Destaca el gobierno de AMLO repunte en el sector energético

Aumentaron producción de crudo y generación de energía eléctrica

Errática, la política anterior de exploración y extracción de petróleo, afirma

▲ Acompañado del director de la CFE, Manuel Bartlett, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los logros en materia energética.

Al dar a conocer la recuperación de la producción de crudo, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, aseveró que se cerrará el año con una extracción diaria de un millón 770 mil barriles diarios, cifra por arriba del millón 625 mil de enero pasado, el punto más bajo. Paralelamente, se estima incrementar las reservas probadas para ubicarlas en 7 mil 500 millones de barriles.

Como parte de un balance del sector energético, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, sostuvo que contra la deliberada política de abandonar el mantenimiento establecido durante años y que el parque de generación fue decayendo, recibimos por primera vez en muchos años 24 mil millones de pesos, lo que permitió ya a estas alturas recuperar 5 mil 800 megavatios de capacidad.

En otro orden de ideas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reivindicó la iniciativa de reformas que permitiría a la Secretaría de Marina tomar el control de los puertos, por tratarse de instalaciones de carácter estratégico. Cuando se habla de militarizar, se exagera, no es eso, es tener el control de los puertos por el contrabando y el tráfico de drogas.

La presentación del balance energético dio pauta para una nueva condena presidencial a la reforma energética: “estamos recuperando a las empresas del sector, estratégicas, fundamentales, como Pemex y la CFE.

Fue un rotundo fracaso la mal llamada reforma energética. Estamos enfrentando el problema que nos heredaron en la caída de la producción petrolera y en la generación de energía eléctrica.

Criticó la errática política de exploración y extracción del crudo, pues optaron por invertir en el norte del país y aguas profundas, donde no hay petróleo o cuesta mucho extraerlo. Aseveró que en el campo Quesqui –que visitó el viernes pasado– es gigante, independientemente de lo que opinen las calificadoras. ¿Saben qué ventaja tiene, entre otras? Que nos va a costar seis dólares extraer un barril de petróleo. Se abaten por completo los costos, pues es un barril que se vende en 50 dólares; eso nos va a costar extraerlo, porque no hay corrupción y porque hay eficiencia.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseveró que el avance en la rehabilitación de las seis refinerías oscila en 60 por ciento en promedio, si bien donde se han logrado mayores resultados es en Salina Cruz –con 72 por ciento– y Salamanca –70 por ciento. En contraste, Tula reporta sólo 37 por ciento. Nahle explicó que se espera concluir en 2020 con el programa.

En el contexto de la conferencia en Palacio Nacional, se rindió un informe sobre el estado del sector energético, en el que Romero Oropeza se centró en dos aspectos: la recuperación de la actividad petrolera y de las reservas probadas. En el primer caso, dijo que en enero pasado se tocó fondo en la caída de la producción, misma que, sin las acciones instrumentadas, hubiera mantenido la tendencia hasta ubicarse en un millón 540 mil barriles diarios.

Sin embargo, destacó que la cifra de extracción, al domingo pasado, se ubicó en un millón 719 mil barriles, estimándose que al cierre del mes será de un millón 770 mil, y para finales de enero superaría un millón 819 mil barriles.

En cuanto a la reserva probada, precisó que el abandono en las estrategias para la exploración provocó una caída acentuada de 2015 a 2019. Tan sólo de 2015 a 2016 se redujeron de 12 mil millones de barriles a 9 mil millones, y posteriormente en 2019 a 7 mil millones. Romero Oropeza explicó que con las estrategias de exploración se prevé incrementarlas a 7 mil 500 millones de barriles en este año, pues es una información que importa mucho a las calificadoras.

El director de la CFE destacó que se han realizado importantes cambios en la operación, pues la reforma energética despojó a la CFE de la planeación, limitándola a un plan de negocios comercial y liberal, impidiéndole proyecciones estratégicas a mediano y largo plazos. Se trabaja para sustituir este vacío, se reimplantó la Dirección de Planeación Estratégica, para garantizar nuestra operación a futuro. Durante los años anteriores, la CFE fue limitando su generación de energía a partir de las decisiones regulatorias de que la empresa tenía que comprar energía a los generadores privados.

Bartlett destacó la creación de un sistema de inteligencia de mercado, que permitirá licitaciones y adquisiciones controladas, generando importantes ahorros y atacando la eventual corrupción en la compra de 240 mil millones de pesos al año.

Destacó que las directrices del nuevo gobierno son que la CFE deberá seguir generando 54 por ciento de la energía electrica, reservando al sector privado 46 por ciento.

López Obrador destacó que la CFE iba a desaparecer porque los planes que tenían eran cerrar las plantas del sector público, para dejarle el mercado a los particulares, sin la garantía de bajar los precios.

Foto Cristina Rodríguez

Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Energía: un rumbo posible

Navegaciones

Pedro Miguel

La Jornada 

El abasto energético del mundo es origen de una crisis permanente que da lugar a guerras y conflictos políticos y sociales de toda suerte. Ello es así porque la energía constituye uno de los componentes esenciales del poder y el poder siempre está en disputa. El control de las fuentes energéticas de naciones ajenas permite el ejercicio de dominaciones coloniales y, en forma inversa, la recuperación de los energéticos propios da pie también a procesos de construcción de soberanía y de liberación nacional.

En el caso de México, la expropiación petrolera de 1938 no sólo hizo posible fundamentar una política exterior soberana e independiente, sino que permitió, además, llevar al país a un periodo de crecimiento económico acelerado y al establecimiento de un estado de bienestar. Es decir, el Estado reconoció como obligación propia garantizar los derechos de la población en materias de educación, salud, alimentación, vivienda y otros rubros.

Uno de los mecanismos fundamentales de ese estado de bienestar fue el subsidio generalizado a los precios de los energéticos. Dueño de las industrias petrolera y eléctrica, el Estado podía ofrecer a la población combustibles y electricidad a precios muy bajos.

Tal política de bienestar y redistribución de la riqueza sirvió en buena medida como amortiguador social a los impactos nocivos generados de manera casi inevitable por las actividades de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro sobre los entornos ambientales y sociales. La razón de estado (de bienestar) sirvió para acallar inconformidades y movimientos sociales de protesta en contra de los perjuicios de la perforación de pozos y el tendido de ductos, la construcción de refinerías y la instalación de centrales hidroeléctricas, subestaciones y líneas de cableado de alta tensión, perjuicios que van desde las expropiaciones de tierras hasta la contaminación y ruina de zonas agrícolas y pesqueras, pasando por las distorsiones al tejido social que causaban tales empresas paraestatales en los puntos en los que operaban. Aun así, la devastación generada por las entidades energéticas paraestatales dio pie a importantes movimientos de resistencia en diversas regiones del país.

El efecto de amortiguación fue desapareciendo a medida que el régimen neoliberal iba cancelando los mecanismos de bienestar social y quedó del todo superado desde el momento en que el gobierno de Peña logró con éxito alterar, mediante la reforma energética, el pacto social que regía al sector. En lo sucesivo, éste no habría de regirse por el imperativo de ser palanca del desarrollo nacional, sino por la lógica de la máxima ganancia. Es importante agregar que los procesos de privatización no sólo transfieren a manos privadas infraestructuras y aparatos administrativos, sino también segmentos del mercado. Los usuarios de energía, es decir, las listas de abonados y los consumidores– se convierten en objeto de las transacciones de compra venta, asignación y concesión entre el gobierno y las empresas privadas.

La privatización de las industrias petrolera y eléctrica elimina, por lo demás, todo freno a la vocación devastadora de los grandes proyectos energéticos en la medida en que se pone al margen la responsabilidad del Estado en la construcción y operación de los complejos energéticos; en cambio, el afán de los consorcios privados de generar los mayores márgenes posibles de utilidad tiende a potenciar la vocación devastadora de las industrias y, por ende, a exacerbar los conflictos sociales allí en donde operan.

Por otra parte, la producción y distribución de energía han sido operadas, en su inmensa mayoría, por entidades públicas o privadas de grandes dimensiones que se rigen por la lógica de las economías de escala. Estamos tan acostumbrados a la presencia de ese modelo que suele parecernos el único racional y eficiente: sería mucho más barato centralizar la producción de electricidad en grandes obras hídricas, térmicas, nucleares o eólicas, que distribuirla en una multitud de pequeños generadores; sería absurdo que el propietario de un solo pozo petrolero (como los hay en Texas, por ejemplo) construyera una micro refinería para procesar su producción; resultaría mucho más caro (incluso en términos de costos ambientales) que cada casa habitación dispusiera de una planta generadora que instalar una termoeléctrica. Adicionalmente, los individuos, las familias y las pequeñas comunidades carecen, por lo general, de recursos para invertir en la generación de electricidad o para producir combustibles.

Es claro que esta circunstancia debe ser revertida. Pero, en el punto en el que se encuentran el país y el mundo, es cuestionable que la solución sea volver a la situación anterior a la reforma energética: el Estado como proveedor único.

Ciertamente, a pesar de la devastación de la industria energética nacional realizada por los gobiernos neoliberales, aún existe –tanto en Pemex como en la CFE– una importante planta instalada que es necesario reconstruir y utilizar, pero con orientaciones claras: abatir la dependencia del país de combustibles importados, reducir a cero la compra de electricidad de los consorcios privados, avanzar en la reconversión hacia formas de generación limpias y renovables, suspender la construcción de megaproyectos, alentar la producción autónoma de energía por personas y comunidades, y propiciar la incorporación del sector social en la distribución no lucrativa de electricidad y combustibles. En lugar de destinar grandes recursos a la expansión de la planta energética, debe instaurarse una estrategia de fomento a la generación y gestión comunitaria. Sólo de esta forma puede concebirse una política energética capaz de satisfacer la demanda creciente sin atentar contra los entornos sociales y ambientales. Una consideración fundamental en este sentido es que son las comunidades mismas las principales interesadas en preservar el ambiente y las que pueden, en consecuencia, operar la producción energética local sin atentar contra él. Otra reflexión insoslayable es que la producción local elimina los costos de transporte y distribución asociados a electricidad y combustibles.

La aplicación de los lineamientos referidos resulta mucho más fácil en el campo que en las ciudades y en el sector residencial que en el industrial o comercial. En el campo se cuenta con irradiación solar, cursos de agua, vientos y producción de biomasa, y las tecnologías necesarias para aprovechar tales recursos han bajado de precio en forma sostenida en años recientes; hoy día es realista, por ello, imaginar un sector agrícola plenamente autosuficiente en materia de energía. En cuanto a las urbes, sería necesario elaborar un programa de transición al autoconsumo en los hogares a fin de reducir paulatinamente las cargas correspondientes de la red pública y orientarlas a la industria, el comercio y los servicios.

Sin duda, la realización práctica de las ideas referidas requeriría de políticas de Estado transversales en los ámbitos de la economía, el impulso a la investigación y el desarrollo y la educación. Difícil es, pero no imposible. En todo caso, el ciclo neoliberal destruyó el viejo pacto social y no ha sido capaz de engendrar uno nuevo. Por el contrario, ha sembrado al país de conflictos y fracturas, y la política de saqueo aplicada por el régimen en el ámbito energético ha desempeñado en ello un papel principal. Es urgente tirarla a la basura.

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