4/11/2020

Baja la demanda de mujeres de otros estados para ILE, en la capital, se mantiene: Mexfam


Ciudad de México. La gerente de servicios médicos de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, Mexfam A.C, Adriana Domínguez Torres, grupo que opera tres clínicas de aborto en la Ciudad de México, confirmó en entrevista con Cimacnoticias que la demanda de usuarias foráneas que solicitan una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), ha bajado durante la contingencia por COVID-19.
La disminución fue de un 23 por ciento. Los principales estados de origen de las usuarias que acudieron en el mes de marzo fueron Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo y Morelos. Mientras tanto, la demanda de usuarias residentes en la Ciudad de México no ha bajado.
Cabe destacar que los servicios de atención sí se redujeron según la Secretaría de Salud, y que las clínicas que realizan abortos pueden enfrentar problemas de abastecimiento, falta de personal, y contagio ante la crisis del COVID-19. Por ejemplo, los hospitales que ofrecen el servicio gratuito de ILE, como el Hospital General Ajusco, el Hospital General Dr. Enrique Cabrera, el Hospital General Ticomán, o los Hospitales Materno Infantiles, podrían recibir una sobrecarga de pacientes con COVID-19, una vez que el país entra en la fase 3 de la epidemia.
Adriana Domínguez Torres explicó a esta agencia que las clínicas de Mexfam están siguiendo un plan de contingencia estricto: mandaron a casa al personal que entra en los grupos vulnerables, como personas con diabetes o hipertensión. Desde la entrada, se mide la temperatura de las pacientes y se les pide lavarse las manos antes de acercarse al personal. Se espaciaron las sillas en las salas de espera, hay marcas de distancia en los pisos, y se intercalan las citas.
En caso de que una clienta entre con síntomas, se le hace un cuestionario para averiguar si podría haberse contagiado con COVID-19, si existen dudas, se relega a la paciente a los hospitales correspondientes. Por el momento, no sería posible hacer una cirugía a una persona comprobada positiva para COVID-19, dijo Domínguez Torres.
Sin embargo, Mexfam está avanzando la telemedicina para las personas confinadas en casa. En la CDMX, es posible hacer un aborto con pastillas abortivas, Mifepristona y Cytotec, hasta la semana 10 de gestación, explicó. La supervisión médica podría ser garantizada vía telemedicina.
Al mismo tiempo, aseguró, la IPPF (International Planned Parenthood Federation, por sus siglas en inglés), organización a la que pertenece Mexfam, busca constantemente asegurar los recursos ante la emergencia sanitaria, para que los centros siempre puedan contar con el equipo de protección necesario. Para las ILE, que son intervenciones de primer nivel, se necesitan más que todo cubrebocas, guantes, goggles, batas, y gel antibacterial, explicó.
La Secretaría de Salud confirmó a Cimacnoticias que se está trabajando en un plan estratégico ante la contingencia. Pero hasta el momento, no se sabe cómo las autoridades planean separar las pacientes requiriendo una ILE de las y los pacientes altamente contagiosos en cada uno de los hospitales, o cómo garantizarán el servicio una vez que el personal sufra la sobrecarga de trabajo, la falta de equipo de protección, o la reducción de personal debido a la cuarentena preventiva y por enfermarse con COVID-19.
Teresa Herrera, vocera de la Fundación Marie Stopes, que opera ocho clínicas en la Ciudad de México, advirtió que se podría descuidar la atención a la salud reproductiva, además de alterar las cadenas de suministros. “Todos estos factores pueden provocar que la gente busque abortos inseguros”, indicó. “Debemos recordar que la atención del aborto es un servicio tiempo-dependiente que no podemos diferir sin tener profundas consecuencias en la vida de las mujeres y sus familias.”

Fundamental dar recursos, pero falta transparencia y considerar desigualdad

Maestras integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron una marcha marcharon este Día del maestro para exigir mejores condiciones laborales para el gremio


Ciudad de México. En medio de la pandemia del COVID-19, la falta de ingresos y el desempleo, es fundamental direccionar recursos a las personas a través de programas sociales, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de abril, sin embargo, es necesario transparentar los procesos, hacerlo de manera ágil, considerar las desigualdades de género y proteger la salud de la población.

Esto expuso en entrevista la consultora en políticas públicas y género y maestra en Estadística, Mónica Orozco Corona, quien consideró que México debe consolidar la estrategia económica y transparentar los programas sociales porque, por ejemplo, los padrones de beneficiarios de la Secretaría de Bienestar no están actualizados desde el año pasado y no se puede saber el monto ni la cantidad de personas (adultas, jóvenes o mujeres) que reciben recursos.

A propósito de la eventual crisis económica generada por la pandemia del COVID -19, organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) han llamado a los países a tomar acciones y considerar que si los programas de protección social no contributiva, que se financian con impuestos, apoyan a los más pobres; sería necesario ampliarlos a otras familias de bajos ingresos en riesgo de caer en la pobreza.

En este contexto, el pasado 5 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un informe y un plan económico en la materia. En su mensaje mencionó 28 acciones, pero tres llamaron la atención de la también investigadora del Centro de Estudios Espinosa Yglesias porque son los programas más publicitados del actual gobierno: el “Programa Sembrando Vida”, que, dijo el mandatario, se ampliará para 200 mil campesinos; la “Pensión para Adultos Mayores”; y generar 2 millones de nuevos empleos en 9 meses.

Desigualdad estructural


Orozco Corona, junto con Connie Ruth Sotelo-Olivares, investigó los efectos de los programas sociales y de acuerdo con los hallazgos, resumidos en el artículo “Empleo e ingresos. ¿Qué efectos tienen los programas sociales sobre mujeres y hombres?”, que se publicó en enero de 2019 en la revista Coyuntura Demográfica, para ese entonces había un exceso de programas sociales, con resultados inciertos, dispersión de acciones y efectos diferentes para mujeres y hombres.

En este contexto, la experta y directora de la organización Genders explicó que desde antes de la actual crisis sanitaria, Mexico tenía una red de transferencia de recursos económicos, a través del desaparecido “Prospera”, pero su estrategia de empleo estaba muy corta. Como resultado, en la actualidad México no ha mejorado las condiciones de empleo, de incorporación a la seguridad social, ni de generación de trabajos de calidad.

En opinión de la especialista, quien laboró para instancias como la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el país se ha confiado en políticas parciales confiadas en el microfinanciamiento a pequeña escala y con algunos incentivos que no llegan a acelerar el proceso de formalización laboral. En este momento, esos antecedentes son una condición estructural que nos impide tener mecanismos de protección y seguridad social para toda la población.

Transferencias a Adultos Mayores


El pasado 20 de marzo López Obrador anunció que se estaba protegiendo a los más pobres. “A partir de hoy empieza la dispersión de cuatro meses de pensión para más de ocho millones de adultos mayores, 40 mil millones de pesos para que reciban los adultos mayores su recurso; y como es la población más vulnerable ante esta epidemia, que ya no tengan que salir, tienen su recurso, se guardan”, dijo.

A decir de Mónica Orozco Corona, una de las principales estrategias tiene que ser, efectivamente, la transferencia a través de esta red, pero el mayor reto es logístico, hacerlo de inmediato; y hoy, no hay cifras que permitan verificar el cumplimiento de estas transferencias.

A esta realidad se suma el tema de cuidados que recae en las mujeres, quienes dedican, en promedio semanal, 46 horas más que sus parejas a labores de cuidado directo e indirecto, lo que equivale a una jornada completa de trabajo remunerado, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), 2014.

Microcréditos a empresas


Además de programas sociales, el gobierno mexicano tiene una propuesta de financiamiento a pequeñas y medianas empresas, lo que en opinión de la consultora es muy importante pero debe ser un paso siguiente después de asegurar la red de protección a las personas.

Hoy las familias deben estar confinadas en su casa para evitar la propagación del virus, por lo que muchas empresas han cerrado o limitado sus labores, y por tanto no pueden aprovechar esos créditos, consideró.

El 5 de abril López Obrador dijo que se otorgarían créditos a pequeñas empresas familiares. Para financiar este plan el Gobierno federal argumentó que se usarían los ahorros del Fondo de Estabilización y los recursos de los fideicomisos. Este 8 de abril, amplió la información y dijo que se darán créditos a un millón de pequeñas y medianas empresas de los sectores formal e informal.

