Pedro Miguel
La Jornada
Así es él: ante un
auditorio de niños de primaria obligados a servir de telón de fondo de
sus declaraciones semanales, Aurelio Nuño se preguntaba ayer por qué
Morena y su dirigencia
quieren defender a un presunto delincuente que ha robado, presuntamente, más de 130 millones de pesos. El secretario de Educación Pública se refería a Rubén Núñez Ginés, líder de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, capturado un día antes con modales de dictadura y enviado a un reclusorio a miles de kilómetros de distancia de su lugar de residencia, y al anuncio de Andrés Manuel López Obrador de que Morena se movilizará en defensa de ese y otros dirigentes magisteriales encarcelados por defender sus conquistas laborales y el derecho a la educación pública y gratuita para los niños de México.
La presunción oficial externada por Nuño y por el subprocurador
Gilberto Higuera, es ajena a la lógica. Si Núñez Ginés, Francisco Manuel
Villalobos Ricárdez y otros líderes del magisterio democrático hubieran
querido desviar recursos no habrían tenido que encabezar
movilizaciones, fatigar calles y carreteras ni exponerse a la brutalidad
policial y al linchamiento de la mayoría de los medios; les habría
resultado infinitamente más fácil enriquecerse desde la comodidad de la
burocracia sindical que encabeza Juan Díaz de la Torre, sustituto y
esquirol de Elba Esther Gordillo e incondicional del propio Nuño.
Significativamente, y desde que se consumó el ajuste de cuentas de
Peña Nieto en contra de Gordillo Morales, la cúpula charra del SNTE, esa
que inclina la cerviz ante los dictados privatizadores y antilaborales
de la reforma educativa peñista, no ha sido vuelta a tocar ni con el
pétalo de una averiguación previa, como no lo han sido tampoco los
caciques del sindicato petrolero, quienes aprobaron sin chistar el
desmantelamiento de la industria energética nacional.
Si el celo justiciero de Nuño fuera auténtico y realmente quisiera
identificar a presuntos ladrones tendría que olvidarse de los
movimientos sociales y voltear la mirada al entorno presidencial: allí
se encontraría mansiones que valen, esas sí, 130 millones de pesos;
adjudicaciones, concesiones y contratos como los otorgados a Grupo Higa y
OHL o negocios de ganancias astronómicas y utilidad social nula, como
el nuevo aeropuerto; hallaría Ferraris auténticos y no Lamborghinis
inventados; descubriría colecciones de arte multimillonarias en
residencias de burros que no tienen la menor cultura artística, pero sí
muchos vínculos con el poder; se enteraría de nombres y apellidos de
protagonistas de trasiegos financieros listados en Los papeles de Panamá y
sabría de una montaña de operaciones con recursos de procedencia
ilícita que le cuesta al país más de medio billón de pesos al año. El
secretario de Educación Pública tendría que fijarse, en suma, en su
jefe, sus compañeros de gabinete, los socios externos y los peces gordos
del servilismo corporativo.
Nuño presume al revés que la sociedad, pues ésta, cuando se
trata de ubicar a los posibles rateros, dirige la mirada a las cúpulas
del poder público. Pero así como las presunciones de la opinión pública
nacional e internacional no pueden cobrar certeza jurídica porque la
institucionalidad se juzga y se absuelve a sí misma por medio de
funcionarios como Virgilio Andrade y Arely Gómez, las presunciones del
poder, en cambio, pueden ser convertidas en órdenes de aprehensión,
porque cuando se tiene el control de la policía, de la Procuraduría o de
la Secretaría de Hacienda, resulta muy fácil inventar pruebas, fabricar
culpables y transmutar disidentes, luchadores sociales y opositores en
delincuentes comunes.
Tras la matanza de Tlatelolco decenas de estudiantes, profesores e intelectuales fueron condenados, entre otros delitos, por
robo. Seguramente el secretario Nuño no ha leído los expendientes respectivos y no sabe, en consecuencia, cuan grotescamente parecidas resultan las imputaciones que fabrica el peñato a las que inventaba el régimen diazordacista.
¿Que por qué se moviliza Morena en defensa de los presos políticos magisteriales, secretario Nuño? Pues por decencia.
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