El diputado alertó que se alistan órdenes de aprehensión contra los dirigentes "visibles" de la CNTE, acusados de delitos federales como sedición, rebelión y motín.
(Foto:Cuartoscuro)
Se reproduce el artículo del diputado federal de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, publicado en diferentes medios locales:
Viene la represión contra los maestros que disienten de la reforma educativa. De manera especial, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Será entre la noche del viernes próximo y la madrugada del domingo. No está planeado que corra la sangre al río, pero sí que haya ríos de botas, uniformes, cascos, escudos, toletes, gases lacrimógenos y mangueras de agua a presión para desalojar y replegar a los maestros. Recordemos que hoy la represión no es sinónimo de exterminio físico o muerte, sino de contención y abatimiento político.
El plan está a la vista de todos y se ha armado de la siguiente manera: los dirigentes visibles del movimiento serán los primeros aprehendidos, acusados de delitos federales como sedición, rebelión y motín. La denuncia correspondiente ya la promovió un grupo de senadores del PAN ante la PGR, mientras que el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, y el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Ángel Barbosa, se han deslindado de las movilizaciones de protesta de la CNTE.
Posteriormente vendrá el desalojo de los campamentos en el zócalo y en las calles aledañas, a cargo de las policías federal y de la Ciudad de México. Tres círculos de policías rodearán los campamentos. El primero irá armado únicamente de escudos y toletes, sin armas de fuego. El segundo círculo servirá de contención o muro del primero, y llevará gases lacrimógenos. El tercer círculo de fuerzas de seguridad estará conformado por equipo y tanques antimotines, que operan con agua a presión. Es el equipo que adquirió el gobierno de Felipe Calderón, pero que al parecer le tocará estrenar a Enrique Peña Nieto.
Desde el viernes todos los elementos de ambas corporaciones que intervendrán en el operativo serán acuartelados. Este es el motivo por el que se habría suspendido el clásico de futbol del domingo en ciudad universitaria, porque literalmente no habrá polícias en las calles sino todos estarán en sus cuarteles. Además, claro, de evitar que porras y barras futboleras se enfrenten entre ellas o, eventualmente, grupos de jóvenes se adhieran a los maestros.
El operativo en ciernes provocó ya la cancelación del viaje presidencial a Turquía y dejó en suspenso el día, lugar y hora en que el Presidente Peña Nieto enviaría el mensaje a la Nación con motivo del primer informe de gobierno. Personalmente estará al frente del operativo de desalojo de los maestros. Y en función de los resultados, presentará su mensaje a la población, en cadena nacional.
Todo está orientado a que este operativo de desalojo y repliegue de los maestros disidentes sea el mensaje central del primer informe de gobierno. Que la Nación y el mundo sean testigos de un acto de fuerza, firmeza y autoridad presidencial, justo en el momento en que ha crecido el desencanto y las dudas sobre la capacidad del nuevo gobierno para instrumentar su programa de reformas ambiciosas.
El guión no es nuevo. Se utilizó en el estado de México en el 2006, cuando fuerzas especiales de las Brigadas de Operación Mixta (BOM), se enfrentaron con ejidatarios de San Salvador Atenco que se oponían a la construcción del aeropuerto metropolitano en sus tierras. Un millar de policías atacaron a 100 ejidatarios de esa comunidad, con un saldo de 30 campesinos lesionados de gravedad, 19 desaparecidos y tres policías heridos. El recién inaugurado mandatario estatal, Enrique Peña Nieto, quiso deslindarse de la debilidad de los gobiernos de Vicente Fox y de Arturo Montiel, asumiendo este acto de autoridad que, sin embargo, terminó urbi et orbi como un acto de arbitrariedad conocido como el Atencazo.
Lo nuevo en esta ocasión es la utilización de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del Distrito Federal como testigo social, padrino de bautizo o chaperón de este despliegue de cuerpos policiales, así como de las autoridades capitalinas como corresponsables de lo que allí suceda.
Ahora bien, al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, tirios y troyanos buscan “echarlo en medio” en este juego de dominó y vencidas políticas en que se ha convertido la aprobación de la reforma educativa.
Reprime o renuncia, es la falsa disyuntiva que le están planteando al responsable del gobierno capitalino frente a las movilizaciones de la disidencia magisterial, que previsiblemente habrán de incrementarse en estos días, a pesar de todas las mesas de diálogo que se instalen, porque la decisión de las partes en conflicto parece inamovible: los maestros exigen la abrogación de la reforma educativa y el gobierno federal rechaza modificar un punto o una coma a los tres reglamentos que la harían posible, especialmente el de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que entre otras arbitrariedades prevé el despido de docentes sin derecho a indemnización.
La pretensión es que el gobierno de la ciudad, por la vía de la represión, se convierta en el gato que saque las castañas del incendio en que amenaza convertirse la reforma educativa, por un error de negociación y cálculo político de sus promotores.
La pretensión puede llegar incluso al chantaje: “¿quieres nuestros votos para convertir al DF en el estado 32 del pacto federal? Pues danos antes una prueba de tu fe federalista: échanos una manita reprimiendo a los maestros. Coopelas o cuello”.
La reforma educativa trae un pecado político de origen: el despotismo ilustrado. La educación de calidad, un bien público necesario e indispensable, se decidió impulsarla con una práctica políticamente agotada y disruptiva, el centralismo autoritario. “La reforma a la letra, con sangre entra”.
De manera inconsulta, vertical, hermética y hasta tramposa (se pidió a los inconformes presentar ponencias y propuestas, de las cuales ninguna fue incorporada) se decidió impulsar una reforma cuyo aspecto central, paradójicamente, no es revolucionar los contenidos educativos y la forma de socializarlos, sino modificar el esquema laboral entre el gobierno y los maestros.
Sus autores consideran que el principal problema educativo del país es el mensajero (los maestros) y no el mensaje, es decir, lo que se enseña, cómo se enseña y en qué condiciones se enseña.
Por supuesto que el sindicalismo magisterial, oficial y disidente, tiene su cuota de responsabilidad en el desastre educativo del país. Responsabilidad de la que no están exentos los patrones, los sucesivos gobiernos federales de PRI y PAN. Pero no es el único ni el primer eslabón de la cadena de cambios sucesivos que es necesario introducir para detonar una verdadera revolución educativa en México.
Hace 11 años el gobierno de la ciudad de México vivió un amago político similar con las protestas de los ejidatarios de Atenco. Fox pretendió que AMLO le hiciera el trabajo sucio de reprimir a los protestantes. Lo regresó por peteneras. “De acuerdo a la Constitución usted es el jefe de la policía de la capital, usted deles la orden”. Sobrevino el Atencazo. Ayer eran dos mil campesinos de un municipio. Hoy son más de 15 mil maestros de cuatro estados…, más los que se acumulen.
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