Especial - Golpe de Estado en Honduras
Homicidios son “delitos comunes”, dice procuradora
Archivo | CIMACFoto
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- El gobierno hondureño desestimó la violencia que se ejerce en el país centroamericano contra las y los defensores de Derechos Humanos (DH), así como contra las mujeres y pueblos indígenas, misma que según organizaciones civiles, aumentó tras el golpe de Estado de junio de 2009.
Durante la audiencia “Situación general de los Derechos Humanos en Honduras”, celebrada el pasado viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, activistas presentaron un esbozo de la grave situación de violencia en la que realizan su trabajo y que se ve reforzada por la impunidad e inacción de las autoridades.
La abogada Carolina Sierra, representante de Foro de Mujeres por la Vida, dijo que las hondureñas viven en una situación alarmante de violencia de género.
Precisó que de 2009 a 2012 los asesinatos de mujeres se incrementaron en 246.3 por ciento y que actualmente se estima que una mujer es asesinada cada 15 horas por crímenes de odio.
Sierra dijo que en muchos de los casos se sabe de la participación de agentes de la policía en los crímenes.
Brenda Mejía, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús, advirtió que las y los defensores de DH se enfrentan a un clima de inseguridad y de amenaza constantes.
Añadió que hasta ahora se conoce del asesinato de 24 abogadas y abogados que litigaban en la defensa de los DH, y condenó que no haya ninguna investigación para esclarecer los crímenes.
Bertha Olivia, integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), consideró que la población hondureña vive en un país donde los DH no son respetados ni reconocidos por las autoridades.
Como representante del Estado, la procuradora general hondureña, Ethel Deras Enamorado, si bien no negó el clima de violencia en la nación centroamericana, dijo que éste se debía al incremento de la violencia a nivel global y no a la poca acción de las autoridades.
Deras justificó el aumento de la violencia por la existencia de grupos criminales ligados al narcotráfico y recalcó que es una situación que se ha expandido por toda América Latina, y no sólo en Honduras. Además dijo que no se cuentan con los recursos económicos para hacer frente a estas redes.
Consideró que la violencia contra las mujeres no difiere de la violencia que vive la población en general. A decir de la procuradora, las agresiones que se cometen contra las hondureñas no presentan características diferentes de la violencia contra los varones. “Los hombres son los más afectados en los asesinatos” aseguró.
Señaló que se han implementado medidas para proteger los derechos de las mujeres, y que incluso recientemente se tipificó el delito de feminicidio.
Ethel Deras reconoció que tanto periodistas como defensoras y defensores de DH han sido asesinados en los últimos años, pero negó que los crímenes tuvieran que ver con su labor humanitaria, pues, dijo, las averiguaciones previas han apuntado a que los homicidios corresponden a “delitos comunes”.
La procuradora justificó la ausencia de estadísticas y datos debido a que no se había anexado la información, y aclaró que ésta sería posteriormente enviada a la CIDH.
Tracy Robinson, comisionada de la CIDH y quien presidió la audiencia, cuestionó a la procuradora sobre la veracidad de su reporte e invitó al Estado hondureño a presentar más información.
Bertha Oliva calificó la respuesta y lo declarado por el Estado hondureño como “una muestra más” de la poca disposición de las autoridades por garantizar los DH de la población.
El 28 de junio de 2009 fuerzas armadas allanaron el domicilio del entonces presidente Manuel Zelaya y lo expulsaron del territorio hondureño, después de lo cual Roberto Micheletti fue nombrado como mandatario interino.
Desde entonces, diversas organizaciones nacionales e internacionales han documentado que la violencia en el país se ha incrementado.
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