“Es una estrategia corta”, porque además se podrían implementar otras como diferir pagos de impuestos u otorgar subsidios a fondo perdido (la gente no tiene que devolver el dinero), un ingreso que no solo requieren micro y pequeñas empresas sino una gran cantidad de población en la informalidad y en autoempleo, es decir, personas que están fuera de los programas de “Adultos Mayores” o “Sembrando Vida”, como las mujeres.

La falta de ingresos y desempleo, señaló la consultora e investigadora, es una dificultad grande y un problema inminente que puede escalar a un problema de bienestar para personas trabajadoras que son quienes se tienen que retirar de sus actividades cotidianas.

¿Cómo ofertar empleo?


Aunque se anunció una estrategia de empleo, no se ha dicho cómo será, cuáles serán las características de estos empleos o qué mecanismos tendrán para llegar a más población, incluyendo a las mujeres.

En este contexto, explicó Orozco Corona, no se toma en cuenta que las familias están enfrentando un incremento, según se calcula, de hasta 70 por ciento en el tiempo de cuidado de niñas y niños pequeños o en edad escolar, personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad y una demanda especial de higiene y de cuidados.

Esto, sumado a la dificultad económica y pérdida de empleo y de ingresos, está añadiendo pérdida de bienestar por la cantidad de tiempo de inversión de cuidado físico y emocional. Para la consultora hay que tomar en cuenta estos factores en el diseño de medidas, por ejemplo para empleos en materia de cuidados.

Recalcó que 57 por ciento de las y los trabajadores son informales, hay una fuerza laboral totalmente desprotegida que se concentra en sectores pobres, con ingresos precarios, pero que es de gran dimensión. México tiene que tener una política de empleo con estructura de fondo, que vaya más allá del salario mínimo que está por debajo de todos los países de América Latina, consideró.

El anuncio de generar empleos, parece, expuso, que sería como el programa que desapareció el año pasado de “Empleo Temporal”, una estrategia muy socorrida y que puede ser bastante útil en el proceso de recuperación de una crisis, una vez que la gente pueda salir en sus casos.

Sin embargo, previó que van a transcurrir meses antes de que las personas puedan regresar a realizar una actividad pública que sea pagada por las empresas o por el gobierno. Es decir, ofertar empleo será útil una vez pasada la contingencia.

Eso puede ser útil acompañado de otras medidas, pero la experiencia, recordó, dice que se trata de empleos en zonas rurales con salarios alrededor del salario mínimo que buscan rehabilitación de infraestructura como la limpieza o relacionadas con la recuperación de la crisis sanitaria.

En las zonas urbanas, mencionó, habrá que ver cómo lo plantea el gobierno federal. “Hay un deseo de 2 millones de empleo, no se ha publicado cómo se hará”, o si serán sólo de construcción donde la oferta es prácticamente nula para las mujeres.

En cambio, si se toma en cuenta la desigualad de género y si se restringe todavía más el confinamiento va a haber necesidad de tener una logística y una red para proveer más medicamentos y alimentos, esa puede ser una fuente potencial de trabajo temporal para las mujeres, y esos son temas que se deben considerar en un plan de rescate económico.

Centrar esfuerzos por COVID en poblaciones afrodescendientes, pide ONU

CARAVANA-HONDURAS_XimenaNatera

Ciudad de México. Hasta ahora, en todo el mundo ningún esfuerzo de protección por el COVID-19 ha dado respuestas de salud pública centradas en las vulnerabilidades específicas de la mujeres y hombres afrodescendientes. 
Así lo dieron a conocer expertas y expertos independientes de las Naciones Unidas en un comunicado del pasado 6 de abril, en el cual llamaron a los gobiernos a garantizar la equidad y la igualdad racial en la prestación de servicios de salud durante la crisis del COVID-19.
De acuerdo el Grupo de Trabajo de Expertos, la discriminación estructural podría exacerbar la desigualdad en el acceso a atención y tratamiento sanitario para las personas afrodescendientes, lo que provocaría disparidades en los resultados de salud y mayor mortalidad y morbilidad entre este grupo. 
Las y los expertos informaron que existen varias condiciones de salud que aumentan el riesgo y la vulnerabilidad de manera desproporcionada entre las personas de ascendencia africana, incluidas la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, el lupus y los trastornos autoinmunes, y los efectos metabólicos documentados del estrés racial crónico. Todas estas se complejizan por razones de género, discapacidad, clase y orientación sexual e identidad de género, señalaron.
De acuerdo con sus datos, en los países sin atención médica universal las personas de ascendencia africana enfrentan barreras significativas y desproporcionadas para acceder a la atención. Incluso en los Estados con atención médica universal, las personas sin documentos de ascendencia africana reportaron vivir estas barreras para acceder a la atención médica incluso antes de que comenzara esta pandemia, explicaron las y los expertos.
Sin embargo, de acuerdo con la ONU, durante esta pandemia, los Estados no han reconocido los riesgos de salud específicos que enfrentan las personas afrodescendientes o cómo la discriminación racial y los prejuicios implícitos y los estereotipos raciales pueden permear las políticas.
“Hasta ahora, ningún esfuerzo de protección ha centrado la respuesta de salud pública en las vulnerabilidades específicas de las personas afrodescendientes (…) Esto también plantea la preocupación paralela de que incluso la investigación y la producción de conocimiento en respuesta a esta crisis pueden pasar por alto barreras específicas para la atención o el impacto racialmente discriminatorio de una política”, dijo Ahmed Reid, uno de los expertos independientes de las Naciones Unidas.
En su declaración, el Grupo de Trabajo de la ONU señaló que un número desproporcionado de personas afrodescendientes trabajan en industrias de servicios, viven en comunidades densamente pobladas, enfrentan inseguridad alimentaria y respecto al agua, y a menudo carecen de acceso a viviendas seguras. 
“Estas son fuentes adicionales de riesgo y vulnerabilidad. En muchos Estados, las personas afrodescendientes trabajan brindando asistencia sanitaria en el hogar, como cuidadoras y personal de prestación de servicios que ayudan a los hospitales y los sistemas de salud a centrarse en los casos más graves, a pesar de la ausencia de esfuerzos públicos para garantizar su seguridad y protección”, expresaron la y los expertos. 
El Grupo de Trabajo señaló que la presencia desproporcionada de personas afrodescendientes en las prisiones y en campos de personas refugiadas o internamente desplazadas en muchos lugares del mundo era de particular preocupación, dado el contagio extremo, la falta de medidas de protección y el uso del trabajo de personas privadas de libertad. “La disponibilidad continua de personas afrodescendientes para colaborar en esta crisis no significa que sean excluidas”.

Las mujeres afrodescendientes, un grupo más vulnerable durante las epidemias

De acuerdo con el informe “Mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe”, que publicó la Cepal en 2018, no existen datos suficientes sobre las mujeres afrodescendientes en cualquier rubro de su vida, en específico los sistemas de salud no incluyen variables de identificación étnico-racial.
Sin embargo, datos del Brasil demuestran que las mujeres afro han sido el grupo que menos expresó satisfacción con la atención de salud recibida, en una proporción 0.4 puntos porcentuales superior en relación con los hombres negros, 5.3 puntos porcentuales superior en relación con las mujeres blancas y 5.6 puntos porcentuales más en relación con los hombres blancos. En este mismo país, la probabilidad de que una mujer afro no sea atendida en el sistema de salud aún cuando lo busque es 2.6 veces superior a la de un hombre blanco.
Esta situación se agrava en casos de virus y emergencias sanitarias. Por ejemplo, según el informe de la Cepal, en el Brasil, uno de los países más afectados por la epidemia del Zika  entre 2015 y 2016, ocho de cada diez niños recién nacidos con microcefalia y otras alteraciones cerebrales relacionadas con el virus eran hijos de mujeres afro (Maisonnave, 2016). 
“La epidemia del Zika, por lo tanto, no sólo es una emergencia de salud pública, sino también el resultado de las inequidades sociales que aún persisten, lo que señala cómo la falta de acceso universal a servicios de salud sexual y planificación familiar afecta de manera más pronunciada a ciertos grupos de mujeres”, observó la Cepal

Alianza por la solidaridad alerta de la situación de las mujeres en los países en desarrollo




