Foto: Ricardo Ruíz
MÉXICO, D.F. (apro).- Los asesinatos contra mujeres aumentaron 71% entre 2007 y 2009, al pasar de mil 85 a mil 858 casos, y ese es un asunto que debe ser atendido de manera urgente por las autoridades, en virtud de que se ha convertido en un grave problema para las personas del sexo femenino en México.
Así lo señaló la diputada federal perredista Teresa Incháustegui durante una reunión con funcionarios de justicia estatales, donde alertó que del total de asesinatos registrados contra mujeres, 10% fueron cometidos contra menores de cinco años.
“Según las actas de defunción de los homicidios dolosos a mujeres, 10% de los feminicidios se producen entre la población femenina de cero a cinco años, es decir que tenemos un problema grave que nos llama la atención y que no podemos permitir que siga ocurriendo”, expresó la legisladora.
De acuerdo con datos de las Estadísticas Vitales de Mortalidad, emitidas por el INEGI y analizadas por investigadores de El Colegio de México, de los casos registrados en 2009, 5.7% de las víctimas tenían de cero a cinco años de edad, 7.4% eran menores de 10 años y 10.5% aún no cumplía los 15 años de edad.
El resto eran mujeres de entre 15 y 45 años, añadió Incháustegui, presidenta de la Comisión
Especial para conocer y dar seguimiento a las acciones emprendidas por las autoridades competentes en relación con los feminicidios registrados en México.
La legisladora afirmó que además del incremento en el número de feminicidios cometidos en el país, ha crecido la saña con que se cometen los asesinatos.
La mayoría, dijo, muere en su propia vivienda, son asesinadas con armas punzocortantes, ahorcadas, incendiadas o quemadas con algún químico o a golpes.
“El homicidio de mujeres es un delito multiofensivo porque implica, muchas veces, el secuestro, maltrato, violación y finalmente el homicidio, por eso la complejidad de la tipificación del feminicidio”, agregó.
Por separado, los senadores Rubén Velázquez López, Rosalinda López Hernández, José Guadarrama Márquez y José Luis García Zalvidea, también del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propusieron en días pasados tipificar el feminicidio como delito grave a nivel nacional, y exhortaron a los gobiernos estatales a “adoptar medidas para proteger a las víctimas de este crimen”.
De acuerdo con los senadores “la violencia de género ha ido en aumento y se ve acompañada de altos niveles de impunidad”, por lo que demandaron que se instrumenten políticas públicas adecuadas y eficientes.
En tanto, el fiscal general del estado de Chihuahua, Carlos Manuel Salas, admitió que la violencia contra las mujeres va en aumento, y aceptó que la lucha por reivindicar los derechos de las mujeres ha sido lenta y dolorosa.
En lo que va de 2011, en Chihuahua ha habido dos mil 600 homicidios, de los cuales 222 son de mujeres, “es una altísima cifra, el 9%”, expuso.
El funcionario estatal presentó este martes los avances logrados en la sentencia de Campo Algodonero, derivada de los asesinatos de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, ocurridos en Ciudad Juárez de septiembre a octubre de 2001, bajo circunstancias violentas.
En un video precisó que el personal capacitado de investigación criminalista ministerial trabaja en la identificación de los responsables de los asesinatos, y detalló que en el caso de Esmeralda Herrera Monreal existen líneas de investigación con datos concretos y confiables, pero que “por el momento no es oportuno revelar”.
Sobre el caso de Laura Berenice Ramos, dijo, se han recuperado diligencias de averiguación previa para procesamientos, además de que se cuenta con líneas de investigación para identificar a los responsables. En tanto, el caso de Claudia Ivette González continúa en indagatorias.
El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) pronunció una sentencia considerada ejemplar en torno del asesinato de Claudia González, de 20 años de edad; Esmeralda Herrera, de 15, y Laura Berenice Ramos, de 17 años, junto con otras cinco mujeres que no pudieron ser identificadas.
Los cuerpos mostraban signos de violación sexual con extrema crueldad. Frente a la indiferencia y al desinterés de las autoridades mexicanas por investigar esas muertes, la abogada de las familias llevó el caso a la CoIDH.
Ocho años más tarde, por primera vez en la historia, la CoIDH condenó a un país, México, por considerarlo responsable de feminicidio.
Lo declaró “culpable de violentar el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal, entre otros delitos”, así como culpable de “no investigar adecuadamente” las muertes.
En su sentencia, la CoIDH definió el feminicidio como “homicidio de mujer por razones de género”. La condena no se limitó a los cinco casos denunciados, también incluyó una serie de deberes impuestos al Estado mexicano para investigar e impedir los feminicidios en su territorio.
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