En comisiones del Senado, se hará realidad una petición largamente reclamada por la sociedad civil: incluir como “sujetos obligados” de transparencia al Poder Judicial de la Federación
lasillarota.com
Este miércoles, en comisiones del Senado, se hará realidad una
petición largamente reclamada por la sociedad civil: incluir como
“sujetos obligados” de transparencia al Poder Judicial de la Federación,
a los sindicatos, partidos políticos, fideicomisos y personas físicas o
morales que ejerzan recursos públicos.
Las comisiones unidas de Anticorrupción, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado concluyeron un nuevo proyecto de dictamen de la Ley Federal de Transparencias con la que se amplían las obligaciones de los todos los “sujetos obligados”, da más dientes al Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y por primera vez determinan las sanciones a las que podrían hacerse acreedores los que incumplan el mandato de transparentar su actuación.
De aprobarse en el Congreso, la nueva ley establece como medidas de apremio la posibilidad de que el Instituto pueda imponer al que incumpla el mandato de transparencia amonestaciones públicas o multas que irían de 150 a mil veces el salario mínimo vigente.
El incumplimiento de los “sujetos obligados” será difundido en los portales de obligaciones de transparencia del Instituto y considerados en las evaluaciones que realice este.
“En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el artículo 186 de esta Ley, el Instituto deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente”, señala parte del articulado.
Sindicatos y partidos políticos vigilados
La propuesta de nueva Ley Federal de Transparencia establece que todos los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, en los respectivos sitios de Internet, la información susceptible a ser transparente, como es el caso del destino de los recursos públicos.
De igual forma, los partidos políticos, las agrupaciones políticas nacionales y las personas constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente también deberán poner a disposición del público y actualizar dicha información.
En el caso de las obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos federales o realizan actos de autoridad, la propuesta señala que el Instituto determinará los mecanismos con los cumplirán las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos.
Incluso, obligarán a los sujetos obligados a enviar al Instituto un listado de las personas físicas o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos federales o que ejercen actos de autoridad.
Quitan velo opaco a jueces y magistrados
Otra novedad de esta propuesta de ley es que se determinan las obligaciones de transparencia de Poder Judicial de la Federación (PJF).
De pasar esta ley tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, la ciudadanía podrá conocer los procedimientos de designación de jueces y magistrados mediante concurso de oposición.
Los mexicanos también podrán acceder al registro de aspirantes, a la lista de aspirantes aceptados, a los aspirantes que avanzan en cada una de las etapas, así como el resultado de las evaluaciones de cada etapa protegiendo, en su caso, los datos personales de los aspirantes y la lista de vencedores.
La propuesta de ley también establece que el PJF, como sujeto obligado, deberá poner a disposición del público las resoluciones que impongan sanciones disciplinarias a los integrantes de dicho Poder de la Unión.
Asimismo, se podrá solicitar los votos concurrentes, minoritarios, aclaratorios, particulares o de cualquier otro tipo, que emitan los integrantes de los Plenos, por lo que deberán hacer públicas las versiones estenográficas, los audios y las videograbaciones de las sesiones públicas, según corresponda.
Conclusión
Con la aprobación de esta nueva ley concluirá una etapa de discusión que inició en 2002 cuando se publicó la actual Ley Federal de Transparencia, a la que una década después se hizo una reforma constitucional y sus dos nuevos marcos regulatorios: la recién publicada Ley General de Transparencia y ahora este proyecto de dictamen.
Las comisiones unidas de Anticorrupción, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado concluyeron un nuevo proyecto de dictamen de la Ley Federal de Transparencias con la que se amplían las obligaciones de los todos los “sujetos obligados”, da más dientes al Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y por primera vez determinan las sanciones a las que podrían hacerse acreedores los que incumplan el mandato de transparentar su actuación.
De aprobarse en el Congreso, la nueva ley establece como medidas de apremio la posibilidad de que el Instituto pueda imponer al que incumpla el mandato de transparencia amonestaciones públicas o multas que irían de 150 a mil veces el salario mínimo vigente.
El incumplimiento de los “sujetos obligados” será difundido en los portales de obligaciones de transparencia del Instituto y considerados en las evaluaciones que realice este.
“En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el artículo 186 de esta Ley, el Instituto deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente”, señala parte del articulado.
Sindicatos y partidos políticos vigilados
La propuesta de nueva Ley Federal de Transparencia establece que todos los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, en los respectivos sitios de Internet, la información susceptible a ser transparente, como es el caso del destino de los recursos públicos.
De igual forma, los partidos políticos, las agrupaciones políticas nacionales y las personas constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente también deberán poner a disposición del público y actualizar dicha información.
En el caso de las obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos federales o realizan actos de autoridad, la propuesta señala que el Instituto determinará los mecanismos con los cumplirán las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos.
Incluso, obligarán a los sujetos obligados a enviar al Instituto un listado de las personas físicas o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos federales o que ejercen actos de autoridad.
Quitan velo opaco a jueces y magistrados
Otra novedad de esta propuesta de ley es que se determinan las obligaciones de transparencia de Poder Judicial de la Federación (PJF).
De pasar esta ley tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, la ciudadanía podrá conocer los procedimientos de designación de jueces y magistrados mediante concurso de oposición.
Los mexicanos también podrán acceder al registro de aspirantes, a la lista de aspirantes aceptados, a los aspirantes que avanzan en cada una de las etapas, así como el resultado de las evaluaciones de cada etapa protegiendo, en su caso, los datos personales de los aspirantes y la lista de vencedores.
La propuesta de ley también establece que el PJF, como sujeto obligado, deberá poner a disposición del público las resoluciones que impongan sanciones disciplinarias a los integrantes de dicho Poder de la Unión.
Asimismo, se podrá solicitar los votos concurrentes, minoritarios, aclaratorios, particulares o de cualquier otro tipo, que emitan los integrantes de los Plenos, por lo que deberán hacer públicas las versiones estenográficas, los audios y las videograbaciones de las sesiones públicas, según corresponda.
Conclusión
Con la aprobación de esta nueva ley concluirá una etapa de discusión que inició en 2002 cuando se publicó la actual Ley Federal de Transparencia, a la que una década después se hizo una reforma constitucional y sus dos nuevos marcos regulatorios: la recién publicada Ley General de Transparencia y ahora este proyecto de dictamen.
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