    
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Madrid 2 abril 2020. AmecoPress – La situación de millones de mujeres en los países en desarrollo reciben con mayor dureza la situación derivada del COVID-19. Refugiadas, víctimas de violencia y trabajadoras de la economía sumergida son las más afectadas.
La organización de ayuda humanitaria, Alianza por la solidaridad – Action Aid, está detectando impactos directos en los países donde desarrolla su actividad. La ONG, que está presente en más de 50 países, observa como la expansión de la pandemia pone en riesgo a millones de mujeres. Se ceba especialmente en lugares que carecen de recursos sanitarios y públicos suficientes para hacerle frente.
Como ya hemos venido denunciando desde AmecoPress, la situación de confinamiento aumenta el riesgo hacia las mujeres víctimas de violencia de género que se ven obligadas a estar encerradas con sus maltratadores. En este sentido, Alianza por la solidaridad ha señalado que en Bolivia, país en el que están presentes, en solo cuatro días de confinamiento ha habido tres feminicidios. La ONG está trabajando para poner en marcha alternativas de apoyo a las mujeres en situación de violencia en los países donde trabaja y apoyar a la institucionalidad y organizaciones para que puedan continuar ofreciendo servicios de atención en situación de seguridad.
María Salvador es la responsable de programas sobre derechos de las mujeres en Alianza por la solidaridad. Hemos hablado con ella acerca de la situación en la que pueden encontrarse las mujeres en los países en desarrollo y las medidas concretas que podrían aliviar su situación. "Repercute directamente en su salud porque la mayoría no tiene acceso a un servicio social básico. En el momento en el que se pueden poner enfermas o tienen COVID no van a ser atendidas. Estamos recordando que las mujeres son las principales cuidadoras, son ellas quienes van a cuidar a los demás antes de mirar por su salud". "Tienen que tomarse medidas específicas que aseguren el acceso de estas mujeres a servicios sociales básicos, a planificación familiar y personal; que por atender la crisis sanitaria no se desvíen los recursos dedicados a otras cuestiones". "Queremos que se garantice, con las medidas de seguridad oportunas, que la policía pueda seguir haciendo su trabajo, que las mujeres puedan tener una atención aunque sea vía telefónica o por WhatsApp"
Por otra parte, Alianza por la solidaridad también denuncia la imposibilidad en muchas partes del mundo de seguir las recomendaciones más básicas hechas por la OMS: lavarse las manos o encerrarse en casa. Se trata de cuidados familiares cuya responsabilidad sigue recayendo en gran medida en las mujeres. Sin embargo, no siempre se dispone de agua suficiente o formas de distanciarse de los enfermos. Todo ello genera un profundo estrés en las mujeres, que se acrecienta ante la falta de una información rigurosa sobre acciones adaptadas a sus circunstancias. La organización ha comenzado ya una campaña de concienciación a través de la radio en Mozambique. El objetivo es transmitir mensajes sencillos para combatir la pandemia.
Respecto al trabajo informal, que según informa la organización, representa el sustento de más del 80% de mujeres del sector agrícola. La crisis sanitaria está provocando la pérdida de millones de empleos informales debido a la reducción de la actividad económica. Su pérdida conlleva para estas trabajadoras quedar sin ninguna red de apoyo. Esto es especialmente fragrante para las empleadas de hogar y las que regentan pequeños negocios.
La crisis de coronavirus está teniendo un gravísimo impacto en las mujeres refugiadas sirias que se encuentran en países vecinos, como Jordania y Líbano. Al problema de la falta de ingresos, porque el confinamiento les impide desarrollar sus actividades de venta informal, se suma que no tienen derecho a asistencia gratuita en la sanidad pública en estos países si viven fuera de los campos de refugiados, lo que ‘de facto’ supone que no reciben atención médica en caso de necesidad, sea por el coronavirus o por otro tipo de enfermedad. Desde Alianza por la Solidaridad -Action Aid, que mantiene la mayoría de sus equipos sobre el terreno en diferentes países (Haití, Colombia, Palestina, Marruecos, Bolivia, Jordania, etcétera), se están poniendo en marcha diferentes iniciativas de apoyo para paliar estos impactos, en la medida que lo permiten las medidas impuestas por los diferentes gobiernos.

Foto: Alianza por la solidaridad - Milagros Guevara 

Internacional – Salud y género – Derechos humanos – Género y desarrollo – Mujeres del mundo
2 abri. 20. AmecoPress

“Médicos y enfermeras”


Miguel Lorente Acosta 


A pesar de los intentos de muchos medios por usar en lenguaje inclusivo estos días, la mayoría de las veces, al referirse al personal sanitario se habla de “médicos y enfermeras”. Se reproduce así el estereotipo que asocia el conocimiento y la razón a lo masculino, y el cuidado y el afecto a lo femenino. Y se hace al margen de la realidad.
Hoy, por encima del 55% de quienes ejercen la Medicina son mujeres, y en el grado de Medicina aproximadamente el 70% del estudiantado son también mujeres. En Enfermería el 84% de sus profesionales son mujeres, mientras que en los estudios de grado representan el 80%. Por lo tanto, ante esta realidad sería más correcto hablar de “médicas y enfermeras”.
Pero claro, si se hace, rápidamente se dirá que el masculino es neutro y que incluye a hombres y mujeres, pero curiosamente sólo se utiliza para referirse a los “médicos”, no a los “enfermeros”, por lo cual, según ese mismo razonamiento, el 16% de los enfermeros hombres quedan excluidos al llamar al grupo como “enfermeras”, puesto que el femenino no les incluye. Entonces se dirá que se hace referencia a “enfermeras” porque históricamente ha sido una profesión muy feminizada, lo cual es cierto, sin embargo, para los puristas del lenguaje real y académico se seguirá sin incluir a los hombres, negando, al mismo tiempo, el reconocimiento del trabajo realizado mayoritariamente por mujeres al impedir su representación a través del lenguaje.
Lo digo porque los colegios profesionales se han denominado tradicionalmente con el masculino de quienes los formaban por esa doble razón, por un lado, porque en su origen prácticamente eran sólo hombres quienes los formaban, y por otro, porque después, cuando se incorporaron mujeres de manera progresiva, el masculino neutro las incluía. Pero la trampa de este planteamiento formal se demuestra en la práctica al comprobar lo sucedido con Enfermería.
Si se toma el argumento de que la inmensa mayoría eran mujeres, debería haberse llamado “Colegio de Enfermeras”, y si utiliza el criterio de que el masculino incluye a mujeres y hombres, aunque estos sean minoría, debería haberse denominado “Colegio de Enfermeros”. Pero no se ha llamado de ninguna de esas dos formas, y se llamó “Colegio de Enfermería”; imagino que por esa “vergüenza ajena” que supone llamarlo en masculino cuando se es consciente de que la gran mayoría de las personas que lo forman son mujeres, pero al mismo tiempo con plena conciencia para negarse a llamarlo en femenino y reconocer la labor y dedicación que durante siglos han hecho las mujeres en Enfermería. Ha preferido utilizar la vía intermedia que hace referencia a la profesión.
Lo curioso, y donde se refuerza la construcción machista en toda esta forma de entender y denominar la realidad, se produce al comprobar que todo ese planteamiento que utiliza el nombre de la profesión de Enfermería para llamar al colegio que reúne a los hombres y mujeres que la ejercen, se ha considerado válido, sin embargo, se entiende incorrecto e inaceptable para el resto de colegios profesionales. De manera que se denominan (centrándonos en la profesión y quitando adjetivos), por ejemplo, Colegio de Médicos, Colegio de Ingenieros, o Colegios de Abogados, y no se admite que se denominen Colegios de Medicina, Colegios de Ingeniería o Colegios de la Abogacía, argumentando que agrupan a las personas que ejercen la profesión para abordar sus cuestiones profesionales, no a la profesión. Por lo visto, entonces, quienes ejercen la Enfermería no son personas, puesto que en esa profesión mayoritariamente desempeñada por mujeres, ¡oh casualidad!, si se ve bien denominar a su colegio bajo la referencia de la profesión (“Colegio de Enfermería”), no de las personas que la ejercen.
El lenguaje sólo reproduce las ideas que la cultura entiende adecuadas y válidas, y así las representa en la conciencia de las personas. Y aunque el masculino se entienda como neutro deberíamos llamar al pan pan, no masa de harina fermentada y horneada, al vino vino, no mosto fermentado; y a las médicas médicas, a los médicos médicos, a las enfermeras enfermeras y a los enfermeros enfermeros. Y así con el resto de las profesiones y trabajos.
Y muchas gracias por el gran trabajo y ejercicio de responsabilidad que están realizando estos días.

