Se vigilará proceso electoral para atender casos
Las
instituciones electorales y defensoras de los derechos de las mujeres
en la Ciudad de México se comprometieron a vigilar el proceso electoral
para atender cualquier caso de violencia que busque impedir el ejercicio
de los derechos político-electorales de las capitalinas que participan
en estos comicios.
Así lo afirmaron este miércoles durante la presentación de la “Guía
para la Atención de la Violencia Política por Razones de Género y
Derechos Humanos en la Ciudad de México” elaborada por el Instituto
Electoral (IECM), el Tribunal Electoral, la Comisión de Derechos
Humanos, el Instituto de la Juventud y la Procuraduría General de
Justicia de la capital.
Al respecto, la consejera electoral y presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos e Igualdad de Género del IECM, Gabriela Williams,
señaló en entrevista con Cimacnoticias, que en esta contienda electoral
habrá muchas mujeres participando por lo que es importante que todas las
autoridades respondan a posibles casos de violencia política.
Con la reforma política que convirtió el Distrito Federal en Ciudad
de México, en la capital del país se elegirán 160 concejalías, 33
diputaciones (más33 diputaciones pluris), 16 alcaldías y una Jefatura de
Gobierno pero además todos los partidos están obligados a dar la mitad
de las postulaciones a las mujeres.
La consejera explicó que aunque en un primer momento se determinó que la violencia política de género sería una causal para anular una elección
en la capital, este principio no quedó establecido en el Código
Electoral, por lo que destacó que dependiendo del análisis de los casos
sí podría ser causal de nulidad si afecta la equidad de la contienda.
El Código Electoral menciona la violencia política, sin especificar
“de género”, o “en razón de género” pero remite a la Constitución y a
Ley Procesal Electoral, esta última establece en su Artículo 114 que una
de las causales de nulidad de un proceso será cuando se acredite la
existencia de violencia política y violencia política de género.
Otra de las novedades en este proceso electoral es que el primer
Congreso de la Ciudad, ahora que desaparecerá la Asamblea Legislativa,
deberá integrarse de manera paritaria sin importar si en las urnas ganas
más hombres. Para lograrlo, el IECM deberá hacer los ajustes necesarios
en las diputaciones plurinominales que se asignan.
“El IECM tendrá que integrarla de manera paritaria,
independientemente de cómo salga la votación. Dentro del Instituto
tendremos que integrar mediante representación proporcional, al mismo
número de mujeres que de hombres tanto en el Congreso como en
concejalías”, señaló la funcionaria.
De acuerdo con la Constitución Política de la capital, vigente desde
febrero del año pasado, y las leyes electorales locales, los partidos
deben garantizar la participación de mujeres, población indígena y
personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Trasvesti e
Intersexual.
Además el Artículo 6 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales señala que toda persona puede acceder a cargos de la función
pública, en condiciones de igualdad y paridad, libre de todo tipo de
violencia y discriminación.
Cada partido, según el Artículo 14 de esta legislación, debe incluir
al menos siete fórmulas de personas jóvenes entre 18 y 35 años de edad
en el caso de las candidaturas por el principio de mayoría relativa; y
cuatro fórmulas de jóvenes de entre 18 y 35 años por el principio de
representación proporcional.
Es por ello que esta Guía para atender la violencia política también
hace referencia a otros grupos de la población que son discriminados.
El documento, similar al “Protocolo para la Atención de la Violencia
Política contra las Mujeres en Razón de Género”, editado en 2017 por
autoridades electorales federales, indica la ruta a seguir en caso de
violencia política e incluye conceptos para que los servidores públicos
atiendan a las víctimas o dicten medidas cautelares.
El presidente del Tribunal Electoral local, Armando Hernández Cruz,
explicó que quienes cometan violencia política pueden ser sancionados
con una amonestación pública, multas, remoción del registro del
instituto político, pérdida de su derecho a registrarse como candidatas y
suspensión de cargos e incluso anular un proceso.
En la presentación de esta guía participaron consejeras electorales,
magistradas, la presidenta del Instituto de las Mujeres capitalino,
Teresa Incháustegi; la ombudsperson, Nashieli Ramírez; y representantes
de la Jefatura de Gobierno, del Instituto de la Juventud y de la
Procuraduría local.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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