Atenta contra la democracia y los derechos de las mexicanas
Funcionarias,
académicas y legisladoras consideraron necesaria una normatividad sobre
violencia política de género, para que las mujeres compitan en
condiciones de igualdad con los varones cuando aspiran a ocupar puestos
de decisión.
Al concluir tres días de análisis en el seminario internacional
“Violencia política contra las mujeres en América Latina”, que se
realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estudiosas
y promotoras de la participación política femenina llamaron al Congreso
de la Unión a tipificar las conductas que violentan a candidatas y
funcionarias.
Al hacer un balance sobre las agresiones en la esfera política, las
participantes señalaron que las candidatas y mujeres electas a cargos de
poder viven actos de presión o exclusión, hostigamiento, amenazas,
violencia psicológica y “simbólica”.
Ligia Blanco, directora del Netherlands Institute for Multiparty
Democracy (NIMD) en Guatemala, explicó que estos actos también tienen
efectos emocionales porque causan fatiga, depresión, pérdida de interés o
abandono de la política, que es la consecuencia directa de la
recurrente violencia.
De acuerdo con un análisis que realizó la también consultora, la
violencia política también tiene consecuencias en la calidad de la
democracia, debido a la ausencia de ciudadanas que podrían contribuir al
desarrollo y la democratización de las instituciones y la sociedad.
Para las expertas, cualquier mujer puede ser blanco de agresiones en el
ámbito político, desde la canciller alemana, Ángela Merkel, la ex
secretaria de Estado de Estados Unidos Condoleezza Rice, la presidenta
de Chile, Michelle Bachelet, hasta la gobernadora de Sonora, Claudia
Pavlovich, o una diputada o regidora.
Respecto a México, Paula Soto, directora de Participación Social y
Política en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), explicó
que no hay una legislación al respecto, y por tanto no se reconoce el
flagelo a pesar de que en el Senado se han presentado cuatro
iniciativas, una de las cuales se aprobó pero quedó “congelada” en la
Cámara de Diputados.
Consideró además que las mujeres sufren violencia política desde el
momento en que tienen que ser reconocidos sus derechos políticos en una
ley.
Como ejemplo de los obstáculos para que las ciudadanas ejerzan cargos,
Soto citó la Ley Electoral de Quintana Roo (QR), legislación aprobada
por el Congreso del estado apenas este martes 10 de noviembre y la cual
evita que las mujeres tengan 50 por ciento de las candidaturas a las
presidencias municipales.
De acuerdo con las participantes en el seminario, aunque en México
existe la obligación de los partidos de postular a 50 por ciento de
mujeres como candidatas a ocupar una senaduría o diputación federal, no
habrá “piso parejo” de competencia entre mujeres y hombres hasta que no
se reconozca, prevenga y sancione la violencia política.
Pilar Tello, oficial de Programas de IDEA Internacional, institución
especializada en procesos democráticos y asistencia electoral, señaló
que hay quienes argumentan que los partidos son “instituciones
privadas”, por tanto desde el Estado no se les puede obligar a ciertas
acciones pese a que actúan en el espacio público y son de interés
público.
La experta expuso que debe haber más incidencia en las agrupaciones
políticas por ser instituciones que tienen en sus manos las cartas del
juego político y democrático, ya que dominan la postulación de las
candidaturas, defienden quiénes estarán en las listas electorales y
promueven u obstaculizan perfiles de militantes.
A ello agregó que se debe considerar que los partidos tienen “dinámicas
masculinas” que mantienen y perpetúan la violencia de género, y de ahí
las manifestaciones frecuentes de estereotipos de género,
cuestionamiento a las capacidades de las mujeres, y descalificaciones a
sus propuestas y opiniones.
Por tanto destacó que se pueden tomar acciones frente a la violencia: a
nivel partidario, jornadas de capacitación, espacios de diálogo para
reconocer y neutralizar la violencia, alianzas entre mujeres, buscar
aliados políticos varones; y a nivel normativo, promover la
implementación de normas orientadas a evitar la discriminación y
sancionar esta violencia en los estatutos partidistas.
Por su parte, representantes de los partidos políticos reconocieron que,
a pesar de que se están tomando acciones, la violencia política de
género en su interior es una realidad que aún persiste.
Claudia Castello Rebollar, secretaria de Equidad de Género del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), mencionó que en septiembre pasado el
congreso nacional del sol azteca aprobó modificaciones a sus estatutos,
para que por regla haya también más mujeres en las estructuras
organizativas.
Así, el acuerdo en el PRD fue garantizar la paridad “vertical” y
“horizontal” en órganos, comisiones y candidaturas, además de que se
aprobó que de las cinco circunscripciones electorales en que se divide
el país, tres no podrán ser encabezadas por un mismo sexo (mujer u
hombre).
Sin embargo al ser cuestionada sobre acciones específicas contra la
violencia política, Castello reconoció que hay casos como la ley
aprobada en QR o el de Rubén Escamilla, un militante perredista que al
buscar una diputación local acosó sexualmente a una mujer para darle una
plaza laboral.
En tanto que Diva Gastélum, dirigente del Organismo Nacional de Mujeres
Priistas, señaló que no se puede mentir y decir que no existen las
agresiones, pero acotó que, por obligación, su partido está tomando
acciones como la capacitación para fomentar liderazgos femeninos.
Según dijo la también senadora, sería mejor que la capacitación y
reeducación fuera para los varones, pues son ellos quienes violentan a
las mujeres, en especial con campañas de difamación, al cuestionarlas
sobre sus capacidades y conocimientos.
También al ser interrogada sobre casos específicos, como lo sucedido con
el ex líder priista en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la
Torre, acusado de tener una red de prostitución, dijo que no se tolerará
ninguna agresión.
Ambas militantes señalaron que es importante una legislación que
contemple la violencia política por razones de género, idea a la que se
sumó Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República, que
incluso presentó un modelo de ley.
El fiscal señaló que los datos actualizados indican que la FEPADE ha recibido 40 denuncias de violencia política de género.
Entre ellas, citó tres casos que ocurrieron en 2015: el asesinato de la
precandidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, la perredista
Aidé Nava González; la golpiza a la candidata a la alcaldía de Reforma,
Chiapas, la panista Yesenia Alamilla Vicente; y la agresión sexual y
física a la consejera electoral Lorena Nava Cervantes en Oaxaca.
Santiago Nieto se pronunció por una reforma a la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General en
Materia de Delitos Electorales, para estipular la violencia política de
género.
15/AGM/RMB
Imagen cortesía PUEG
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- 
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