Invisibles entre los vulnerables



Se les ha invisibilizado siempre. Sin embargo, el número de personas jornaleras agrícolas y sus familias llega a representar casi 5 por ciento de la población nacional, más que la de un buen número de estados de la República. Cuando menos la cuarta parte de ellas son indígenas. Y vaya que su trabajo es esencial: gran parte de la actividad productora de los alimentos que llegan a nuestra mesa depende de ellas, así como la exportación de hortalizas, importante fuente de divisas.
Por ello los jornaleros agrícolas no pueden parar, ni confinarse, ni dejar de migrar de acuerdo a la temporalidad de los cultivos. De sus callosas manos y de sus espaldas siempre dobladas depende nuestra alimentación, en tiempos de coronavirus o no.
Sin embargo, como muestra la Red de Jornaleros Agrícolas, este tipo de personas, como pocas, son más vulnerables a la pandemia del Covid-19. A ello concurren varios factores: su continua movilidad, las condiciones de hacinamiento en los albergues, en el transporte y en sus viviendas –según el Inegi, el promedio de personas por vivienda en el caso de los jornaleros es de cinco, contra una media nacional de 3.7 personas–; la desnutrición que predomina en sus familias, aunada a su exposición continua a los agroquímicos, baja sus defensas inmunológicas, por sólo señalar las principales.
Todo esto se agudiza en el caso de las niñas y niños de personas jornaleras, casi un millón de ellos, entre cinco y 17 años, y los menores de ese rango de edad. Además de los factores de vulnerabilidad anteriores, se agregan ahora el cierre de escuelas y de albergues infantiles lo cual agudiza los riesgos de exposición a agroquímicos y a diversos tipos de accidentes, incluso a la violencia familiar.
La mayor exposición y mayor vulnerabilidad de las niñas y niños de los jornaleros agrícolas exige de los diversos niveles de gobierno y de los empleadores acciones urgentes y eficaces para construir una red social de cuidado ante la pandemia del coronavirus, y también ante los riesgos de accidentes y diversos tipos de violencia. Algunos sectores y grupos sociales proponen varias líneas básicas de acción en este sentido:
En primer lugar, es necesario establecer entre las autoridades federales, estatales, municipales, tanto sanitarias como laborales y las empresas agrícolas, un protocolo de salud adaptado a las condiciones de movilidad, vivienda y trabajo de las personas jornaleras, sobre todo de las niñas y niños. Este protocolo debe contemplar prioritariamente el acceso oportuno y suficiente a servicios médicos y de atención a la salud, de preferencia en el lugar de trabajo.
Debe desplegarse un operativo de información sobre la pandemia, las condiciones de riesgo, las medidas preventivas, las instancias a donde se debe acudir en caso de contagio, etcétera, en medios y formatos accesibles para los jornaleros; carteles, altavoces, radios comunitarias, perifoneos y demás. Este operativo de comunicación debe hacerse en las diferentes lenguas indígenas que habla la población jornalera.
Tanto los empleadores como las autoridades municipales deben asegurar las condiciones materiales que prevengan el contagio y la expansión del Covid-19: habilitar espacios para viviendas y albergues que eviten el hacinamiento y llenen los requerimientos sanitarios; proveer de agua potable suficiente para el consumo y para el aseo; dotar de jabones, desinfectantes, mascarillas, guantes, no sólo a quienes trabajan directamente en el campo, sino también a sus familias. Disminuir al máximo el uso de agroquímicos para evitar mayor vulnerabilidad al contagio; evitar el hacinamiento en los transportes, etcétera.
Además, hay un aspecto que no debe dejarse de lado, y no sólo en el caso de los jornaleros: el sicosocial. Las condiciones de miedo, de confinamiento, de mayor convivencia y roce al interior de viviendas precarias, tienden a multiplicar las tensiones al interior de ellas y, consecuentemente, la violencia sobre todo contra las mujeres, niñas y niños. Aquí se hace necesaria la concertación, además de los diversos órdenes de gobierno y los empleadores, de las instituciones de educación superior y organismos de la sociedad civil, como organizaciones y colegios de sicólogos y otras instituciones enfocadas a esta problemática. En sólo unas cuantas semanas existen ya experiencias muy significativas, montadas por diversos sectores de la sociedad civil, para apoyar a quienes más sufren los efectos sicoemocionales de la pandemia.
Pocos sectores de la sociedad mexicana tan vulnerables como las personas jornaleras y su prole: pobres, migrantes, muchas de ellas indígenas, y la mitad, niñas y niños. Ahí donde la vulnerabilidad se agudiza por la invisibilidad es donde hay que concentrar los apoyos certeros de autoridades gubernamentales y de la sociedad.

*Investigador-docente de la UACJ

Presentan iniciativa de reforma para Centros de Justicia para las Mujeres


Ciudad de México. La diputada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Wendy Briceño Zuloaga presentó una iniciativa de reforma para establecer en la ley, de manera clara, las obligaciones, atribuciones y características de los 44 Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM). 
Este martes, la diputada propuso ante la Cámara de Diputados, reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para homogenizar la estructura operativa de esos centros, creados por decreto en 27 entidades federativas, a fin de que estén altamente capacitados para atender a las mujeres.
En un comunicado, la diputada de Morena explicó que de acuerdo con el Informe de Centros de Justicia para las Mujeres, realizado por la organización Equis, Justicia para las Mujeres, los 44 centros  de los que se tiene registro hasta 2019, pueden mejorar su funcionamiento, y para ello es necesario su homologación y establecer sus atribuciones y obligaciones en la ley.
Es de recordar que los Centros de Justicia para las Mujeres fueron creados por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en 2010; como espacios integrales que concentran servicios interinstitucionales y especializados de atención con perspectiva de género, para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos. 
En estos lugares se debe garantizar el acceso a la justicia a través de servicios de atención legal, médica, psicológica, proyectos de empoderamiento económico, espacios de ludoteca y refugio temporal. 
El diagnóstico de Equis indica que estos centros dependen de diversas instancias como Fiscalías o Subfiscalías, Secretarías de la Mujer, Secretarías de Gobierno, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Secretaría de Seguridad Ciudadana y muchos dependen del acceso a recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para seguir operando.
La diputada destacó la necesidad de que los Centros tengan capacidad de interlocución con diversas secretarías y procuradurías, y que, como órganos descentralizados, gocen de personalidad jurídica para dejar atrás la dependencia que mantienen de origen.
Al citar las investigaciones de la sociedad civil, la legisladora aseguró que, se desprenden datos relevantes sobre fortalezas y áreas de oportunidad de los Centros de Justicia en temas como estructura institucional, financiamiento, recursos, diseño operativo y servicios”, puntualizó.
La presidenta de la Comisión de Igualdad y Género agregó: “La atención brindada por los Centros de Justicia para las Mujeres se realizará a través de la participación coordinada de las instancias públicas estatales cuya competencia incida en la atención integral a mujeres, y previa firma de los convenios correspondientes, de otras instancias del sector público federal y municipal”, recalcó.
Con la propuesta de reforma, el Artículo 59 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia establecería que estos centros son órganos descentralizados de las Fiscalías de las entidades federativas con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica e independencia presupuestaria, cuyo objeto es coadyuvar y vincular bajo una política integral, multisectorial e interinstitucional, la prevención y atención de mujeres víctimas de violencia, o de violación de derechos humanos, así como de sus hijas e hijos.
El mismo artículo señala que en estos Centros se deben prestar servicios multidisciplinarios en el mismo lugar y ejecutar acciones, con la finalidad de promover y garantizar su acceso a la justicia, el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su incorporación a la vida productiva, social, cultural y política en la sociedad.
Los Centros, además, deberán brindar servicios las 24 horas todo los días del año, así como servicios de atención médica, psicológica, asesoría jurídica, representación legal, servicios de cuidado y atención infantil; servicios de trabajo social, protección de seguridad a víctima, entre otros. La propuesta será analizada en Comisiones. 

Aprovechan contingencia sanitaria para quitar protección a defensoras


Ciudad de México. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México advirtió que no se vislumbra que las amenazas y hostigamientos a mujeres defensoras y periodistas disminuyan durante la pandemia del COVD-19, por eso llamó al Estado mexicano a no usar el pretexto de atender la crisis sanitaria para dejar de proteger a esta población.

La codirectora ejecutiva de la Red, conformada por 172 defensoras y periodistas de 21 estados del país, Cecilia Espinosa Martínez, expuso en entrevista con Cimacnoticias que en los primeros tres meses de este año las agresiones no ha bajado, por lo que la contingencia podría ser aprovechada para generar amenazas y hostigamiento a estos grupos de la población que además, hoy, tienen limitaciones de movilidad para realizar sus tareas.

