajar para cubrir algún gastó básico o para apoyar económicamente a sus familiares. También esos niños son cardo de cultivo para los carteles, traficantes de armas y de humanos.
El TLCAN también ha sido un factor determinante para acrecentar la desigualdad entre la población. La revista Forbes indicó que al cierre de 2012, el 20 % de los más ricos concentraba el 51 % del Ingreso Corriente Total (ICT), sin contar las fortunas de los doce empresarios multimillonarios que representan el 15 % del Producto Bruto Interno (PBI), mientras el 20 % más pobre apenas recibe el 4,9 % del ICT.
El único sector que no ha sufrido una amplia privatización es el petrolero pero ahora enfrenta un nuevo desafío al introducir en el Congreso, el presidente Ernesto Peña Nieto, un proyecto de Reforma Energética que permitiría la inversión privada en los hidrocarburos, especialmente en la petrolera PEMEX.
En un mensaje a la nación, el mandatario dijo que la iniciativa comprende una “transformación profunda” en ese sector y que se requiere reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución para permitir la inversión privada en PEMEX. El proyecto ha sido criticado fuertemente por las fuerzas democráticas y nacionalistas y hasta el ex candidato presidencial, Cuactemoc Cárdenas puntualizó que si se llegara a aprobar, se perdería a PEMEX.
En marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas decretó la nacionalización de las reservas minerales y de combustibles.
En 1960, tras excesos y saqueos de las petroleras extranjeras, México decidió cerrar su industria energética, nacionalizando el sector eléctrico y prohibiendo explícitamente los contratos petroleros de riesgo compartido.
El artículo 27 de la Constitución expresa: “Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las isla… El dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible… Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos,…y la Nación llevará a cabo la explotación de estos productos,…”
El gobierno de Peña Nieto y directivos de PEMEX insisten en que el sistema paraestatal resulta ineficiente para dirigir el sector debido a la descapitalización que ha sufrido y a la falta de inversiones, por lo que tratan de abrirlo a las grandes compañías transnacionales.
La historia ha demostrado que las anteriores privatizaciones resultaron funestas para el país al no aportar dividendos reales para sustentar la economía pues las compañías extraían no solo el petróleo sino también sacaban del territorio los abundantes capitales obtenidos.
La posible privatización del crudo resulta otro grave problema para mantener la independencia y la soberanía económica de la nación, ya bastante cercenada por la enorme influencia que tiene Washington sobre el país azteca a través del TLCAN.
Esperemos que no triunfe la iniciativa de privatizar el petróleo pues lo primero que traerá será más pobreza e iniquidad para el pueblo mexicano.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
El TLCAN con Canadá y Estados Unidos, aprobado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari en 1992 y que entró en vigor en 1994, fue el acelerador de la desigualdad, del hambre y la pobreza en México, además de incrementar la violencia entre los cárteles de la droga que se enfrentan para controlar los estupefacientes que envían al mayor consumidor del mundo: Estados Unidos.
Ese Tratado abrió de par en par, las puertas a las poderosas compañías transnacionales que adquirieron a bajos precios numerosas fábricas, inundaron el mercado azteca con mercancías y productos baratos y provocaron que ruina de 2 000 000 de campesinos y sus familiares, los que se vieron obligados a abandonar sus tierras ante la desigual competencia y tratar de buscar empleos en las ciudades.
Al apoderarse Washington de las estructuras productivas del país y hasta del control del mercado, funcionarios del Departamento de agricultura estadounidense auguran que en los próximos años, México deberá adquirir el 80 % de los alimentos en otros países, y como es lógico, la mayoría provendrá del poderoso vecino del norte.
En cuanto a los cárteles, un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indica que su formación dio inicio en la década del 70 con la llegada del neoliberalismo, las privatizaciones de propiedades nacionales, la apertura del mercado y la eliminación de los derechos sociales y sindicales.
Con el TLCAN, la pobreza y el desempleo crecieron y los jefes de bandas aprovecharon esa gran masa poblacional en el negocio de estupefacientes.
La investigadora y periodista peruana, Vicky Peláez puntualizó en un reciente artículo que los carteles tienen a su servicio unos 100 000 hombres armados, la mayoría ex soldados. De acuerdo con estudios de las Naciones Unidas, alrededor del 60 % de los municipios de México están penetrados o controlados por uno de los carteles.
Estadísticas oficiales, señalan que el narcotráfico mueve en el territorio nacional alrededor de 30 000 millones de dólares al año, emplea entre 300 000 a 500 000 personas, incluyendo niños, mientras se produce en el país unas 15 000 toneladas de marihuana, 18 toneladas de heroína y se transporta a Estados Unidos no menos 600 toneladas de cocaína al año.
La situación se agudiza por todas partes. D e una población cercana a los 117 000 000, el 54,4 % vive sumido en la pobreza, es decir, 60 000 000 de mexicanos carecen de los recursos elementales para cubrir sus necesidades básicas según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI).
El INEGI agrega que unos 3 000 000 de menores entre las edades de 5 y 17 años, tienen que trabajar para cubrir algún gastó básico o para apoyar económicamente a sus familiares. También esos niños son cardo de cultivo para los carteles, traficantes de armas y de humanos.
El TLCAN también ha sido un factor determinante para acrecentar la desigualdad entre la población. La revista Forbes indicó que al cierre de 2012, el 20 % de los más ricos concentraba el 51 % del Ingreso Corriente Total (ICT), sin contar las fortunas de los doce empresarios multimillonarios que representan el 15 % del Producto Bruto Interno (PBI), mientras el 20 % más pobre apenas recibe el 4,9 % del ICT.
El único sector que no ha sufrido una amplia privatización es el petrolero pero ahora enfrenta un nuevo desafío al introducir en el Congreso, el presidente Ernesto Peña Nieto, un proyecto de Reforma Energética que permitiría la inversión privada en los hidrocarburos, especialmente en la petrolera PEMEX.
En un mensaje a la nación, el mandatario dijo que la iniciativa comprende una “transformación profunda” en ese sector y que se requiere reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución para permitir la inversión privada en PEMEX. El proyecto ha sido criticado fuertemente por las fuerzas democráticas y nacionalistas y hasta el ex candidato presidencial, Cuactemoc Cárdenas puntualizó que si se llegara a aprobar, se perdería a PEMEX.
En marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas decretó la nacionalización de las reservas minerales y de combustibles.
En 1960, tras excesos y saqueos de las petroleras extranjeras, México decidió cerrar su industria energética, nacionalizando el sector eléctrico y prohibiendo explícitamente los contratos petroleros de riesgo compartido.
El artículo 27 de la Constitución expresa: “Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las isla… El dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible… Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos,…y la Nación llevará a cabo la explotación de estos productos,…”
El gobierno de Peña Nieto y directivos de PEMEX insisten en que el sistema paraestatal resulta ineficiente para dirigir el sector debido a la descapitalización que ha sufrido y a la falta de inversiones, por lo que tratan de abrirlo a las grandes compañías transnacionales.
La historia ha demostrado que las anteriores privatizaciones resultaron funestas para el país al no aportar dividendos reales para sustentar la economía pues las compañías extraían no solo el petróleo sino también sacaban del territorio los abundantes capitales obtenidos.
La posible privatización del crudo resulta otro grave problema para mantener la independencia y la soberanía económica de la nación, ya bastante cercenada por la enorme influencia que tiene Washington sobre el país azteca a través del TLCAN.
Esperemos que no triunfe la iniciativa de privatizar el petróleo pues lo primero que traerá será más pobreza e iniquidad para el pueblo mexicano.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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