En 4 años solo 335 sentencias por feminicidio
De
cara a la 9ª evaluación de México ante el Comité de la Convención para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés), las expertas de la ONU requirieron al
Estado mexicano información complementaria sobre impartición de
justicia en casos de feminicidio y los resultados de la Alerta de
Violencia de Género (AVG), a lo que el gobierno respondió que “no existe
un mecanismo para evaluar el impacto de la AVG” y que de 2013 a 2016 se
han dado solo 335 sentencias por dicho delito.
Estas aclaraciones e información adicional –entre otra sobre datos de
aborto, acceso a la información, migración de mujeres- que pidieron las
expertas que integran el Comité de CEDAW son dudas surgidas del informe
que como cada cuatro años entregó el Estado mexicano en diciembre de 2016, y fueron solicitadas luego de una sesión de trabajo que mantuvieron en noviembre de 2017 en Ginebra, Suiza.
El pasado 26 de marzo el Estado mexicano respondió al Comité a través
de un informe -sin desglosar la información de las víctimas,
victimarios, las condiciones y entidades donde ocurrieron tal como lo
pidió CEDAW- que en cuatro años (2013 a 2016) se abrieron 2 mil 157
carpetas de investigación o averiguaciones previas por feminicidio.
De estos casos, destaca que un 34 por ciento ocurrieron en 2015 (730
en total), colocándose como el año con mayor número de carpetas o
averiguaciones registradas por feminicidio.
Sin embargo, al hablar del avance de impartición de justicia, en el
mismo periodo, el número de personas procesadas por feminicidio se
reduce alrededor de la mitad, a mil 207; al llegar a las sentencias
disminuye aún más, solo se reportan 335.
A pesar de que el Estado mexicano indicó en el documento dirigido al
Comité de CEDAW que las entidades federativas “no tienen instituciones
capaces de enfrentar la violencia de género”, no detalló las barreras
que impiden al mecanismo de la Alerta de Género tener resultados como se
requirió. Esto se debe a que “no existe aún un mecanismo para evaluar
el impacto de la AVG”, indicó el Estado.
Respecto al bajo número de sentencias por feminicidio, el Estado
mexicano argumentó que “el proceso de procuración e impartición de
justicia en México es largo” y los casos que tienen una sentencia es
porque “ya han recorrido un largo camino”; y aceptó que “todavía se
tiene un registro incompleto sobre el número de casos de feminicidio”.
Otras cuestiones en materia de violencia contra las mujeres que el
Comité de CEDAW pidió que fueran aclaradas por el Estado mexicano antes
de la evaluación prevista del 2 al 20 de julio, quedaron sin respuesta,
como las medidas que se han tomado para erradicar la mala investigación
de los asesinatos de mujeres específicamente en los estados de Chiapas,
Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, el Estado de México,
Veracruz y Quintana Roo, así como en la Ciudad de México y Ciudad
Juárez.
El Estado mexicano únicamente describió en el informe complementario
los sistemas de recolección de datos sobre casos de violencia de género
que han implementado algunas de estas entidades, pero que se han hecho
como parte de las acciones que deben cumplir por una solicitud de AVG.
Ahora, en julio próximo toca a las expertas de CEDAW evaluar y emitir
una serie recomendaciones al Estado mexicano las cuales deberá atender
de forma obligatoria.
Para contrastar la información oficial sobre la situación de los
derechos de las mexicanas hasta ahora tres organizaciones civiles han
presentado informes alternativos a CEDAW, en temas como derechos
sexuales y reproductivos, acceso a la justicia y violencia familiar.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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