Por ejemplo, explicó, preocupa que el 30 de marzo el gobierno de Yucatán notificó a una defensora de Derechos Humanos el retiro de escoltas, quienes la acompañaban como una medida de protección que tenía desde 2017, ante el riesgo permanente en el que vivía. La defensora, cuyo nombre se resguarda por seguridad, ha sido amenazada por acompañar a víctimas de feminicidio y desaparición.

El gobierno yucateco también retiró la protección a una víctima con el argumento de que las personas deben quedarse en sus casas para evitar la propagación del virus. Esta situación, arbitraria, preocupa a la Red de Defensoras porque podría ser una medida que se extienda en todo el país y ponga en riesgo la vida de las mujeres que están acompañando a víctimas o defendiendo derechos.

En el actual contexto de emergencia, explicó Espinosa Matínez, varias defensoras se han dedicado a difundir información verificada sobre la pandemia, lo que las pone en el blanco de agresiones, como ocurrió en Oaxaca, donde una comunicadora, cuya identidad también se resguarda, fue hostigada por informar sobre las medidas de protección y las carencias de la atención durante la contingencia sanitaria.

Espinosa Martínez aseguró que si bien el contexto de pandemia es una emergencia en todo el país, antes de retirar escoltas a una defensora amenazada, las autoridades deben realizar una valoración del riesgo para decidir si es necesario y pertinente; sin embargo, en el caso de Yucatán esto no sucedió, y tampoco se hizo con conocimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo que en 2017 ordenó las medidas de protección.

La defensora aseguró que una decisión de este alcance no puede ser arbitraria, se debe consultar a la persona beneficiaria de protección, hacer una revisión del caso y, en acuerdo con la defensora, tomar una determinación, ya que ella es la única que sabe la situación de riesgo que prevalece en su entorno y los riesgos que ha vivido.


Expuso que la situación de violencia y agresiones en el país no es menor. Por ejemplo, en enero la Red registró 20 agresiones contra 16 defensoras, tres de ellas periodistas. En febrero, se registraron 45 agresiones contra 21 defensoras, de las que 9 son periodistas y 3 colectivas de mujeres; y en marzo documentaron 55 actos de violencia dirigidos a 13 periodistas, 14 defensoras y 3 colectivas.

En el primer trimestre de este 2020 han sido asesinadas cuatro defensoras: en enero fue asesinada Isabel Cabanillas de la Torre, quien luchaba contra el feminicidio en Chihuahua. En marzo se encontró el cuerpo de la defensora de los pueblos indígenas, Paulina Gómez-Palacio Escudero, en Zacatecas; en ese mes también fue ultimada la periodista María Elena Ferral Hernández, en Veracruz; y a estos crímenes se sumó el de la defensora de la comunidad trans, Karla Valentina Camarena del Castillo, asesinada en Guanajuato.

Pandemia y violencia de género


                 Honduras: Para mujeres, niños y niñas el "quédate en casa" implica mayor vulnerabilidad

Fuentes: Rel UITA

La respuesta ante la propagación del Covid-19 ha sido decretar el aislamiento social. El “quédate en casa”, reproducido en distintos idiomas, se ha vuelto viral y ha sido tendencia en redes sociales. Sin embargo, para mujeres, niños y niñas este acto de resistencia se convierte en mayor vulnerabilidad y exposición a más violencia doméstica.
Según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2018 más de 3.500 mujeres fueron víctimas de femicidio.
Los países que registraron las tasas más altas fueron El Salvador (6,8 por cada 100.000 mujeres, Honduras (5,1) y Guatemala (2,0). Sin embargo, los datos reales podrían ser aún más alarmantes debido a las diferentes interpretaciones que los países le dan al término ‘femicidio’[1].
En Honduras, el Observatorio sobre la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma (Unah) señala que en 2019 al menos 406 mujeres fueron asesinadas. Una cada 22 horas.
De acuerdo con datos de diferentes observatorios son 73 las mujeres asesinadas en lo que va del año y más de 50 las denuncias diarias por violencia doméstica.
“En un contexto de aislamiento social como medida para hacerle frente a la pandemia, muchas mujeres, niños y niñas se ven confinadas en un espacio con su agresor o posible agresor.

Si a esto le sumamos la situación de miseria y hambre que hay en el país, vemos como esta medida las pone en una situación de mayor vulnerabilidad, aumentando el riesgo de violencia doméstica e intrafamiliar”, dijo a La Rel, Helen Ocampo, investigadora del Observatorio de Derechos Humanos de Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
Después de dos semanas de cuarentena, el Ministerio Público hondureño registró 80 denuncias por violencia doméstica.

Una cantidad demasiado baja si tomamos en cuenta que, en la última década, el CDM ha reportado un promedio diario de 56 denuncias.
“Es evidente que las mujeres no están teniendo la tranquilidad y la seguridad necesaria para ir a denunciar”, explicó Ocampo.
Un Estado cómplice
La investigadora del CDM mencionó también otros factores, como por ejemplo que no todas las llamadas al 911 del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y a las postas policiales están siendo atendidas correctamente.
También que muchas mujeres desconocen si las oficinas del Ministerio Público están abiertas.
Lo más lamentable es que, ante la incapacidad estatal, las organizaciones de mujeres y feministas nuevamente han tenido que llenar vacíos, atendiendo distintas vulnerabilidades.
Es por eso que el CDM y otras organizaciones han puesto a disposición números de teléfonos para brindar ayuda psicológica y asesoría legal mientras dure la cuarentena.
Asimismo, la Red Lésbica Cattrachas ha lanzado una campaña para que se decrete Ley Seca en todo el país, ya que el alcohol puede ser un detonante para aumentar la violencia doméstica e intrafamiliar.
Hasta la fecha son 163 de un total de 268 los municipios que han decidido apoyar esta medida, aunque faltan los más grandes y poblados que es donde hay más consumo e incidencia de violencia doméstica e intrafamiliar.
También se han puesto en marcha procesos de autodefensa, con medidas de seguridad comunitaria y denuncia social.
“Es importantísimo reconocer el trabajo que se está haciendo dentro de las comunidades, como por ejemplo las garífunas.
Cuidan e informan a su gente, producen alimentos, muestran al país entero la importancia de la organización y la solidaridad comunitaria”, concluyó Ocampo.
Nota:
[1] Hay países que sólo recopilan como feminicidios o femicidios los cometidos por la pareja o expareja
Fuente: Rel-UITA

Se entrega en Oaxaca el presunto autor intelectual del ataque contra saxofonista

Se buscará la pena más fuerte: Murat

Este sujeto se encontraba prófugo desde diciembre pasado, por lo que el 18 de febrero el gobierno de Oaxaca ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien proporcionara información para dar con su paradero.
El mandatario estatal, Alejandro Murat, informó al mediodía en su cuenta de Twitter: Hemos detenido a Juan Antonio Vera Carrizal, quien enfrentará la justicia por el terrible hecho de violencia cometido contra María Elena Ríos, joven saxofonista oaxaqueña.

Funcionó la presión
En posterior entrevista radiofónica, el gobernador admitió que gracias a la presión social que ejerció el pueblo de México, Vera Carrizal se entregó, por lo que enfrentará la justicia desde la cárcel, y que hubo coordinación de inteligencia de fuerzas estatales y de la Federación.
Consideró que es un mensaje claro y contundente contra la impunidad en contra de los delitos de odio contra las mujeres y vamos a buscar que sea la pena más fuerte para que quede claro que el que la hace la paga.
En un video difundido por la Secretaría de Seguridad Publica de Oaxaca (SSPO) se observa cómo ingresan dos vehículos al Centro de Control, Comando y Comunicación de Oaxaca (C4), entre ellos una camioneta negra conducida por el titular de la misma dependencia, Raúl Ernesto Salcedo Rosales.
El otro es un automóvil compacto gris en el que van cinco civiles: cuatro hombres, entre ellos Vera Carrizal, y una mujer. Al descender, el ex diputado se acerca y saluda a Salcedo Rosales y enseguida ingresan al inmueble.

