De los 11 ministros que conforman el máximo tribunal de la nación, cuatro han sido impuestos por el peñismo.
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En un Estado que se diga democrático debe de existir un pleno
equilibrio en los poderes que lo conforman: Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, pero esto no aplica al caso mexicano.
Es el Poder Ejecutivo quien impone sus intereses a las decisiones que
deban tomarse en el Legislativo y en el Judicial. Es un reinado el que
vivimos dicen unos, otros afirman que estamos en una dictablanda, otros
afirmamos que es una real dictadura disfrazada de República apoyada por
los grandes poderes fácticos que imponen su capricho (sectores
financieros, grandes corporativos de medios de comunicación y la mafia
de los negocios sucios).
La Suprema Corte de Justicia se ha convertido en la Corte de la
vergüenza, de la complicidad para avalar las decisiones fundamentales
del Ejecutivo federal y grupos de interés. Nada pasa, ni se permite
pasar, ni poner en duda en esa sacrosanta instancia, la legalidad de las
reformas estructurales que han trastocado gravemente la soberanía
nacional y los derechos humanos fundamentales de la sociedad.
El presidente de la República, y nadie más, tiene la facultad de
imponer una terna de juristas, con el requisito imprescindible de ser
incondicionales del régimen. El Senado a través de legisladores levanta manos,
de manera sumisa siguen sin cuestionar la línea que dicta su líder
camaral impuesta a su vez de manera directa desde Los Pinos.
No hay discusión en la decisión, hay imposición para ganar palmo a
palmo, como si fueran parcelas privadas, cada uno de los 11 asientos que
ocupan los ministros de sueldos millonarios, de la mal llamada Suprema
Corte de Justicia de la Nación, que ni es suprema ni es de justicia.
Enrique Peña Nieto antes de iniciar su mandato el 1º de diciembre de
2012 apuró a mover sus piezas para que el panista Felipe Calderón
Hinojosa de manera dócil propusiera a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena con
nula experiencia judicial, pero identificado con el priísmo tradicional y
con el privilegio de ser amigo del presidente recién electo.
Peña Nieto ya instalado en el gobierno pudo imponer a Norma Lucia
Piña Hernández, curiosamente también propuesta en el gobierno de Felipe
Calderón Hinojosa y al fiscalista Javier Laynez Potisek para apuntalar
las infaustas reformas estructurales.
Tras el fallecimiento del entonces ministro Sergio Valls Hernández,
el presidente Peña no dejó escapar la oportunidad de imponer a su franco
amigo incondicional: Eduardo Medina Mora Icaza, a pesar de su criticado
desempeño al frente de la Secretaría de Seguridad Pública con Vicente
Fox y como procurador General de la República con Felipe Calderón. Como
premio a la complicidad se le dio un nombramiento para ejercerlo ¡hasta
el año 2030!
Los senadores cómplices se pasaron por el arco del triunfo el
artículo 95 constitucional que obliga considerar como requisito para
los aspirantes de tan digno cargo a contar con “buena reputación”. Nada
de eso les importó. Hubo sectores amplios de la sociedad que criticaron
esta propuesta por vergonzosa. Nada pasó: Era decisión presidencial y
se tenía que acatar a como diera lugar.
Hasta ahora de los once ministros que conforman el máximo tribunal de
la nación cuatro han sido impuestos por el peñismo, pero aún le quedan
dos por designar, para contar con una mayoría cómoda que proteja su
cuestionada gestión, ya que en 2018 justo antes de que concluya su
mandato, Margarita Beatriz Luna Ramos y José Ramón Cossío Díaz
terminarán su estancia en la Corte.
Quienes continuarán en el cargo serán el actual presidente Luis María
Aguilar Morales, amigo del ex presidente Felipe Calderón y del líder
sindical petrolero Romero Deschamps; también el ministro Jorge Mario
Pardo Rebolledo, quien se sabe es amigo de Calderón desde que eran
estudiantes de derecho y cercano al panista Diego Fernández de Cevallos;
y el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, de larga trayectoria como
abogado de grandes empresas y bancos ligados al caso Fobaproa.
Alberto Pérez Dayán de quien se dice llegó a la Corte por su cercanía
con el suegro de Calderón Hinojosa, quien en su momento otorgara un
amparo a la Promotora Internacional Santa Fe, para intentar obligar al
gobierno del Distrito Federal a indemnizar con cifras millonarias a
dicha empresa por la expropiación del predio “El Encino”, al pretender
construir una calle para comunicar un hospital.
Y finalmente José Fernando Franco González Salas designado durante el
gobierno de Vicente Fox, a quien el movimiento Ciudadano por la
Justicia, Cinco de Junio integrada por padres y madres de los menores
que fueron afectados por el incendio en la Guardería ABC en Hermosillo
Sonora en 2009 promoviera juicio político en su contra, por violentar el
acceso a la justicia de los familiares de las víctimas y vulnerar el
principio de imparcialidad.
En la conformación de este cuerpo colegiado judicial dominan los
políticos, 6 de los 11, en los que no aparece ninguna mujer: Arturo
Saldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío, Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena, Eduardo Medina Mora, Javier Laynez Potisek y Fernando Franco
González resultando minoría los de carrera judicial compuesta por:
Margarita Luna Ramos, Norma Lucía Piña Hernández, Alberto Gelacio Pérez
Dayán, Jorge Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales.
Es así como se ha conforma el pleno actual de la desacreditada
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con ministros que consolidan un
presidencialismo metaconstitucional y hacen de la justicia el disimulo,
vergüenza e impunidad.
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx twitter: @Manuel_FuentesM
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