No hay mecanismo para evaluar al Poder Judicial, denuncia Equis Justicia
La
organización Equis Justicia para las Mujeres denunció que las respuesta
del Estado mexicano al Comité de expertas de la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés), no muestran la realidad que enfrentan
las mujeres para acceder a la justicia, la falta de transparencia
judicial y la situación que atraviesan las mujeres privadas de la
libertad.
A propósito de la novena evaluación que enfrentará en julio de este
año México ante CEDAW, Equis Justicia envió al Comité de expertas de la
ONU –antes de una sesión de trabajo que tuvieron en noviembre de 2017-
un informe sombra sobre la “situación de acceso a las justicia de las
mujeres en México”, las expertas se valieron de este reporte para
cuestionar por primera vez al Estado mexicano sobre la actuación del Poder Judicial.
Sin embargo, Equis Justicia denunció en un comunicado que el gobierno
mexicano evadió responder a las expertas de Naciones Unidas si la
entrada en vigor en 2015 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (LGTAIP) representó un retroceso en la
publicación de sentencias y el acceso a la información de las mujeres.
De acuerdo con el informe público que
envió el Estado el pasado 26 de marzo, éste simplemente se limitó a
informar al Comité que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y
el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) publicaron 100 por ciento de
sus sentencias, con lo que omitió mencionar el actuar del Poder Judicial
en las 32 entidades del país, señaló la organización.
Hecho que resulta preocupante, indicó Equis Justicia, ya que por
medio de diversas investigaciones la organización documentó que
actualmente 10 entidades no han publicado una sola sentencia en los dos
últimos años en el Portal Nacional de Transparencia.
CEDAW también requirió de manera adicional al informe
que entregó el gobierno mexicano en 2016 (como está obligado a entregar
cada cuatro años), conocer los mecanismos para identificar las
prácticas discriminatorias que aplica el personal juzgador al dar
solución a los casos de violaciones a los derechos de las mujeres. De forma vaga el Estado dijo que ha “ampliado significativamente” la capacitación a las autoridades del Poder Judicial.
Equis Justicia denunció que es grave que no exista una forma de
evaluar la calidad y efectividad de estas “capacitaciones” porque,
además de que no se tiene acceso a las sentencias, se han invertido
grandes cantidades económicas en ellas. Indicaron que de 2008 a 2017 los
Poderes Judiciales locales han invertido más 596 millones de pesos en
capacitaciones relacionadas con perspectiva de género y Derechos Humanos
(DH).
Sin embargo, la organización sigue documentando una serie de casos en
los que las personas juzgadoras vierten prejuicios y estereotipos de
género, dando lugar a sentencias discriminatorias que obstaculizan el
acceso a la justicia para las mujeres, dijeron.
MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD NO ES TEMA PARA EL ESTADO
La situación de las mujeres privadas de la libertad fue otro de los
temas por los que el Comité de expertas de la CEDAW requirió información
al Estado debido al desmedido aumento del enjuiciamiento de mujeres por
delitos relacionados con las drogas, que según las expertas de la ONU,
en 2015 creció un 75 por ciento.
El Estado solo reportó que construyó el Centro de Rehabilitación y
Reintegración Social (Cefereso) número 16 en el estado de Morelos, a
decir del gobierno “un modelo innovador” para el sistema penitenciario
en apego a los “Derechos Humanos, trabajo, capacitación, educación,
salud, deporte y programas múltiples de actividades”. No obstante,
respecto al aumento de encarcelamiento de mujeres por delitos
relacionados con drogas, no dio ninguna respuesta.
En este sentido, Equis Justicia criticó que el Estado mexicano
respondió a CEDAW “información ambigua, pocos sustentada”, pero sobre
todo, que desdibuja la realidad en materia de acceso a la justicia para
las mujeres, transparencia judicial y la situación de viven la población
femenina privada de la libertad.
El veredicto si el Estado mexicano ha avanzado o no a favor de los
derechos de la población femenina quedará en manos de las 23 expertas
que conforman el Comité de CEDAW en la evaluación que se llevará acabo
del 2 al 20 de julio.
De ahí, el Estado tendrá que asumir y de carácter obligatorio cumplir
con las recomendaciones que las expertas emitan. Cabe recordar que esta
es la novena evaluación a la que se somete México ante CEDAW desde 1981
que se suscribió al instrumento internacional en pro de los derechos de
las mujeres.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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