Durante el fatídico
sexenio que comenzó en diciembre de 2012 y expira en el mismo mes de
2018 la tasa promedio de crecimiento económico del país será inferior a
2% en términos reales. Con ello se confirma no sólo el comportamiento
histórico-estructural del capitalismo neoliberal dependiente mexicano de
las últimas tres décadas — con Fox: 2,36% y con Calderón: 1,58%; en
ambos sexenios: 1,9%) —; sino, además, su irrefrenable pendiente al
cuasi estancamiento estructural parcialmente contrarrestado de manera
preventiva y coyuntural mediante la aplicación de "políticas
correctivas" del gasto público en contra de la población particularmente
en materia de gasto social como salud, vivienda, educación,
alimentación, recreación y salarios. El resultado ha sido el inusitado y
sistemático deterioro de la vida social y laboral de millones de
trabajadores y ciudadanos mexicanos cuyos ingresos son impiadosamente
pulverizados por la crisis capitalista y sus personeros: los voraces
empresarios y comerciantes; la inflación, los bajísimos salarios, el
desempleo, el hambre, la extendida mendicidad, la miseria y la violencia
generalizada que afecta a grandes contingentes de la población,
particularmente a los jóvenes y las capas más empobrecidas del país.
Mientras el gran capital monopólico nacional y extranjero, así como la
burocracia política obtienen súper-millonarias ganancias en la
industria, el comercio, los bancos y servicios, en el sistema financiero
especulativo y en la actividad estatal; con la privatización de las
empresas públicas que el gobierno traspasa al capital internacional
(energéticos, minería, comunicaciones, agricultura, servicios bancarios y
financieros, entre tantos otros) el pueblo y los trabajadores día a día
experimentan el deterioro de su vida social y familiar que cada vez más
para medio sobrevivir depende del desempeño de actividades
completamente precarias, callejeras, de ingresos insuficientes y sin el
goce de los mínimos derechos que formalmente en el papel estipula la
Constitución Política del país.
La crisis de México no es otra
más que la de su patrón de acumulación y reproducción de capital
fuertemente dependiente del ciclo económico de Estados Unidos. Desde
hace una década dicho patrón viene experimentando signos de agotamiento
en sus ejes axiales: la industria maquiladora de exportación ligada a
las transnacionales norteamericanas; las actividades energéticas
privatizadas por el gobierno a favor del capital extranjero; las remesas
que, con las políticas racistas y anti-mexicanas del presidente Trump,
vienen experimentando importantes reducciones y, por último, el turismo
que se ha visto menguado debido a la violencia institucional del Estado y
de los grupos irregulares de la delincuencia organizada, además de los
embates climáticos que han afectado a esta importante actividad
suministradora de divisas (para este tema véase Adrián Sotelo, México desahuciado: Dependencia, régimen político y luchas populares , CLACSO- ITACA , México, 2017).
Algunas de las características determinantes de la economía mexicana
durante el régimen de Peña Nieto (2012-2018) son la devaluación
permanente del peso, la contracción del Producto Interno Bruto, la
reducción del mercado interno, particularmente el de bajos ingresos y
los problemas de saturación del comercio internacional, cuya tasa de
crecimiento se redujo de 2,4% en 2013 a 1,3% en 2016 por debajo del
comportamiento del PIB mundial que en este último año fue de 3.1%
(Organización Mundial de Comercio, "Se prevé una recuperación del
comercio en 2017 y 2018 en un contexto de incertidumbre sobre las
políticas", 12 de abril de 2017, en: https://www.wto.org/spanish/news_s/pres17_s/pr791_s.htm ).
En este contexto en seguida comentamos los datos socioeconómicos de México contenidos en el último Boletín : La Voz de la Industria, vol.5, n. 108, 13 de diciembre de 2017 del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico
(IDIC) sobre el trabajo precario, la informalidad y los bajos salarios
que refuerzan lo planteado anteriormente (disponible en:
http://idic.mx/wp-content/uploads/2017/12/VozIndustria-20171213-Vol-05-Num-108-Bajos-salarios-informalidad-y-pobreza-la-debilidad-social-del-modelo-econ%C3%B3mico-v2.pdf
).
