Ricardo Raphael
19 de enero de 2009
Nuestra democracia transita ahora por el camino que va de las malas a las peores. Ahora resulta que para las elecciones federales próximas, si se aspira a jugar como candidato a diputado, o se es muy amigo del líder principal de los partidos o se archiva el deseo de participación para sacarlo en un mejor momento.
La actual clase política —mediocre y mezquina— no está dispuesta a perderse ni un asiento, de ningún vagón, en uno solo de los trenes que pasan por su puerta. Los métodos que se perfilan para seleccionar las candidaturas parlamentarias se han puesto al entero servicio de las más elevadas cúpulas de partido.
Germán Martínez, presidente de Acción Nacional, explica que en su instituto han tomado tan arbitraria decisión con el propósito de “garantizar a la ciudadanía que los candidatos no vayan a estar vinculados con el crimen organizado”. Es una declaración con aroma a mentira podrida.
¿De cuándo a acá la única manera de asegurarse de que los intereses perversos de la sociedad no se apropien de la nómina de San Lázaro, es forzando a que ella se vuelva monopolio de los amigos o los leales del máximo líder partidario?
No es suspicacia excesiva interrogarse por qué estarían mejor blindadas las listas parlamentarias, si éstas son decididas por la alta clase política, en lugar de ser confeccionadas a partir del ejercicio democrático de la base militante.
¿Será que los militantes son más corruptos que sus líderes de partido?
¿Cuántas razones falsas seguirán presumiéndose como indispensables en nuestro país, usando como pretexto el nombre de los narcotraficantes?
Más cierto que los argumentos de Martínez Cázares es que las pulsiones autoritarias apenas si han limado su anclaje en la entraña de los políticos mexicanos.
Antes era el presidente de la República quien se guardaba para sí el privilegio casi total de nombrar a los integrantes del parlamento. En los días que corren, el vacío dejado por el régimen ido se ha venido a colmar por la voluntad iluminada de los nuevos virreyes aposentados en las sillas del sínodo partidista.
La filosofía de viejo cuño, cuyo único objetivo era conseguir y mantener el poder, en poco puede distinguirse de la nueva, que quiere exactamente lo mismo, aunque de manera menos disimulada.
Atrás quedó el discurso democratizador de la oposición al PRI. En su tumba se estará comiendo las uñas Manuel Gómez Morín —fundador del PAN— ahora que, quienes presumen ser sus descendientes, han decidido designar directamente a casi 70% de las candidaturas uninominales y a 60% de las de representación proporcional.
Bien decía Lord Acton que el poder absoluto corrompe absolutamente. Fanatizado con su nueva épica guerrera, el Partido Acción Nacional ha extraviado en un oscuro callejón su ética originaria.
En contraste, el PRI y su tradicional autoritarismo, se presentarán a esta elección con un ropaje menos cuestionable. Al menos en esta fuerza política las candidaturas serán decididas por un extenso grupo de notables.
En el recinto decisorio priísta no sólo cohabita su presidenta, Beatriz Paredes, sino que además sostienen voz y voto los líderes congresionales y los 17 gobernadores con los que cuenta el tricolor.
Curioso resulta que el PAN acuda a la próxima elección con una bandera percudida, por antidemocrática, mientras su viejo enemigo lo hace a partir de un mecanismo de selección menos personalizado.
Con todo, en ambas formaciones políticas la cúpula se impone sobre sus bases y los grandes perdedores de esta circunstancia vuelven a ser los ciudadanos de a pie.
La puerta de entrada a la representación popular se les ha vuelto a cerrar a piedra y lodo. Quizá sea por ello que ocho de cada 10 mexicanos conservan una pésima impresión sobre su sistema de partidos.
Analista político
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