Transparencia y anticorrupción

Miguel Concha

La transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública son elementos esenciales de un gobierno democrático. Sin embargo existe un fenómeno frecuente que atenta contra la ética pública y la rendición de cuentas: la corrupción. Pese a que existen diversas definiciones, la más sencilla y aceptada afirma que la corrupción es el abuso del poder público para beneficio privado. La corrupción es un fenómeno multicausal difícil de medir y combatir. Ello no obstante, son tangibles sus elevados costos en términos económicos, sociales y políticos, lo que se ha traducido en una crisis de confianza en las instituciones y en la difusión de la especie de que las prácticas corruptas se pueden mantener sin consecuencias.

Cabe mencionar que en su desarrollo participan tanto autoridades como la sociedad y las empresas, pese a que, por otro lado, la percepción de la propia sociedad nos dice que el problema es serio y aumenta. Los analistas de la corrupción señalan que ésta sucede a través de redes integradas por servidores públicos que se organizan para obtener un provecho personal –individual o colectivo, directo o indirecto, tangible o intangible–, derivado del ejercicio de las atribuciones y/o usos de los recursos que les son otorgados.

Al respecto en México se han desarrollado estudios, como el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, realizado por la organización Transparencia Mexicana (TM), que, abonando al amplio debate sobre el tema, muestra con evidencia empírica que no existe una relación lineal entre mayor transparencia y menos corrupción. El índice es una encuesta que mide la corrupción que afecta a los hogares, registrando la corrupción en servicios públicos ofrecidos por los tres niveles de gobierno y por empresas particulares en todo el país. Los resultados muestran que las entidades federativas que obtuvieron buenos resultados en el control de la corrupción en trámites y servicios no necesariamente obtuvieron buenos resultados en transparencia, y al revés, que mayor transparencia no significa necesariamente menos corrupción.

El Distrito Federal obtuvo, por ejemplo, los mejores niveles en transparencia y los peores en corrupción, mientras Baja California Sur tuvo los niveles más bajos en transparencia y los más bajos también en corrupción en trámites y servicios. Otro dato interesante que arroja el estudio es que en promedio una mordida les costó en 2010 a los hogares mexicanos en promedio 165 pesos, mientras en 2007 les costó 138 pesos. De lo anterior se concluye que es fundamental desarrollar una política pública en materia de transparencia, pero también una política anticorrupción efectiva, de lo contrario se abrirá la puerta a mayor impunidad, y la rendición de cuentas no trascenderá de un espacio normativo y discursivo a uno real. Actualmente nos encontramos en el país en un momento de coincidencia cronológica entre la renovación normativa del tema de transparencia y la construcción de un marco legal del Sistema Nacional Anticorrupción, que sólo en el ámbito federal se traducirá en la creación de gran cantidad de leyes.

Por lo que se refiere al primer tema, ya hice notar en otras ocasiones que queda un largo trecho por recorrer en lo que se refiere a la consolidación de las nuevas atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Los transitorios de la Ley General establecieron como plazo un año para armonizar las leyes estatales. Así que hasta que se cumpla el plazo, el instituto podrá ejercer en su totalidad sus nuevas atribuciones. Y, por supuesto, no se puede dejar de mencionar los retos en materia política, pues existe gran resistencia entre los funcionarios a entregar información. Es, por tanto, muy importante recalcar que el derecho de acceso a la información y la transparencia lleva implícito un cambio de cultura en la burocracia y en la forma de operar y dirigir las instituciones públicas. Y sobre el marco legal del Sistema Nacional Anticorrupción, una serie de organizaciones e instituciones agrupadas en la Red por la Rendición de Cuentas, ha manifestado su preocupación por que la construcción de las leyes generales sobre las responsabilidades administrativas de los servidores públicos abone a la articulación de un sistema más robusto para la rendición de cuentas y el control del poder en la esfera pública. Ambos sistemas, entonces, el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, son imprescindibles para garantizar el acceso a la información pública y la rendición de cuentas por los gobernantes hacia la población. Pero, sobre todo, son herramientas indispensables para fortalecer nuestra decadente democracia y vigilar mejor la gestión pública. La sociedad mexicana tiene la oportunidad de seguir debatiendo sobre el tema, así como de promover y recuperar el concepto de la ética pública y los valores que acompañan a la transparencia y la rendición de cuentas, lo que resultará en un mejor ejercicio de la gestión pública y mejores condiciones de vida para que la población ejerza y vea garantizados sus derechos humanos.

Un punto sensible para la población que será necesario resolver en la legislación es el correspondiente a los procedimientos y sanciones a los que deberán estar sujetos los funcionarios federales y locales de todo nivel y poder que sean sorprendidos y señalados como responsables de corrupción, pues ya no es posible que tales actos sigan siendo solapados por las instituciones, la ley, y queden impunes.