Polémica forma en que se presentó al responsable
Una imagen difundida en la que Vera Carrizal aparece junto con Salcedo Rosales, flanqueados por dos funcionarios de Seguridad Pública, causó reacciones negativas en las redes sociales debido que al empresario no se le ve sometido ni esposado, y según los cibernautas pareciera la imagen de una reunión entre amigos.
Más tarde se realizó una conferencia de prensa en el C4 en la que no se permitieron preguntas a los reporteros, encabezada por el fiscal estatal, Rubén Vasconcelos, y el titular de la SSPO, quien confirmó que Vera Carrizal se entregó de manera voluntaria.
El fiscal aclaró que no hay ni habrá ningún acuerdo con el imputado, quien ya fue trasladado al Centro de Justicia de Huajuapan de León, donde al cierre de la edición se realizaba la audiencia de presentación; agregó que falta por ejecutarse una orden de aprehensión contra un presunto responsable de la agresión.
El 9 de septiembre de 2019, María Elena fue atacada en su domicilio en Huajuapan de León. La agresión fue perpetrada por Rubicel N, quien le arrojó ácido sulfúrico al rostro mientras le decía: Muere maldita desgraciada, hasta aquí llegaste.
Afuera de la vivienda lo esperaba su padre, Ponciano N, y juntos huyeron. El primero fue aprehendido el 25 de diciembre y el segundo dos días antes.
De acuerdo con la indagatoria, el intento de feminicidio fue ordenado por Vera Carrizal; para eso pidió a Rubén N (detenido el 1º de abril), trabajador en una de sus gasolineras, que se encargara de los detalles.
Dicho sujeto contrató a Rubicel, quien laboraba como albañil en las obras inmobiliarias del ex político priísta, le entregó el ácido y pagó 30 mil pesos por el encargo.


Corresponsal
Periódico La Jornada


Preocupa a abogada de María Elena la existencia de un pacto

Considera que no vincular a Vera sería un retroceso
En el momento de concretar su entrega en las oficinas de la policía estatal en la ciudad de Oaxaca ayer por la mañana, Juan Antonio Vera Carrizal, presunto agresor de la joven María Elena Ríos, negó los hechos por los que se le buscó sin éxito durante ocho meses: haber organizado y financiado un ataque con ácido sulfúrico que desfiguró gravemente a la víctima.
Ana Katiria Suárez, abogada de Malena, la saxofonista cuyo caso se ha convertido en una causa emblemática contra la violencia de género, opina que pudiera tratarse de una entrega con un pacto armado previamente para no ser vinculado a proceso. El presunto agresor está acusado de tentativa de homicidio.
La penalista expresó, como defensora y como ciudadana, su preocupación y temor de que a partir del beneficio que la ley otorga al acusado de contar con 144 horas (seis días) para presentar las pruebas a su favor, el juez resuelva no vincularlo a proceso y dejarlo en libertad. Esto sería un retroceso en la causa de la justicia para mujeres víctimas de agresión, ya que daría más peso a sus dichos que a todas las evidencias que hemos presentado como defensa para probar su responsabilidad.
Agregó que a partir de ahora “tenemos que poner atención prioritaria a la actuación del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Eduardo Pinacho Sánchez, quien tiene en sus manos vincular o no a proceso al acusado.

Hay confesión de responsables directos
Señalados como ejecutores materiales del caso fueron detenidos hace tres meses Rubicel N, quien confesó haber arrojado el líquido corrosivo contra la joven, y Ponciano N, su padre, quien vigiló la puerta de la casa de María Elena mientras se perpetraba la agresión.
Varios mensajes en los teléfonos celulares de ambos sujetos, confiscados por la policía estatal, confirman los hechos. Ellos aseguraron en sus declaraciones ministeriales que la orden la dio su patrón, Vera Carrizal, porque pretendía darle un escarmiento a la joven, con quien había tenido una relación sentimental que ella quería terminar.
La semana pasada fue detenido otro presunto cómplice, empleado del empresario hasta ayer prófugo, Rubén Loaeza Chárrez, quien confesó haber intervenido en la conspiración del atentado y haber entregado el dinero a los perpetradores, pero alega que no fue Vera Carrizal quien ordenó el ataque, sino una tercera persona a quien sólo nombró por su alias: El Chanclas.
Es muy poco probable que un delincuente se entregue a la justicia sin contar con una estrategia de defensa amarrada previamente con las autoridades. Y el contexto lo favorece: la Semana Santa y la crisis del coronavirus facilitarían que el escándalo de una liberación, el peor escenario posible, se diluirá rápidamente.
Falta por cumplir otra orden de aprehensión contra el hijo de Vera, Antonio Vera Hernández, también señalado como cómplice.

Periódico La Jornada

Agradece María Elena el apoyo de la sociedad; es un avance: feministas

Foto
▲ A la izquierda de Juan Antonio Vera está Raúl Salcedo, secretario de Seguridad en Oaxaca.

La saxofonista María Elena Ríos Ortiz –quien fue agredida el 9 de septiembre de 2019 con ácido sulfúrico, ataque que le dejó graves secuelas en el cuerpo– agradeció el apoyo de la sociedad en la búsqueda de justicia en su caso y pidió estar alerta al proceso penal en contra del autor intelectual del crimen, quien ayer se entregó a las autoridades oaxaqueñas.
Luego de que se diera a conocer la aprehensión de Juan Vera Carrizal, ex diputado local del PRI y empresario en el sector de los combustibles, la joven hizo un llamado a través de Twitter para estar atentos al proceso y que no haya manera de desvirtuar la verdad sobre la agresión en su contra, el cual dirigió al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; al fiscal general del estado, Rubén Vasconcelos, al tribunal de justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública locales.
Dijo que una vez que la fiscalía estatal ofrezca mayor información dará una posición más contundente en torno a la captura de su agresor.
Por su parte, integrantes de colectivos feministas señalaron que la detención del hombre responsabilizado como autor intelectual del crimen es un avance en la búsqueda de justicia en este caso.
Jaqueline Estrada, de la Red Feminista Políticamente Incorrectas, exigió justicia y dignidad para la víctima, o de lo contrario se enviará a la sociedad y a los agresores de mujeres un mensaje de impunidad. Subrayó que éste y el resto de los casos de violencia de género, desde la mínima hasta la más letal como el feminicidio, deben ser investigados haya o no presión social y mediática.
Angélica Ayala Ortiz, presidenta de GES Mujer, consideró que la aprehensión es resultado de una fuerte exigencia social, en la que los ciudadanos expresaron su repudio ante una violencia feminicida que se ampara en el abuso de poder. Sin embargo, dijo que las imágenes difundidas sobre la captura hacen ver que la policía del estado careció de aspectos mínimos de un protocolo de seguridad, pues el inculpado fue presentado sin esposas, lo cual denota un trato diferenciado con otros detenidos.
Gloria Careaga, de la Fundación Arcoíris por el respeto a la Diversidad Sexual, señaló que toca al movimiento feminista y a la sociedad exigir una sanción apegada a derecho contra el agresor, con el fin de que su crimen no quede en la impunidad como sucede habitualmente con miles de sujetos que violentan a mujeres en el país. No podemos permitir que busquen cualquier argucia legal para liberarlo.
Por otro lado, ONU-Mujeres subrayó que las autoridades mexicanas deben hacer una investigación diligente sobre el caso de abuso sexual y feminicidio perpetrado en Sonora en contra de Ana Paola, niña de 13 años. Condenó ese crimen y enfatizó que las indagatorias deben garantizar el agotamiento de todas las posibles líneas en una investigación con perspectiva de género y evitar la estigmatización de la víctima.

Foto La Jornada
Periódico La Jornada

4/10/2020

Si yanquis invaden Venezuela, cientos de misiles de China, Rusia, Corea, caerían sobre Washington y NY


Pedro Echeverría V.

1. Después de millones de asesinados por bombardeos e invasiones yanquis en los últimos 50 años (Vietnam, Irak, Afganistán, Libia y demás pueblos para saquearlos) el insaciable gobierno idiota de Trump amenaza con bombarderos a Venezuela y a Irán en las siguientes semanas. Espero –si cumple EEUU- que sea la última fechoría criminal que realice, porque a cambio desaparecerían en EEUU gobierno, empresarios y guerreristas de aquella nación imperialista al recibir cientos de poderosos misiles que le apuntan. Si el Covi 19 no me mata, podría morir de tanto gozo y alegría al saber que al fin el imperio yanqui –que tanto ha masacrado a los pueblos del mundo- ha sido destrozado, no sólo económicamente sino desde el lado militar y que por ese hecho se abre un camino para las revoluciones radicales de los pueblos en el mundo.

2. Venezuela es una nación de menos de 35 millones de habitantes e Irán de unos 80 millones; en tanto EEUU es el tercer país más poblado del mundo con cerca de 350 millones de población. Ni Venezuela ni Irán buscan bombardear o invadir a nadie; por el contrario los EEUU nunca han dejado de hacerlo y eso le consta a todo el mundo. Por ello, como escribí hace dos semanas, todos deberíamos protestar contra las terribles amenazas criminales yanquis. El presidente López Obrador y su canciller también deberían sacar la bandera de “no intervención” y “autodeterminación”, pero no pueden hacerlo porque están totalmente amarrados y amenazados; pero Morena tiene la obligación como partido progresista de condenar a los yanquis que siguen repitiendo su historia de criminales.

3. El presidente venezolano Nicolás Maduro tiene la convicción de pelear y hasta morir por Venezuela si fuera necesario. Lo mismo se piensa del ejército que tanto dignificó al presidente Chávez y lo ha seguido haciendo por el mismo Maduro. ¿O acaso con esas amenazas de Trump se busca aplicar la estrategia que el imperio yanqui impuso contra el gobierno inocente y tonto de Evo Morales que se sentía muy confiado? ¿Para qué carajos sirven los Fernández de Argentina en el contexto de Latinoamérica si el imperio logró derrocar a Evo Morales, bloquear a Dilma y a Lula en Brasil, que se traicionara a Correa en Ecuador, se enredara a Ortega en Nicaragua y los yanquis impiden a López Obrador ser independiente? Se espera que en Chile caiga la derecha de cuatro presidentes que sucedieron al asesino Pinochet.

4. Si los yanquis logran derrocar a Maduro del gobierno de Venezuela, en la práctica nada independiente quedará en América y el gobierno de López Obrador se verá más sujeto a las decisiones yanquis. Tendremos que esperar unos 15 años más para que cambien un poco las cosas en beneficio de los pueblos. Seguiremos esperanzados en que China, Rusia, Corea, Irán, India, sigan en la competencia económica y financiera hasta derrotar al viejo imperio yanqui que lleva más de 150 años de dominio mundial. El lopezobradorismo como Lázaro Cárdenas sólo –cuando más- podrá dejar a su sucesor a “un derechista como Ávila Camacho” en lugar de uno de izquierda como Francisco Múgica”. Esa ha sido la historia de los triunfos pírricos dela izquierda en América y el mundo. Y como dirían los payasos por ahí: ”lás/ti/ma Mar/ga/ri/to”. (9/IV/20)



Cuarentena para la “politización” del Covid-19

Utopía

Eduardo Ibarra Aguirre

Casi simultáneamente a que Wuhan, con sus 11 millones de habitantes, superó radicalmente su condición de epicentro del Covid-19 tras una cruenta batalla de férreo aislamiento (del 23 de enero al 8 de abril) y múltiples medidas sanitarias del gobierno y la sociedad chinas, el secretario general de la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a Donald Trump para que “no politice la crisis del coronavirus” y convocó a Washington y Pekín “a unir esfuerzos para combatir a este peligroso enemigo”.

El etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus solicitó con humildad “Por favor, pongan la politización del Covid en cuarentena. Si queremos ganar, no debemos perder el tiempo apuntando con el dedo. La unidad es la única opción para derrotar este virus”.

Resulta que en la víspera el negacionista que despacha en la Casa Blanca y que lo mismo niega el calentamiento de la Tierra como “una historia para favorecer a China” –su gran obsesión que más temprano que tarde desplazará a Estados Unidos del sitial de potencia otrora indiscutible–, repitió el esquemita mental y subestimó la pandemia prácticamente hasta cuando comenzó a causar grandes estragos en Nueva York y California, y colocó a Estados Unidos a la cabeza de esta suerte de peste del siglo XXI.

El magnate inmobiliario y depredador sexual al parecer con licencia, sabe muy bien que su abulia despótica puede causarle graves complicaciones en su otra obsesión, ésta casera, la reelección para ocupar la Oficina Oval e Ivanka y su parentela hagan grandes negocios a la luz del día.

Las cifras de entre 100 y 240 mil muertos por el coronavirus que pronostica Donald John son estrujantes, impresionan, pero no tanto como cuando las televisoras transmitan las imágenes de los ataúdes de los caídos en esta batalla sanitaria y el impacto que produzca en la opinión pública y publicada. Recuérdese el efecto causado por los ataúdes envueltos en la bandera de las barras y las estrellas con soldados que llegaban a EU procedentes de Saigón.

Batalla sanitaria crucial para la que el capitalismo salvaje estadunidense y global despojó a las mayorías de los servicios públicos de salud, desmantelándolos o de plano los privatizó. Fenómeno y práctica sistémicos de la que guardan sepulcral silencio los propagandistas y defensores del modelo en quiebra precipitada por el Covid-19, del tipo Leo Zuckermann y Luis de la Calle, entre miles de intelectuales orgánicos del gran capital.

Las acusaciones de Donaldo Juan en contra de la OMS de ser “chinocentrista” y de que se equivocó en alertar al mundo sobre el nuevo coronavirus, así como la amenaza de suspender los cientos de millones de dólares que dona, de lo que reculó enseguida por las preguntas formuladas por los colegas el martes 7, genera críticas y rechazos en diversas latitudes, junto al uso imperialista, sin hipérbole criminal, de la pandemia para asfixiar más aún a países como Cuba, Irán, Nicaragua, Siria y Venezuela.

Justamente también a lo anterior implica el llamamiento unitario del médico de Etiopía que recibe amenazas de muerte y mensajes racistas, cuando con singular precisión pide: “Por favor, pongan la politización del Covid en cuarentena”.

Fórmula aplicable a varios actores políticos, agentes económicos y sociales mexicanos que cometen un grave error de apreciación al considerar llegado el momento y el tema, el Covid-19, para sacar raja política y económica, como el orate que dirige la Coparmex capitalina y sueña, sin alucinógenos de por medio, con “derribar” al presidente Andrés Manuel.

Acuse de recibo

Mensaje rezagado. “Oh mi querido Eduardo, muchas gracias por tu mención. En realidad ya desde hace unos 10 años no me interesa tener la razón, me esmero por ser útil desde mi punto de vista y mis vivencias. Pero me llamó la atención que usaras una palabra que (Carlos) Slim también usa mucho en privado: micro universo. Quizás porque Pepe Martínez lo mencionó (…) Te abrazo fuerte amigo”: Arturo Sandoval… “El ambientalista e integrante de la cooperativa La Mancha en Movimiento, Adán Vez Lira, fue asesinado a balazos en su motocicleta en un camino de terracería que comunica a la comunidad de La Mancha y Palmas de Abajo, Actopan, Veracruz”, reporta Eirinet Gómez… La maestra Natura Olivé, “Abuela de Alexis, Andrei y Alvar”, como ella se presenta en su último libro, cumplirá el 11 de abril cuatro años que abandonó a los suyos, entre los que me cuento como exsuegra que fue, pero sobre todo extraordinaria amiga posterior… El desafuero de AMLO: https://twitter.com/Megafono_Mx/status/1247677135642214400?cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&refsrc=email (…) Para que usted lea: El Consejo Ciudadano para VIH justifica actos de vandalismo en el Seguro Social. Zetkin, Luxemburgo, Kolontái y Krúpskaya, pioneras del feminismo. Las mujeres olvidadas de la Guerra contra el narco es una campaña (Miguel Hernández): http://www.forumenlinea.com/ y http://www.forumenlinea.com/index.php/aportaciones




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Naomi Klein: "La crisis del coronavirus es una oportunidad para construir otro modelo económico"

La periodista y escritora vuelve a ver la misma película del 2008, cuando "las consecuencias de la crisis las pagó la gente".

Angela Mauro (HuffPost Italia)

“Atentos a la austeridad después de la emergencia”. Naomi Klein está convencida de que estamos viviendo la misma película que cuando estalló la crisis financiera en 2008, con los picos de 2009 y 2010. Se gastó “mucho dinero para salvar el sistema financiero y la cuenta la pagó la gente corriente con la austeridad”, explica la activista, periodista y escritora canadiense en esta entrevista con la edición italiana de HuffPost. Pero algo se puede hacer, argumenta la autora, que se hizo famosa en todo el mundo con el libro No logo, en pleno auge de los movimientos antiglobalización. 

