Mujeres, las más violentadas, pero se ignora si obtienen justicia
Grupos
civiles exigieron al gobierno mexicano garantice acceso a la justicia, a
la reparación del daño, a visas humanitarias y refugio a la población
migrante, además de que brinde información detallada y desagregada por
sexo respecto a las quejas y denuncias por presuntos abusos contra
migrantes, tras la implementación del Plan Frontera Sur.
Así lo exigieron hoy en conferencia de prensa en esta ciudad al menos
nueve organizaciones ciudadanas –entre ellas Fundar Centro de Análisis e
Investigación–, que elaboraron el informe “Un camino incierto. Justicia
para delitos y violaciones a los Derechos Humanos contra personas
migrantes y refugiadas en México”.
Y es que entre los principales hallazgos del informe está que el Plan
Frontera Sur –presentado por el Ejecutivo federal en julio de 2014–
aumentó de manera significativa los operativos, detenciones y
deportaciones de migrantes.
Por ejemplo, entre julio de 2014 y junio de 2015 las detenciones
migratorias aumentaron 75 por ciento respecto a las registradas en el
mismo periodo del año anterior.
Se suma un incremento –registrado por las casas que atienden a
migrantes– en los abusos y delitos que cometen grupos criminales y
agentes del Estado contra esta población, tales como robo, secuestro,
extorsión y trata de personas; y en el caso de niñas, adolescentes y
mujeres se reportó más violencia sexual.
Sin embargo –observaron las y los activistas– “hay una carencia de datos
contundentes sobre la procuración de justicia para migrantes en
México”, ya que la información más precisa proviene de la Fiscalía
General del Estado Oaxaca, que reporta que de 383 denuncias de delitos
recibidas en cuatro años, sólo 96 resultaron en averiguación previa, y
sólo en cuatro hubo sentencias para los perpetradores, pero sin precisar
el sexo de las víctimas.
Alberto Donis Rodríguez, coordinador del refugio Hermanos en el Camino,
en Ixtepec, Oaxaca, dijo en breve entrevista que en general la
información que recibieron por parte de las dependencias sobre acceso a
la justicia y atención a las denuncias que presentaron personas
migrantes, es de “muy mala calidad” y ninguna instancia brindó datos
desagregados por sexo, por lo que se optó por poner sólo cifras
generales.
Esto es así a pesar de que la mayoría de los delitos sexuales
registrados fueron contra niñas, adolescentes y mujeres, quienes
conforman la población más vulnerable dentro del flujo migratorio,
acotaron las y los activistas.
Agregaron que ante la falta de seguridad y acceso a la justicia, son
ellas quienes han desarrollado algunas estrategias de sobrevivencia como
trasladarse en grupo, aliarse con otras mujeres, o permanecer el menor
tiempo posible en los refugios del norte del país, donde –consideran–
están en más riesgo.
Maureen Meyer, coordinadora del programa México y derechos de migrantes,
de la organización Advocacy for Human Rights in The Americas (WOLA, por
sus siglas en inglés), dijo que este informe demuestra que con el Plan
Frontera Sur hay un uso excesivo de la fuerza contra la población
migrante durante los operativos, lo que propicia más abusos en su
contra.
“El gobierno ha fracasado en la protección de los migrantes y ha habido
un aumento en la política de deportación, y una falta de acceso a la
justicia. En nuestra experiencia, los procedimientos para acceder a las
visas humanitarias y refugios sólo tienen resultados positivos cuando
son acompañados por la sociedad civil”, abundó.
“Tiene que haber una respuesta eficaz del gobierno mexicano frente a esa
realidad. Si México quiere garantizar los Derechos Humanos de los
migrantes tiene que ampliar su capacidad de protección y acceso a la
justicia y no ver el tema sólo como de administración de flujos de
personas”.
Según los datos recopilados en el informe, de las mil 617 quejas que
presentaron migrantes ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 1
de diciembre de 2012 al 15 de junio de 2015, sólo cuatro –sin
desagregar por sexo– resultaron en una recomendación.
En tanto, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) –que
tampoco da cifras desagregadas por sexo– entre 2014 y lo que va de 2015
sólo ha expedido poco más de 900 visas humanitarias para personas de
origen centroamericano que huyen de sus países debido a la violencia
extrema en la que viven.
Se añade que únicamente siete entidades de México cuentan con una
fiscalía especializada para atender delitos contra personas migrantes.
Para operar el Plan Frontera Sur –se asienta en el informe–, el gobierno
estadounidense ofreció un apoyo político y financiero a México para el
control migratorio, especialmente después del aumento en la llegada de
niñas, niños y adolescentes no acompañados a EU.
Ese apoyo se tradujo en que en 2014 EU diera 86 millones de dólares (mil
440 millones 500 mil pesos mexicanos) a nuestro país para actividades
relacionadas a la seguridad fronteriza en el sur de México, como parte
de la Iniciativa Mérida, y que en 2015 se asignaran otros 79 millones de
dólares (mil 323 millones 250 mil pesos mexicanos) para este mismo
propósito.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario