La secretaría de la incultura neoliberal

Gilberto López y Rivas

Significativamente, como un anexo del paquete económico (Presupuesto de Egresos de la Federación 2016), el 7 de septiembre pasado el iletrado confeso Enrique Peña Nieto entregó a la Cámara de Diputados una iniciativa de decreto en que se pretende reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear una secretaría de cultura. La sorpresiva noticia movilizó inmediatamente a diversos gremios de trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), del Centro Nacional de las Artes y de Radio Educación, entre otros, que iniciaron el análisis del documento y convocaron a reuniones de sus afiliados para tomar decisiones colectivas en torno a la propuesta del Ejecutivo federal, la cual, muy pronto, fue considerada improcedente, contradictoria e inconsistente, privatizadora y altamente peligrosa para el ejercicio de la investigación-docencia, difusión, preservación y defensa del patrimonio cultural de la nación y sus pueblos, lesiva para sus derechos laborales y violatoria de los derechos humanos en materia de cultura y educación.

Al igual que todas las llamadas reformas estructurales aplicadas por los gobiernos neoliberales de traición nacional, la iniciativa de crear una secretaría de cultura se pretende aprobarla al margen de la sociedad, sin consultar a los distintos especialistas que laboran en esas instituciones, y tampoco la opinión de los pueblos, incluidos los originarios y afrodescendientes, afectables por la pretendida explotación intensiva del patrimonio cultural, con criterios mercantiles y empresariales, por parte de una estructura burocrática onerosa y discrecional.

Asimismo, la propuesta no parte de un diagnóstico previo y consensuado de lo que ha sido el trabajo de los institutos e instituciones referidas durante décadas, ni tampoco de una evaluación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), que se impuso por decreto presidencial hace 25 años, y cuya tarea básica ha sido medrar, para su propio beneficio, del trabajo sustantivo y especializado del INAH y el INBA, y de su relación autoritaria, clientelar y elitista con creadores y artistas. Lo que la iniciativa propone, en esencia, es elevar Conaculta al rango de secretaría, a partir del llamado presupuesto base cero (sic) y con notables recortes al gasto en este rubro, lo que resulta un ejercicio bastante paradójico: el de elevar algo sumiéndolo presupuestariamente. Incluso el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Santiago Taboada Cortina, afirmó hace unos días: “En la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, la Cámara de Diputados sólo autorizó una ampliación de 2 mil millones de pesos al subsector cultura, lo que dificulta aprobar que el Conaculta se convierta en secretaría […] No alcanzaría ni para el cambio de papelería’’ ( La Jornada, 16/11/15). Este comentario no es menor: recordemos que el cambio de nombre de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral costó al erario (es decir, nos costó) más de mil millones de pesos. Si a estas minucias añadimos los salarios siempre elevados del eventual secretario y sus compinches subsecretarios, asesores, directores generales, subdirectores definidos en función de la larga cadena de cochupos y favores en cascada que modelan la jerarquía burocrática, así como los gastos susceptibles de desvío en nuevas instalaciones y adecuaciones a las existentes, entenderemos que en realidad los recortes, la austeridad y el presupuesto base cero en efecto se practicarán, pero hacia abajo, en el despido de numerosos trabajadores y en la cancelación de un número indeterminado de aquellos proyectos en marcha que el secretario y sus secuaces bien pagados consideren no prioritarios para la explotación intensiva del patrimonio cultural. Ello se advierte claramente en el quinto transitorio de la iniciativa, que señala: dentro de los ciento veinte días naturales a la entrada en vigor del decreto, la secretaría de cultura realizará un diagnóstico sobre las funciones y estructuras orgánicas de los órganos desconcentrados y entidades paraestatales, con el objeto de realizar y, en su caso, proponer las acciones necesarias para mejorar el funcionamiento del sector, atendiendo a los principios de racionalidad administrativa, austeridad, eficiencia y no duplicidad de funciones, lo que traducido es el uso de esos términos para encubrir precisamente el desmantelamiento de instancias y equipos de trabajo cuya racionalidad administrativa y eficiencia son manifiestas en informes y productos irrefutables.

Por su parte, los profesores de investigación científica y docencia del INAH han demandado al Congreso de la Unión, y en particular, a la Cámara de Diputados, que se deseche esta iniciativa, considerando en cambio indispensable y urgente legislar una ley reglamentaria en materia de derechos culturales de todos los mexicanos. Afirman que la iniciativa no cumple con la metodología deductiva básica en la práctica parlamentaria, donde cualquier organismo administrativo emana de una ley reglamentaria en la materia de que trate. De ninguna manera las políticas públicas pueden sustituir el marco legal y suplantar al Poder Legislativo.

Asimismo, consideran que la iniciativa rompe el binomio indisoluble de educación-cultura, al desarraigar al INAH y al INBA de la SEP, su seno de origen, violentando con ello el artículo tercero constitucional. De aprobarse este proyecto, se incurriría en una clara controversia constitucional, además de profundizar el problema señalado en 2003 por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en nuestro país: La educación es un vehículo cultural que impulsa la integración social a través de la consolidación de la cohesión nacional y la apreciación de la cultura universal y el intercambio transcultural. Por lo tanto, es indispensable fortalecer la relación entre educación y cultura, actualmente soslayada en México. Como bien se afirma en el análisis realizado por el Sindicato de Trabajadores Académicos del INAH (http://www.enelvolcan.com/edicionvirtual/enelvolcan0390915-suplemento/HTML/#9/z): la cultura es el contenido y esencia de la educación, y ésta, su vehículo.