Desde hace semanas este
diario ha reportado la situación de emergencia que se vive en la isla
quintanarroense de Holbox, un destino turístico privilegiado por su
ubicación en el Caribe mexicano y por sus bellezas naturales. Pero el
colapso de esa pequeña localidad insular no se debe a fenómeno natural
alguno, sino a su sobre explotación como sitio de descanso y
esparcimiento, a la voracidad de los proyectos hoteleros y a la
indolencia de autoridades e instituciones.
La infraestructura de la isla –originalmente concebida para un millar
de habitantes– se vio definitivamente sobrepasada por un crecimiento
poblacional de más de 400 por ciento, al que se ha aunado el constante
incremento en el número de visitantes, que en una semana cualquiera
asciende a unos seis mil, pero que ha conocido picos de en-tre 12 mil y
15 mil turistas, como ocurrió en marzo pasado.
Semejante saturación llevó a una crisis en el abasto de energía
eléctrica y de agua potable y produjo un colapso en los drenajes y los
basureros, de tal manera que tanto los habitantes como los viajeros
enfrentan circunstancias insalubres, peligrosas y extremadamente
incómodas. La isla, que forma parte de la reserva de la biosfera y del
Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, ha experimentado un
deterioro ambiental de graves proporciones. Estos factores han generado,
a su vez, un agudo malestar social entre los pobladores.
Holbox se ha convertido, en suma, en un ejemplo vivo y lacerante de
la falta de planificación en los destinos turísticos de la entidad y del
país y de la descontrolada avaricia de las empresas turísticas, que se
traduce en prácticas de depredación ambiental y humana. En efecto, la
situación actual de la isla debe ser vista en el contexto de la crisis
por la que atraviesa prácticamente todo el Caribe mexicano debido a la
sobre explotación, el descuido del medio ambiente, la sobrepoblación y
la irr
upción,
en paisajes paradisiacos, de la descomposición social y la delincuencia
organizada que la política económica neoliberal ha dejado como saldo
trágico en numerosos puntos de los litorales nacionales.
Más allá de las medidas paliativas de última hora –remiendos
al drenaje y envío urgente de una decena de camiones cisternas para
abastecer de agua a la isla–, es claro que en destinos como el referido
se requiere de un nuevo modelo de desarrollo, que integre las
necesidades de la población con la preservación del entorno, la
realización de actividades empresariales en el ramo del turismo y una
nueva estrategia nacional de seguridad pública que, lejos de exacerbar
la violencia delictiva, como ha ocurrido en esta década, contribuya a
disminuirla de manera tajante.
Todo lo anterior requiere, a su vez, una negociación amplia, puntual e
incluyente entre todos los actores involucrados y, desde luego, de la
voluntad política de las autoridades federales, estatales y municipales.
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