Ese Informe revela que los estados de la república
mexicana más pobres y castigados por el capitalismo y los gobiernos
neoliberales del PRI-PAN son Guerrero, con el 64% de su población en la
pobreza en relación con el total; Chiapas, con 77% y Oaxaca, con 70%. De
una población total en 2017 de 123.5 millones de habitantes, de los
cuales 65.2 millones tiene menos de 29 años, según el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), el IDIC apunta que el 62% de la
población ocupada no tiene acceso a las instituciones de seguridad
social y que el 42% obtiene un ingreso por debajo de la "línea de
bienestar mínimo".
La "informalidad" — no se define qué se
entiende por este concepto — alcanza un espectro poblacional de 30
millones de personas (25% del total de la población) o 58% de la
Población Económicamente Activa (54 millones 369 mil personas a marzo de
2017). Pero en algunos estados supera este nivel promedio de
informalidad como en Chiapas, con el 82%; Oaxaca, con 81%; Guerrero, con
80%; Hidalgo, con 73,8%; Puebla, con 73,6%; Tlaxcala, con 71,3%;
Michoacán, con 71%, y los estados de Veracruz, Tabasco, Morelos,
Campeche, Yucatán, Zacatecas y Nayarit, con un promedio de 65,34% del
total de la población en esta condición. Los estados con menor índice de
informalidad, señala el IDIC, son los norteños Chihuahua (35,9%), Nuevo
León (36%), Coahuila (37,7%) y Baja California (39,7%) entre otros.
El tipo de empleo que se crea en México por los gobiernos y el capital
neoliberal es típicamente precario (sin derechos ni prestaciones) puesto
que los 3 millones 600 mil empleos que se crearon entre 2012 y 2017 son
de bajos salarios y sólo una reducidísima parte se ha dado en los de
mayor rango salarial. Además destaca la insuficiencia de la creación de
empleos en México ya que de 1 millón 700 mil que se requieren por año (o
un total de 7 millones 200 mil que deberían haberse creado en ese
período) debido al aumento demográfico y a las expectativas que tiene la
población de contribuir a la actividad económica, sobre todo por parte
de los jóvenes (65 millones 200 mil) sólo se generaron anualmente 600
mil plaza de trabajo marcando un déficit crónico en la creación de
empleos. Asimismo, en el lapso 2012-2017, el 40.5% de la población
percibe ingresos promedio que fluctúan entre menos de un salario mínimo
(15.5%) hasta 3 salarios mínimos. El ítem poblacional que gana entre 3 y
5 salarios mínimos cae 9,6% y el que obtiene un ingreso superior a 5
salarios mínimos declina -30,6% en el período. En este rubro también se
acusa la estratificación desigual entre los estados de la República. Es
así como el IDIC señala que: "Las entidades federativas con mayor
ocupación con menores ingresos son Chiapas con 52.4%, Oaxaca con 49.2% y
Guerrero con 48.3%; mientras que en contrasentido los estados con menor
población con esta condición son: Chihuahua con 6.7%, Baja California
con 6.9%, Aguascalientes con 8.6% y Nuevo León con 8.6%; las demás
entidades superan el 10% de la ocupación con menores ingresos" (p.7).
En síntesis, la situación actual de México en materia social, de los
mercados de trabajo y de las condiciones de vida de la mayoría de la
población se caracteriza por la prevalencia de una economía de muy bajos
salarios, de empleos precarios y de pobreza que no gozan de derechos
sociales y laborales y están expuestos al libre arbitrio de la
competencia del mercado capitalista y de los vaivenes del ciclo recesivo
de la economía dependiente inserta en el mercado capitalista mundial.
La precariedad del empleo de bajos salarios, la superexplotación de la
fuerza de trabajo y la informalidad laboral constituyen la marca
distintiva del capitalismo dependiente y subdesarrollado mexicano que no
solamente afecta a vastos sectores de la población trabajadora sino,
incluso, a cada vez más segmentos de las otrora privilegiadas clases
medias del país.
Adrián Sotelo Valencia es sociólogo e
investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
