PEMEX
El
18 de marzo de 1938, tras una negativa de las compañías petroleras
foráneas para dar observancia a las demandas de los trabajadores del
sector, y después de una disposición política acaso sin parangón en
México, el usufructo transnacional de la industria petrolera llegó a
feliz término. Cabe destacar que muchos mexicanos aportaron sus
pírricos ahorros para la indemnización a las empresas golondrinas, por
concepto de la expropiación. Recursos e instalaciones pasaron
formalmente a manos de la nación. Más tarde se produciría la primera
traición a ese pueblo que con homéricos esfuerzos había conseguido
recuperar para sí el uso común de sus bienes e industria. La
nomenclatura burocrática se apropió abusivamente de la renta petrolera,
y no pocas veces con fines facciosos discrecionales. En este sentido,
es necio obviar que la iniciativa de reforma energética en puerta,
supone tan sólo una escalada en la intensidad de las políticas de
desposesión, tan altamente apreciadas en las alturas del poder, y cuyos
ejecutores, promotores o cabilderos se distinguen por un extenso
historial de mercenarismo en provecho de las transnacionales y el
hurto.
Hurto que se traduce en traición
Más de una vez han intentado la venta completa e integral de las reservas e industria. Pero el gobierno se ha enfrentado a una irreductible oposición popular, que bien o mal ha detenido la privatización total de PEMEX. Pero la tenacidad entreguista de la élite política en este país no tiene límite. En ese rubro su éxito es épico. Y de hecho recién se develó un informe que apunta en esta dirección de la política rastrera correspondiente a los recursos petroleros. En adición al saqueo vía tomas clandestinas que practican consuetudinariamente las bandas delincuenciales al servicio del estado (el conocido “popoteo”), se yergue una vasta red de holdings avecindada en países extranjeros, que burlan sin decoro la legislación doméstica para apropiarse de una cuota significativa de la renta petrolera nacional. La Jornada reporta: “El gobierno de Felipe Calderón creó en 2010 una tesorería paralela de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la que se depositan las ganancias de las 39 empresas filiales de la paraestatal que operan en el extranjero y que, de acuerdo con una muestra elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante 2011 obtuvieron ingresos por cerca de 434 mil millones de pesos (¡sic!) que no reportaron al erario… Las ganancias que obtienen las filiales extranjeras de Pemex no pueden ser auditadas por el Congreso ya que las empresas no están sujetas a la Constitución, ni a la Ley de Petróleos Mexicanos, ni a la legislación que regula a las empresas de participación estatal mayoritaria... La decisión de Calderón de crear una ‘tesorería falsa’, paralela a la de Pemex, permite que los recursos generados por las filiales se manejen al margen del Congreso…” (La Jornada 18-VIII-2013).
¿Para quién trabaja el grupúsculo de ladronzuelos que sexenalmente se apoltrona con vocación espuria en el poder?
Reforma transformacional o saqueo imperial
En realidad, el capital foráneo –representado esta vez por la tríada Royal Dutch Shell-ExxonMobil-British Petroleum (aunque la parasitaria Repsol también se frota las manos)– va tras los recursos y reservas. El cascarón infraestructural (inmuebles e instalaciones industriales) no está entre sus prioridades. Específicamente, las transnacionales buscan apoderarse del usufructo de aguas profundas, pozos transfronterizos, y la obtención-comercialización de hidrocarburos no convencionales, en particular el famoso gas esquisto, cuya extracción, cabe recordar, está terminantemente prohibida en múltiples países europeos (Francia, Bulgaria etc.), a causa de los ingentes daños ambientales que acarrea esta aparatosa técnica de explotación, más conocida como fracking o fractura hidráulica (utilización de extraordinarias cantidades de agua, químicos de alta toxicidad, extensas perforaciones del territorio y de formaciones rocosas de difícil acceso).
Vuelta al colonialismo. La reforma a la que se le ha endilgado la etiqueta de “transformacional” (cuya connotación tiene aspiraciones progresistas), apuntaen la práctica a una regresión bien conocida: a saber, la de la expoliación, devastación y desestabilización de la nación. Vuelta al saqueo imperial.
Corporate PEMEX: la fetichización de la industria nacional
Todo el discurso privatizador se sostiene en una narrativa falsaria y corruptora. Se arguye, con fines torpemente persuasivos, que PEMEX es un monopolio oneroso. Sin embargo, cabe señalar que por definición constitucional, la paraestatal NO es un monopolio. Remitímonos al artículo 28 constitucional: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas (…) petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, (…) electricidad…”
También es falso que la paraestatal sea onerosa. PEMEX tiene ventas superiores a los 125 mil millones de dólares anuales, una cifra que de hecho rebasa el PIB anual de algunos países de América Latina (¡sic!).
Telmex, en cambio, sí es un monopolio, porque monopoliza la renta de la empresa nacional de telecomunicaciones. Telmex –que atravesó en 1990 un proceso de privatización análogo al que se trata de imponer ahora a la industria petrolera– sí es oneroso: secuestra la renta de un patrimonio nacional, y destina a las arcas de hacienda tan sólo el 6% de sus ingresos anuales (mientras que PEMEX traspasa el 67.4% de sus entradas totales).
Si la constitución decreta que una empresa estatal como PEMEX no constituye un monopolio, es por un hecho incontrovertible: su razón social primaria no es la utilidad; su propósito vertebral es la provisión de servicios públicos y el impulso del desarrollo radicalmente nacional. No es accidental que los redactores de la letra constitucional blindaran a la empresa de una eventual inserción en los mercados de competencia.
Insistimos, los impulsores de la reforma se valen de un metarrelato artificioso, que sólo tiene consistencia en el marco de una tergiversación de las prioridades. Ergo, una ulterior inauguración de los contratos de utilidad compartida acarrearía una doble desviación: a saber, la priorización de utilidades en detrimento del derecho público-desarrollo doméstico, y la cesión de la renta nacional.
En suma, la iniciativa de reforma energética en curso sólo tiene congruencia en un contexto de agresiva reconquista y desposesión de un pueblo.
Glosa de un inconforme ciber-compatriota
“Un clásico: la reforma peñista no va tanto por privatizar a PEMEX, sino para regularizar el robo ilegal de sus recursos, practicado durante más de un cuarto de siglo, por quien controla las 39 y más lavadoras de dinero nacional. ¿A quiénes involucra –capitalistas, políticos, militares, hombres del culto, académicos– la cohorte creada en torno del innombrable talento que, mientras sus fortunas hacen palidecer a las de los jeques árabes, controlan en la miseria, dóciles y apocados, a millones de intimidados compatriotas?”
Hurto que se traduce en traición
Más de una vez han intentado la venta completa e integral de las reservas e industria. Pero el gobierno se ha enfrentado a una irreductible oposición popular, que bien o mal ha detenido la privatización total de PEMEX. Pero la tenacidad entreguista de la élite política en este país no tiene límite. En ese rubro su éxito es épico. Y de hecho recién se develó un informe que apunta en esta dirección de la política rastrera correspondiente a los recursos petroleros. En adición al saqueo vía tomas clandestinas que practican consuetudinariamente las bandas delincuenciales al servicio del estado (el conocido “popoteo”), se yergue una vasta red de holdings avecindada en países extranjeros, que burlan sin decoro la legislación doméstica para apropiarse de una cuota significativa de la renta petrolera nacional. La Jornada reporta: “El gobierno de Felipe Calderón creó en 2010 una tesorería paralela de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la que se depositan las ganancias de las 39 empresas filiales de la paraestatal que operan en el extranjero y que, de acuerdo con una muestra elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante 2011 obtuvieron ingresos por cerca de 434 mil millones de pesos (¡sic!) que no reportaron al erario… Las ganancias que obtienen las filiales extranjeras de Pemex no pueden ser auditadas por el Congreso ya que las empresas no están sujetas a la Constitución, ni a la Ley de Petróleos Mexicanos, ni a la legislación que regula a las empresas de participación estatal mayoritaria... La decisión de Calderón de crear una ‘tesorería falsa’, paralela a la de Pemex, permite que los recursos generados por las filiales se manejen al margen del Congreso…” (La Jornada 18-VIII-2013).