Klein, de 50 años, siempre crítica con el modelo capitalista, busca la respuesta en el activismo social más que en la acción de los gobiernos que, junto con las multinacionales, “podrían utilizar esta emergencia para crear más desigualdades e injusticias”. ¿Qué puede hacer uno confinado en casa? “Usar esta fase temporal para prepararnos lo mejor posible para la movilización en la siguiente fase”, responde, evitando el error cometido en el pasado: más allá de la protesta contra la austeridad, hace falta “una propuesta” para otro modelo económico. 

Empecemos con un pronóstico: ¿El mundo será mejor o peor después de la crisis del coronavirus?

Podemos aprender mucho de esta emergencia pero no hay ninguna garantía de que lo vayamos a hacer. Estoy de acuerdo con Arundhati Roy (escritora y activista india) que hace un par de días escribió que esta fase es como una puerta: caminamos hacia un punto muy diferente del que nos encontrábamos antes. Puede ser mejor o peor, seguramente será diferente, pero cómo será depende de nosotros. No hago pronósticos. Solo digo que esta es una fase de profunda transformación: estamos cambiando por culpa de esta emergencia. La cuestión es que las estructuras del sistema, ya sea en América o Europa, podrían utilizar esta emergencia para crear más desigualdades e injusticias. Este virus lo han expandido alrededor del mundo viajeros mayoritariamente ricos que viajan por conferencias o cruceros. Pero, naturalmente, son los pobres, los migrantes, los que serán culpados y los que una vez más pagarán las consecuencias por culpa de la xenofobia y del racismo, abocados a aumentar en esta fase de militarización de las fronteras. Ya lo estamos viendo: las industrias que más contaminan el planeta o las compañías aéreas están utilizando la crisis para conseguir regulaciones más flexibles y favorables para ellos. Lo he escrito durante muchos años, todo esto es predecible. La cuestión es qué hacemos nosotros.

Ahora hemos adquirido conocimientos irrefutables: conocemos el lado bárbaro de la austeridad, sabemos lo que significa infravalorar la importancia del sistema público sanitario y la seguridad de los trabajadores. Quien tiene hijos es consciente del increíble papel que desarrollan los profesores en escuelas a menudo abandonadas a sí mismas por los gobiernos, incluso ahora los docentes hacen lo que pueden para continuar desarrollando su trabajo a distancia. Y además hemos aprendido la lección de que es posible coexistir con las especies animales con la condición de respetarlas. Pensemos en la imagen de los delfines que vuelven a Venecia: viene a decir que los humanos son el virus porque se comportan mal, no respetan e medio ambiente, ocupan todo el espacio posible con coches y medios contaminantes. Si nos damos cuenta de la importancia de todo esto, entonces debemos refundar nuestra economía colocando en el centro estos valores. Y entonces sí se podrá decir que tenemos una oportunidad. 

Las estructuras del sistema podrían utilizar esta emergencia para crear más desigualdades e injusticias"

Pero en esta fase los gobiernos están gastando más en el sistema público sanitario o en combatir las consecuencias de la crisis sobre el empleo. Se están endeudando. Y todo esto sin tener en cuenta el hecho de que todavía no se sabe cuándo y en qué condiciones se devolverá la deuda, que es la discusión que está destrozando la Unión Europea. ¿De verdad no tiene esperanzas en que desde aquí se pueda progresar en la protección del interés público?

Es difícil. Después de la crisis del 2009, se gastó mucho dinero en salvar el sistema financiero pero la cuenta la pagó la gente corriente porque, después de haber gastado, se intentó imponer la austeridad. Creo que la crisis del coronavirus es una oportunidad para construir otro modelo económico. Todo es posible. Pero la verdad es que el coronavirus no es la única emergencia que estamos combatiendo. La crisis climática también es una emergencia que requiere el mismo tipo de tratamiento que se ha adoptado para el COVID-19. Entonces debemos reconocer esta emergencia, pero estar atentos para que no se abuse y se utilice para suspender la democracia, violar los derechos humanos o normalizar la vigilancia de masas, sino para que se utilice para renovar nuestros hospitales, escuelas y para que nos lleve hacia una transición energética no contaminante, porque la contaminación hace que nuestros cuerpos sean más sensibles a epidemias como el coronavirus.

Una de las cosas más evidentes en Estados Unidos es que los afroamericanos están muriendo más que los blancos. La razón es que viven en las zonas más contaminadas de Estados Unidos, porque las fabricas que más contaminan se construyen en las zonas más pobres del país y parece que es ahí donde el coronavirus golpea más porque las deficiencias respiratorias son mayores. 

¿Pero cómo podemos ejercer el activismo social confinados en casa? Las redes no son suficiente. Si echa un vistazo a los chalecos amarillos en Francia, no es que solo se hayan enviado mensajes de WhatsApp...

Esta es una situación temporal. Creo que debemos utilizar esta fase de reclusión para prepararnos lo mejor posible para la movilización en la siguiente fase. Es cierto que es difícil protestar ahora, pero no es imposible. En Estados Unidos los trabajadores de los supermercados, del servicio postal y las enfermeras, irán a la huelga para pedir seguridad en sus puestos de trabajo, mascarillas y protección. Son los trabajadores que hasta ahora han sido peor tratados por nuestro sistema económico, no se les ha valorado lo suficiente, se les ha pagado poco. Piden más derechos. Estos trabajadores guiarán la futura movilización. La gente debe prepararse para cuando se puedan volver a tomar las calles. Ahora hay muchas cosas en la red: videoconferencias, asambleas online para ver qué se puede hacer, cómo organizarse. Existe la posibilidad de construir una movilización con una participación más amplia de la que hubo después de la crisis de hace más de diez años. También existen otros instrumentos más allá de las huelgas: educación política, la construcción de relaciones y esto ya está sucediendo. Debemos insistir y lograr que este activismo nos resulte útil cuando podamos salir: está situación de confinamiento no es eterna. 

Pero nunca antes la gente había estado tan deprimida y ‘objetizada’, totalmente dependiente de la actuación de los gobiernos

Sí, pero debemos aprender de los fallos de 2009, 2010 y 2011. En la fase poscrisis en Europa hubo una gran protesta contra la austeridad, pero no hubo propuestas políticas y económicas. Hubo protesta, pero no la propuesta para construir un modelo económico no basado en el consumo, sino en el bienestar, en la protección del ciudadano y el medio ambiente. Este es el momento para ser ambiciosos: no debemos limitarnos a decir no a la austeridad que podría llegar en un futuro, sino construir un modelo diferente. 

El Green Deal parece olvidado en esta fase de la emergencia

Depende de si nosotros nos olvidamos. El Green Deal se diseñó antes de la crisis del coronavirus como un simple plan de relanzamiento de la economía. Inspirémonos en el New Deal de Roosevelt que ofrecía un empujón más fuerte, como el que necesitamos ahora con esta crisis. El New Deal se concibió en los años 30 en medio de una depresión económica y de una crisis ecológica, y tenía como objetivo revitalizar la economía. Un ‘new deal verde’ es todavía más importante en esta fase. Pero debemos creer e insistir, demandarlo. Porque seguramente los gobiernos y multinacionales intentarán utilizar esta situación como una excusa para continuar haciendo las cosas como hasta ahora. 

¿Es pesimista sobre el futuro de la democracia liberal?

No. Los países que mejor han gestionado la pandemia no han sacrificado su democracia. Por ejemplo Nueva Zelanda, Islandia o Corea del Sur. Debemos prestar mucha atención a la hora de decir que hace falta un liderazgo autoritario para gestionar la crisis. China, por ejemplo, escondió información sobre la propagación de la epidemia y no podemos fiarnos de Pekín. Muchos líderes autoritarios han sido lentos en la gestión de la crisis y han escondido información. En China, en Estados Unidos, en Israel con Netanyahu, Orban en Hungría, Bolsonaro en Brasil, Duterte en Filipinas, Modi en India: todos han utilizado la crisis para reforzar sus poderes, pero no hay ninguna prueba de lo que estén gestionando mejor. Es más, es al contrario, lo están gestionando peor. 

¿Entonces la crisis del COVID-19 podría revelarse como un boomerang para los líderes autoritarios? ¿Cerramos la entrevista con este ápice de optimismo?

(Ríe) Tenemos que ser claros sobre esto: es posible tratar la crisis como una emergencia que debe gestionarse con líderes fuertes pero democráticos, que no tengan una agenda oculta, sin chivos expiatorios, que no violen los derechos y que gobiernen con el consenso. Y existen, especialmente entre las mujeres.

Esta entrevista fue publicada originalmente en la edición italiana de El HuffPost y ha sido traducida y adaptada al castellano por Uxía Prieto.