Luis Videgaray, titular de la SRE. Foto: Benjamin Flores
Por Pablo Gómez (apro).- La posición del gobierno de México frente al de Venezuela no podría analizarse al margen de la política internacional de México, tomada ésta como un legado de generaciones anteriores. Sin embargo, valdría la pena centrar la discusión en los aspectos concretos de las sanciones impuestas por Donald Trump y secundadas por Enrique Peña Nieto y su improvisado canciller Luis Videragay.
México ha firmado acuerdos y tratados para perseguir
delincuentes buscados en otros países, afectar sus bienes e, incluso,
detenerlos con fines de extradición. Pero el gobierno mexicano no está
autorizado para aplicar sanciones por motivos políticos. Incluso, la
Constitución prohíbe la extradición de reos políticos (art. 15), con lo
cual traza una raya infranqueable entre el Estado mexicano y la lucha
política interna de otros países, en la que México no puede tomar parte
porque no admite que extranjero alguno lo haga en los asuntos políticos
del país.
En México no están autorizados los decomisos, secuestros o
incautaciones de bienes, mucho menos las confiscaciones, sin orden
judicial. Videgaray no es un juez. La PGR y un juzgado podrían actuar en
este sentido, a petición oficial de parte extranjera, sólo para
colaborar con el país donde actúan o pueden actuar los posibles
responsables de muy definidos delitos, como son terrorismo y
delincuencia organizada.
El gobierno de México ha ido mucho más lejos que asumir una decisión
ilegal. Ha hecho lo que, por simple rubor, se abstienen de hacer los más
sometidos aliados de Estados Unidos. Al admitir como buena una
declaración del director de la CIA, Videgaray niega que la conducta de
tal personaje haya sido una intromisión en la política exterior del
gobierno mexicano y que éste, al mismo tiempo, se encuentre actuando en
la crisis venezolana bajo instrucciones de Washington. El director de la
CIA dijo: ”…tenemos gran esperanza de que haya una transición en
Venezuela y lo que está haciendo la CIA es entender mejor las dinámicas
allá, de forma que podamos comunicar a nuestro Departamento de Estado y a
otros […] recién estuve en Ciudad de México y en Bogotá, una semana
antes de hablar acerca de este mismo asunto y tratando de hacerles
entender las cosas que ellos podrían hacer para obtener un mejor
resultado para su región y la nuestra”.
La CIA admite a las claras que busca una transición en Venezuela, la
cual, en todo caso, implicaría un nuevo gobierno, pues de otra manera,
¿de qué transición se estaría hablando? Luego, el director de
la inteligencia estadunidense afirma que estuvo en México y en Bogotá,
“tratando de hacerles entender las cosas que ellos podrían hacer…”.
Esos ellos son los que gobiernan México y Colombia, quienes, se
dice, hablaron con alguien que estuvo tratando de ”hacerles entender las
cosas”, pero ese alguien no era un diplomático sino un espía mundial e
interventor de países. En respuesta, las autoridades venezolanas han
criticado duramente a los gobiernos de esos dos países, los cuales
han formulado sendas réplicas negando que sus políticas sean formas de
intervención y afirmando que lo dicho por el director de la CIA no
implica injerencia alguna en asuntos internos venezolanos.
El gobierno de México podría hacer cuanta declaración considerara
correcta para manifestar su opinión relacionada con la crisis
venezolana y podría criticar a quien quisiera, gobernantes o no. Lo que
no puede hacer es formar parte de un alineamiento internacional para
promover el cambio de gobierno en Venezuela, o en cualquier otro país,
como lo ha intentado en la OEA y, luego, lo ha hecho, en forma
bilateral, con Estados Unidos, al secundar una sanción de este último
contra Venezuela, como represalia política concreta contra otro
Estado. Esta conducta es inconstitucional porque lesiona el
principio normativo de no intervención y el de proscripción de la
amenaza en las relaciones internacionales (art. 89. X).
En Estados Unidos existe una ley que faculta al presidente a llevar a
cabo esa clase de actos de represalia y otros muchos más, pero en
México no hay nada al respecto en la legislación. Lo que no tiene
autorizado el presidente de la República, lo tiene prohibido. Así se
simple. Pero, además, la conducta del gobierno mexicano es abiertamente
contraria al derecho constitucional mexicano.
La simple sanción aplicada a funcionarios gubernamentales venezolanos
como represalia, medio de presión y amenaza, secundando a un tercer
gobierno para perjudicar a Venezuela, tendría que llevar a incoar
juicios políticos contra los funcionarios que hubieran aplicado la orden
relativa. La conducta de Videgaray y posiblemente las del procurador y
del secretario de Hacienda, por instrucciones de Enrique Peña
Nieto, son contrarias a la Constitución y las leyes de México.
Por ahora el juicio político parece un sueño, pero para iniciarlo se
tiene hasta un año después del momento en que dejen el cargo esos
funcionarios y otro año más para sancionarles. Por la naturaleza del
agravio, habría que instalar el hasta ahora inexistente juicio político
en México.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario