Napoleón Gómez Urrutia
La crisis sanitaria ha
provocado una mayor caída en la economía mundial que se refleja en la
reducción de las inversiones, el aumento del desempleo y la
incertidumbre y seguridad individual y colectiva. Según los analistas y
algunos centros de investigación, como uno del Tecnológico de Monterrey y
de algunas otras instituciones internacionales, la actividad económica
en México se redujo en el segundo trimestre de este año 19 por ciento,
similar a la de España. En Europa también el desplome ha sido de grandes
proporciones como en Inglaterra con 20 por ciento; Francia, 14 por
ciento; Alemania, 10 por ciento, mientras en Estados Unidos fue de 33
por ciento.
Uno de los temas más sensibles es el crecimiento de la desocupación
en la gran mayoría de las naciones y en algunos casos está llegando a
niveles altamente preocupantes, como definitivamente se está registrando
en nuestro país. Y no sólo es un problema de injusticia o moralidad,
sino que desde el punto de vista del funcionamiento de la economía y el
mercado, se acelera la caída en la inversión y en la pérdida del poder
adquisitivo al no tener ingresos los trabajadores más que para
sobrevivir, y esto únicamente aquellos que guardaron algunas reservas
para la emergencia o tienen otras pequeñas actividades informales que
los pueden mantener en lo mínimo o lo básico, sin que hasta ahora se
hayan manifestado en brotes de inconformidad social o de alteración de
la paz laboral.
La tranquilidad generalizada no se ha roto, pero los riesgos van
adelante conforme pasa el tiempo, ya sea en el sector formal o informal
de los trabajadores. Tenemos que encontrar pronto una salida a esa
presión latente y anticiparnos a las inquietudes o inconformidades,
antes de que realmente se vuelvan un conflicto social. Hasta ahora han
estado controladas en una gran proporción y la desesperación creciente
no ha rebasado los límites. Sin embargo, hay frentes de ataques
sistemáticos de organizaciones o grupos que quisieran aprovechar esta
situación que estamos viviendo para provocar un cambio de rumbo, o para
ocultar otros males peores que envuelven a sus autores y responsables
como el saqueo, la evasión de sus obligaciones y la defensa de sus
intereses.
Por ello hoy se hace necesario revisar otros mecanismos y medidas que
aligeren la carga de las personas y de la clase trabajadora que están
sufriendo las consecuencias de esta grave situación que estamos
padeciendo. El seguro de desempleo es una alternativa fundamental y con
efectos más de corto plazo que los cambios o reformas al sistema de
pensiones, porque estos tendrán un impacto positivo más en el mediano y
largo plazos. Con el paso del tiempo la desocupación se va volviendo un
mal que puede ser tan destructivo como mortal. Hoy, es necesario atenuar
los retrocesos sociales de esta emergencia y contar con una fuente de
ingresos adicional, como este seguro de desempleo, con el objeto de
proteger a millones de trabajadores y sus familias, y así evitar que
sean condenados a la informalidad, la marginación y la miseria. De no
hacerlo, éste o cualquier otro mecanismo que aligere su carga, estaremos
viviendo un posible conflicto de consecuencias impredecibles.
El seguro de desempleo se aplica en algunos países porque es un
instrumento de apoyo temporal, ya sea en dinero o en especie. En una
investigación profesional de Ricardo Dosal Ulloa, abogado y socio
fundador de Strategy Mx,
el seguro de desempleo, jurídicamente es un derecho establecido en los artículos 23 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el cual al ser parte de un tratado internacional firmado por nuestro país, constituye un derecho humano protegido por el propio artículo 1º de nuestra Constitución. No obstante lo anterior, el seguro de desempleo sólo es válido desde el año 2008 en la Ciudad de México y con limitaciones y aportaciones insuficientes.
Peor aún, México es el único país de las 37 naciones miembros de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que
carece de un seguro de desempleo. En América Latina sólo hay seis países
que lo adoptaron en sus legislaciones, que van desde Ecuador en 1951;
Uruguay en 1958; Brasil en 1986; Argentina en 1991; Chile en 2001 y
Colombia en 2013. Lo anterior nos demuestra que independientemente del
tamaño o la evolución de sus economías, al menos han tenido el
compromiso y la voluntad política para adoptarlo.
En casi todas las naciones que tienen este seguro de desempleo, el
funcionamiento y la integración de los fondos provienen del gobierno,
las empresas y los trabajadores. En nuestro caso, la pandemia nos ganó
en el tiempo transcurrido y de aprobarlo sería con aportaciones de los
dos primeros y en la medida que transcurra la recuperación del empleo
perdido, la misma clase trabajadora también deberá aportar una parte de
sus ingresos para este gran fondo. Necesitamos estas medidas emergentes y
temporales si queremos transitar en esta grave crisis con una mayor
seguridad y estabilidad social.
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