¿Para quién trabaja el grupúsculo de ladronzuelos que sexenalmente se apoltrona con vocación espuria en el poder?
Reforma transformacional o saqueo imperial
En realidad, el capital foráneo –representado esta vez por la tríada Royal Dutch Shell-ExxonMobil-British Petroleum (aunque la parasitaria Repsol también se frota las manos)– va tras los recursos y reservas. El cascarón infraestructural (inmuebles e instalaciones industriales) no está entre sus prioridades. Específicamente, las transnacionales buscan apoderarse del usufructo de aguas profundas, pozos transfronterizos, y la obtención-comercialización de hidrocarburos no convencionales, en particular el famoso gas esquisto, cuya extracción, cabe recordar, está terminantemente prohibida en múltiples países europeos (Francia, Bulgaria etc.), a causa de los ingentes daños ambientales que acarrea esta aparatosa técnica de explotación, más conocida como fracking o fractura hidráulica (utilización de extraordinarias cantidades de agua, químicos de alta toxicidad, extensas perforaciones del territorio y de formaciones rocosas de difícil acceso).
Vuelta al colonialismo. La reforma a la que se le ha endilgado la etiqueta de “transformacional” (cuya connotación tiene aspiraciones progresistas), apuntaen la práctica a una regresión bien conocida: a saber, la de la expoliación, devastación y desestabilización de la nación. Vuelta al saqueo imperial.
Corporate PEMEX: la fetichización de la industria nacional
Todo el discurso privatizador se sostiene en una narrativa falsaria y corruptora. Se arguye, con fines torpemente persuasivos, que PEMEX es un monopolio oneroso. Sin embargo, cabe señalar que por definición constitucional, la paraestatal NO es un monopolio. Remitímonos al artículo 28 constitucional: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas (…) petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, (…) electricidad…”
También es falso que la paraestatal sea onerosa. PEMEX tiene ventas superiores a los 125 mil millones de dólares anuales, una cifra que de hecho rebasa el PIB anual de algunos países de América Latina (¡sic!).
Telmex, en cambio, sí es un monopolio, porque monopoliza la renta de la empresa nacional de telecomunicaciones. Telmex –que atravesó en 1990 un proceso de privatización análogo al que se trata de imponer ahora a la industria petrolera– sí es oneroso: secuestra la renta de un patrimonio nacional, y destina a las arcas de hacienda tan sólo el 6% de sus ingresos anuales (mientras que PEMEX traspasa el 67.4% de sus entradas totales).
Si la constitución decreta que una empresa estatal como PEMEX no constituye un monopolio, es por un hecho incontrovertible: su razón social primaria no es la utilidad; su propósito vertebral es la provisión de servicios públicos y el impulso del desarrollo radicalmente nacional. No es accidental que los redactores de la letra constitucional blindaran a la empresa de una eventual inserción en los mercados de competencia.
Insistimos, los impulsores de la reforma se valen de un metarrelato artificioso, que sólo tiene consistencia en el marco de una tergiversación de las prioridades. Ergo, una ulterior inauguración de los contratos de utilidad compartida acarrearía una doble desviación: a saber, la priorización de utilidades en detrimento del derecho público-desarrollo doméstico, y la cesión de la renta nacional.
En suma, la iniciativa de reforma energética en curso sólo tiene congruencia en un contexto de agresiva reconquista y desposesión de un pueblo.
Glosa de un inconforme ciber-compatriota
“Un clásico: la reforma peñista no va tanto por privatizar a PEMEX, sino para regularizar el robo ilegal de sus recursos, practicado durante más de un cuarto de siglo, por quien controla las 39 y más lavadoras de dinero nacional. ¿A quiénes involucra –capitalistas, políticos, militares, hombres del culto, académicos– la cohorte creada en torno del innombrable talento que, mientras sus fortunas hacen palidecer a las de los jeques árabes, controlan en la miseria, dóciles y apocados, a millones de intimidados compatriotas?”
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