Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
Desde
Quebec, Canadá, el presidente mexicano informó a sus gobernados “para
el gobierno lo que está muy claro y lo que es su deber es justamente
aplicar lo que está en la legislación, el mandato que tiene la ley”, y
no está “dispuesto a negociar ese ordenamiento ni ningún otro”, como la
reforma educativa. De aquellos sólo 35 de cada 100 lo aprueban y 60 por
ciento lo desaprueban, porcentajes inferiores a los que obtienen los
legisladores, hecho sin precedente, al decir del encuestador Guillermo
Valdés.
Sé que este oficio es para ofrecer respuestas a los
lectores, no para formular preguntas, pero ¿por qué si los gobernantes
están seguros de sus posiciones políticas aprovechan sus visitas al
extranjero para abordar problemas que no se atreven a hacerlo en México?
Cuando
Enrique Peña guarda silencio en México, 10 días después de la matanza
de Nochixtlán –documentada por Jorge Arturo Pérez de Cuartoscuro que
dirige Pedro Valtierra, y dos agencias internacionales con fotografías
que obligaron al secretario de Gobernación, Miguel Osorio, y al muy
titubeante jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo, a cambiar su
insostenible versión de que sus agentes acudieron desarmados a deshacer
el bloqueo carretero. Peña sólo se atrevió a enviar tuits.
No
negociará “la ley”, jura, como desde hace 11 meses lo dice su amigo y
secretario de Educación, pero cabe la pregunta formulada por los cinco
obispos de Chiapas: “nos llama la atención que el señor presidente de la
república (Enrique Peña Nieto) regresó al Congreso la ley sobre
transparencia, porque se lo pidieron los empresarios, pero se tiene
resistencia para reconsiderar algunos aspectos de la reforma educativa
que piden los maestros. ¿Tienen más poder e influencia los empresarios
que los maestros?”
La respuesta es más que evidente, lo que
importa, sin embargo, es la petición a los legisladores para que “abran
algún canal de diálogo” con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación, para tratar el tema de la reforma educativa, porque
“escucharlos, por el bien de la educación, es un clamor de nuestro
pueblo”. Exigencia que antes expresaron el presidente de la Comisión de
Educación del Senado y el coordinador de los senadores del PRD, mientras
el titular del Ejecutivo, Osorio Chong y Aurelio Nuño intentan
minimizarla con juegos retóricos.
Los obispos piden “garantizar
que no hay un proceso de privatización de la educación, sino que el
Estado cumplirá su responsabilidad de dar educación gratuita”. Los
juramentos gubernamentales no tienen credibilidad, tampoco sus
propagandistas. José Narro, por ejemplo, puede jurar que el IMSS no se
privatizará mientras se subrogan servicios diversos, pero los
trabajadores de la salud en movimiento en 82 ciudades, el 22 de junio,
también en apoyo a los vituperados profesores disidentes, anuncian que
persistirán en su brega.
Como en el exabrupto cometido en la
Universidad Iberoamericana (11-V-12) cuando era candidato presidencial,
el mexiquense de Atlacomulco defendió las políticas de criminalizar la
protesta: “Quiero decir que éste no es el primer evento (sic) en el que
el Estado ha tenido que recurrir al uso de la fuerza pública para
mantener el orden y la tranquilidad social”. Olvidó las nueve vidas
humanas perdidas en Oaxaca, los 45 heridos de bala, los 22 desaparecidos
y la repulsa que aún suscita y lo obligó a revisar la cerrazón oficial
ante la CNTE, con un diálogo donde el candidato presidencial Osorio
Chong defiende a su par Nuño Mayer.
Utopía 1695. 29-VI-16
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