No aplica leyes y tratados a favor de la población femenina
El
Primer Tribunal de Conciencia que sesionó en esta capital nicaragüense
conoció el caso de Ángela Esperanza, una joven de 23 años de edad, madre
de cuatro hijos y sobreviviente de feminicidio, y determinó que hubo
falta de justicia y de medidas preventivas.
El Tribunal lo integraron las expertas en derecho de las mujeres y con
amplia experiencia en el área penalista, Karla Micheel Salas, de México;
Pabla Santamaría, de Chile, e Isabel Agatón, de Colombia, quienes
fueron convocadas por la Red de Mujeres Contra la Violencia y otras
organizaciones feministas.
Karla Micheel Salas, presidenta del Tribunal, dijo que quedó claro en el
juicio que el caso era representativo de muchos otros que se presentan
en Nicaragua, donde lamentablemente las mujeres no acceden a la justicia
por la falta de aplicación de las leyes y de los tratados
internacionales de los cuales el Estado nicaragüense es firmante.
“Hacemos una serie de recomendaciones para atender la situación
estructural de esta inaplicación de la ley”, es claro que la
reglamentación de la Ley 779 (Ley Integral contra la Violencia hacia las
Mujeres) es inconstitucional porque se contradice con los tratados que
Nicaragua ha firmado, como la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), y la propia
Constitución del país centroamericano.
De acuerdo con el Tribunal, el Estado de Nicaragua no está cumpliendo
con sus obligaciones nacionales e internacionales, pues el país cuenta
con un marco jurídico que de ser aplicado eficazmente podría dar una
respuesta a las miles de mujeres que están siendo víctimas de violencia.
Para Reina Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la
Violencia, este Tribunal ha sido un espacio público que tuvo carácter
simbólico y educativo, para el cual se invitaron a todas las instancias
estatales involucradas, pero lamentablemente sólo asistió la
Procuraduría de la Mujer.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
(Cenidh), quien además es Juez Permanente de los Pueblos, dijo que en
Nicaragua hay un contexto “verdaderamente dramático”, ya que no es
posible que en el país que se jacta de ser el más seguro de
Centroamérica en menos de una semana asesinaran a tres mujeres.
No sólo debemos buscar responsabilidades en los actores directos, sino
también la falta de justicia de una política seria por parte del Estado
para promover la seguridad de las nicaragüenses, refirió Núñez.
Quien está en el banquillo de los acusados en este momento es el Estado
porque no ha tenido la capacidad de garantizar la seguridad de las
mujeres y promover que se haga justicia, reiteró la activista.
La Red de Mujeres contra la Violencia ha registrado hasta el pasado 13
de noviembre 50 casos de feminicidio, lo cual las mantiene preocupadas, e
instó a las autoridades estatales, policía, fiscales, jueces y otras
instituciones a que apliquen la Ley 779 y sobre todo las medidas
preventivas para salvar la vida de las mujeres.
Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
Cimacnoticias | Managua, Nic.-
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