La
próxima semana regresan a las escuelas millones de niñas y niños, en
situación de alta vulnerabilidad por la falta de acción de las
autoridades que pese tener la evidencia y hasta algunas sentencias,
siguen sin toma medidas frente a la violencia sexual que está viviendo
la niñez dentro de sus centros escolares.
Este es un tema difícil, indignante y terriblemente doloroso que hay que seguir poniendo en el centro y no voltear a otro lado, como lo ha hecho las autoridades, especialmente la Secretaría de Educación Pública.
La falta de acción gubernamental ha permitido que la violencia contra niñas y niños en los centros escolares escale y en tiempos de criminalidad generalizada esta también se haga presente.
Lo que está ocurriendo en escuelas preescolares y primarias, públicas y privadas, es el uso de niñas y niños menores de 7 años para la explotación sexual comercial, a través de la indignante pornografía infantil.
En esta acción criminal están involucrados docentes, directivas, supervisores e incluso personas externas a los centros escolares, y pese a las denuncias judiciales que están en curso y algunas sentencias, las autoridades educativas y de protección a la niñez, siguen sin tomar medidas.
No es que sea un rumor ni nada por el estilo, son los otros datos que han sistematizado desde la sociedad civil la Oficina de Defensoría de los derechos de la Infancia (ODI), quien ha documentado 141 casos en 25 centros escolares privados y públicos, de 10 entidades federativas.
“Ya no es un secreto” es el informe que presenta ODI y que es una actualización al presentado en 2021 donde muestra que la edad de las víctimas se ha reducido y se concentra en niñas y niños de entre 3 y 7 años de edad.
Estas niñas y niños son víctimas de abuso sexual organizado como lo clasifica ODI, cuyos patrones muestran el sistema que se usa: pues se agrede a víctimas en grupo; hay múltiples adultos presentes durante el abuso; existen actos de encubrimiento por personal escolar; hay adultos que facilitan el abuso de las y los niños; existen prácticas ritualistas y grotescas; se narra el uso de disfraces durante el abuso; el uso de cámaras y hay indicios de sedación.
Esta repetición muestra la organización que existen dentro de los centros escolares para el abuso sexual de las y los niños menores de edad y evidencia que no son hechos aislados ni excepcionales. No hay que olvidar que por desgracia México es un país que se encuentra en los primeros lugares de producción de pornografía infantil.
Este informe es público, es la segunda edición y las autoridades educativas no han dicho nada ni han tomado cartas en el asunto.
El abuso sexual contra niñas y niños en centros educativos es una denuncia vieja, con 30 años por lo menos, que en más de una ocasión se ha señalado a las autoridades educativas quienes han sido omisas con costos gravísimos para las y los niños.
En 2021 cuando se dio a conocer la primera investigación de ODI, varias periodistas preguntaron sobre el tema en la conferencia de prensa matutina del ejecutivo federal, quien prometió que la entonces secretaria de educación Pública Delfina Gómez informaría al respecto, la hoy gobernadora del estado de México acudió a los pocos días para hablar del regreso a clases sin tocar el tema.
Ante la ausencia de respuesta en días posteriores periodistas volvieron a insistir sobre el tema en La Mañanera, la respuesta que obtuvieron fue el dicho presidencial de que las investigaciones judiciales serían expeditas, como si él fuera el fiscal general, pero nada de la política de protección a la niñez que sí le compete.
Y como siempre se deja pasar el tiempo para que se olvide el tema.
Esta irresponsabilidad gubernamental tiene efectos en la búsqueda de justicia y no repetición, hoy varias de las investigaciones penales no solo no han hecho la justicia, sino que los procesos están plagados de irregularidades y obstaculizaciones que no han permitido el acceso a la justicia de las víctimas y las escuelas siguen funcionando con los mismos agresores.
Qué clase de país le hemos construido a las y los niños que están pasando por esto sin que la autoridad reaccione y cumpla con su deber de garantizar su derecho a la protección contra la violencia.
Más allá de los libros de texto pregunto qué está haciendo la actual Secretaria de Educación para que en este ciclo escolar que inicia el próximo lunes no se repitan ninguna agresión contra niñas y niños y se cumpla con las sentencias que se han logra donde se establece que la secretaria de Educación Pública debe:
- Instaurar un día del calendario escolar para concientizar sobre el abuso sexual en las escuelas.
- Establecer un programa de capacitación permanente al personal sobre el abuso sexual escolar.
- Y crear una política de escuelas transparentes para prevenir la violencia sexual.
Tres puntos muy concretos que ya deberían ser parte del programa escolar que inicia, que no cuesta dinero, pero que si puede ir construyendo el camino para proteger a la niñez de este terrible situación.
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