4/04/2018

Las noticias de CIMAC


Hazel Zamora Mendieta Cimacnoticias | Ciudad de México.- En México, durante 2017, únicamente 89 mujeres interrumpieron un embarazo producto de una violación en cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) según los datos que la Secretaría de Salud (Ss) proporcionó al Estado Mexicano a petición del Comité de expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Como parte del proceso de la novena evaluación que va enfrentar México ante CEDAW del 2 al 20 de julio de 2018, el Comité de expertas de la ONU pidió al gobierno mexicano en noviembre del año pasado estadísticas adicionales sobre las mujeres que accedieron al aborto legal en el país.

El Estado respondió el pasado marzo por medio de un reporte, que apenas en 2017 la Secretaría de Salud comenzó a elaborar el “Informe sobre casos de Interrupciones Voluntarias del Embarazo al amparo de la NOM-046-SSA2-2005” y documentó 89 casos.

Cabe recordar que esta Norma Oficial data de 1999 pero únicamente se refería a la violencia familiar, por lo que fue modificada en 2006, a raíz del caso de la violación sexual de la entonces menor de edad Paulina, en Baja California, y como parte del acuerdo de Solución amistosa emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para incluir la violencia sexual y contra las mujeres, así como el acceso al aborto por violación como un derecho que ampara esta Norma, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación hasta 2009.

Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.-Tras reconocer que los Derechos Humanos se están volviendo cada vez más exigibles por la ciudadanía capitalina, esta mañana la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, presentó su informe anual de labores, en la Asamblea Legislativa.

Durante su intervención señaló que 2017 fue el segundo año con el menor número de Recomendaciones en la historia de la Comisión y que se lograron avances en el cumplimiento de los instrumentos recomendatorios sujetos a seguimiento, al concluirse 261 puntos y 14 recomendaciones en su totalidad, entre las que destacó el pago de indemnizaciones a víctimas, y la elaboración, revisión y publicación de manuales y protocolos para regular la actuación de autoridades en el contexto de manifestaciones o reuniones.

Indicó que se emitieron 7 recomendaciones dirigidas a distintas autoridades de la Ciudad donde se determinó la violación a Derechos Humanos por detenciones arbitrarias, violencia institucional contra mujeres adolescentes en internamiento, omisiones al deber de custodia en juzgados cívicos, omisiones en la investigación de casos de feminicidio y homicidios de periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos, uso desproporcionado de la fuerza, violencia obstétrica y mala práctica médica.

De acuerdo con datos de la Relatoría por el Derecho a Defender los Derechos Humanos, de enero a diciembre de 2017 se registraron 378 agresiones: 75 contra mujeres y 27 contra grupos de mujeres.

Lucía Lagunes Huerta Cimacnoticias | Ciudad de México.- De acuerdo con la definición de María Molliner, una persona transgresora es aquella que comete una transgresión. Es decir, que desobedece una orden.

 
Las mujeres para vivir con dignidad y en libertad han tenido que ser transgresoras, romper patrones de obediencia, del deber ser. Transgresoras de los cautiverios impuestos para mantenerlas en la obediencia del mito de la feminidad.
 
Algunas han hecho de la transgresión individual una transgresión social para allanar el camino de sus hermanas. De ellas, quienes han decidido hacer de la arena pública un espacio de construcción de libertades, es que surge esta sección.
 
Usando la entrevista daré voz al proceso de transgresión en cualquier ámbito y en cualquier lugar del mundo.

Redacción Cimacnoticias | Guatemala, Gua .- El Mecanismo de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores y operadores de justicia de Honduras, conoció 43 solicitudes de protección durante el período post electoral, del 26 de noviembre de 2017 al 9 de febrero de 2018, informó su directora, Nora Urbina.

A decir de Urbina, esta situación pondría en aprietos los compromisos que adquirió el Estado hondureño en el Examen Periódico Universal (EPU), en el año 2010 – 2015. De los 43 casos, 32 tienen relación con la crisis post electoral, 16 son de personas defensoras, 15 de periodistas y comunicadores sociales y un operador de justicia, indicó.

Los datos mencionados ratifican informes internacionales en cuanto a que Honduras es uno de los países más peligrosos para defender los Derechos Humanos y ejercer el periodismo.

Según la funcionaria, se han adoptado medidas integrales de protección, pero esto deja muy en claro que el presidente de la República asumió su mandato con una crisis de Derechos Humanos que fue provocada por su reelección.

RedacciónCimacnoticias | Ciudad de México.- Ante el recién fallecimiento del dictador guatemalteco, José Efraín Ríos Montt, una de las organizaciones que litigó en su contra, el Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos (CALDH), recordó que “la justicia pronta y cumplida” que promete el sistema de justicia de Guatemala no llegó a las y los sobrevivientes del genocidio del pueblo maya ixil, pero eso sí, aún se les debe el derecho a la verdad y la reparación del daño.

Efraín Ríos Montt, quien falleció a los 91 años de edad el pasado 1 de abril llegó al poder de Guatemala en marzo de 1982 por un golpe de Estado. Con solo un mes de estar al mando el dictador lanzó la operación para exterminar (conocida como “tierra arrasada”) a la población ixil del país, en la que murieron mil 771 indígenas.

Por lo crímenes cometidos por el dictador el Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos y la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) presentaron ante el Ministerio Público de Guatemala una denuncia en su contra por genocidio.

El 19 de marzo de 2013 el ex dictador fue sometido a juicio por los delitos de lesa humanidad y las matanzas cometidas contra del pueblo ixil entre 1982 a 1983, en conjunto con el  exdirector en inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez.

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