Ivette Lira
Representantes de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas acusaron al PRI y al PVEM de promover la Ley General de Biodiversidad, una iniciativa que acusan “buscan a toda costa legalizar el despojo” de los recursos naturales y genéticos” de sus comunidades.
La Ley General de Biodiversidad, promovida por la Senadora Ninfa Salinas, del PVEM, ha sido criticada por organizaciones civiles, académicos y partidos políticos de oposición al considerar que violenta derechos humanos, abre la puerta a actividades extractivas como la minería y el fracking aún en zonas protegidas, además de omitir la opinión de los pueblos.
Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).- Ante la amenaza de la
aprobación de la Ley General de Biodiversidad (LGB) en la Cámara de
Diputados, representantes de pueblos, comunidades y organizaciones
indígenas, agrupados en la Red Nacional Indígena (RNI), acusaron que el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) “buscan a toda costa legalizar el despojo” de los
recursos naturales y genéticos, además del conocimiento tradicional de
los pueblos indígenas.
“Una vez más [las autoridades] nos pisotean con esta ley que pretenden aprobar. Mancillan y violan nuestros territorios sagrados en donde nuestros abuelos nos han enseñado el cuidado de la madre tierra. Con esta ley pretenden destruir nuestras áreas naturales con nuestros hermanos animales que viven en estas zonas”, recriminó César Cruz, de la RNI.
Cabe mencionar que la iniciativa de la Ley General de Biodiversidad,
promovida por la Senadora Ninfa Salinas, del PVEM, ha sido criticada por
organizaciones civiles, académicos y partidos políticos de oposición al
considerar que violenta derechos humanos, abre la puerta a actividades
extractivas como la minería y el fracking aún en zonas protegidas,
además de omitir la opinión de los pueblos.
En referencia al último punto, la Red manifestó que se trata de una
Ley omisa en consultar a los integrantes de pueblos y comunidades
indígenas, tal como lo establecen el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) sobre derechos indígenas, las normas y
jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Por ello, César Cruz, miembro de la RNI, exigió: “Se debe consultar a
las comunidades indígenas y no nos han consultado […] Nos oponemos a
esta Ley de Biodiversidad porque perjudica a nuestras futuras
generaciones”.
En el mismo sentido, Óscar Banda, miembro de la Red, afirmó que la
consulta no es un “capricho”, sino un derecho de las comunidades a
emitir su opinión y a tomar una decisión sobre los recursos naturales
que ellos protegen.
ASÍ AFECTARÍA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS…
En entrevista para SinEmbargo, David Ruiz, maestro
en Ciencias Bioquímicas y miembro de la RNI, señaló tres puntos
importantes en los que las comunidades indígenas se verían afectadas:
1. Violenta el derecho a la consulta previa, libre e informada.
2. Valida la extracción de los recursos naturales, la desposesión del
conocimiento para que terceros se acrediten la propiedad, es decir, la
LGB contribuye con la biopiratería. Las industrias que podrían verse
beneficiadas con la LGB serían la cosmética, la farmaceutica, la minera,
entre otras.
“Esta Ley lejos de cuidar a la diversidad biológica está abriendo la
oportunidad para que las empresas, los gobiernos y aquellos interesados
en el uso de los recursos genéticos puedan llevar a cabo procesos de
biopiratería sin consultar a los pueblos indígenas y sin que exista el
consentimiento previo. Violenta a todos porque todos somos beneficiados
con los servicios ecosistémicos”, puntualizó al respecto.
3. Desplazamiento de comunidades para dar paso al desarrollo de
megaproyectos y proyectos extractivos como minería, control del agua y
fracking.
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