Oaxaca: alerta humanitaria por “ataque armado del Estado”

   Grupos de mujeres exigen mesa de diálogo CNTE-gobierno

Aspecto de la protesta afuera de la Representación del Gobierno de Oaxaca en la Ciudad de México | 

Grupos civiles y centros de Derechos Humanos (DH) integrados en el “Espacio Civil de Oaxaca” llamaron al fin de la represión que desde ayer ejerce la policía contra el magisterio disidente oaxaqueño, en los municipios de Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo y Telixtlahuaca; la localidad de Hacienda Blanca; la región del Istmo de Tehuantepec, y en la ciudad de Oaxaca, capital del estado del mismo nombre.

En un comunicado, agrupaciones como el Centro para los Derechos de la Mujer Naaxwiin, el Grupo de Mujeres 8 de Marzo, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, exigieron una mesa de diálogo entre el magisterio y el gobierno estatal y federal.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que la mañana de este domingo 19 de junio implementó un operativo con 800 elementos de la SS, la Policía Federal y la División de la Gendarmería, para retirar los bloqueos carreteros que mantenían los maestros a la altura de Nochixtlán, municipio ubicado en la sierra mixteca.

Según la dependencia, el operativo se realizó tras siete días de bloqueos carreteros en 37 puntos estratégicos que comunican a Oaxaca con la Ciudad de México; los cierres los realizaba el magisterio en rechazo a la reforma educativa promulgada en febrero de 2013.

Como resultado de los enfrentamientos en Nochixtlán, se reportaron seis personas muertas, y 53 civiles y 41 policías heridos.

Ante estos acontecimientos, las organizaciones ciudadanas emitieron una alerta humanitaria por el “ataque armado del Estado a la población civil”, y pidieron una mesa de diálogo con los manifestantes y atención médica inmediata a todas las personas heridas.

También exigieron la cancelación de las órdenes de aprehensión contra integrantes del magisterio oaxaqueño, y la liberación inmediata de las y los maestros detenidos, así como el castigo a los responsables de las detenciones arbitrarias, tortura y otras violaciones a los DH.

Las organizaciones locales informaron que en Oaxaca se vive un contexto de violencia generalizada, en el que la represión y criminalización del movimiento social y en particular del personal docente de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se ha agudizado.

Desde 2013 los grupos civiles han contabilizado al menos 75 personas defensoras de los DH encarceladas por motivos políticos, y además aseguraron que las órdenes de aprehensión contra las y los maestros que coordinan el movimiento magisterial buscan la desarticulación.

De acuerdo con las organizaciones, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas ha reconocido el carácter arbitrario de los arrestos, y diversos relatores de la ONU han emitido llamados urgentes ante las violaciones denunciadas.

“El uso de las detenciones, campañas de difamación y represión contra la Sección 22 tiene el claro objetivo de mermar el movimiento magisterial, el que históricamente ha tenido un papel fundamental en el movimiento social oaxaqueño”, sostuvieron.

Por separado, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) manifestó su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza pública, y por atentar contra el derecho a la salud porque se dificultó e impidió la atención médica a los manifestantes heridos.

La Red TDT aseguró que la CNTE ha buscado establecer por distintos canales un diálogo con la autoridad para tratar de llegar a un acuerdo, pero el gobierno federal se ha negado y ha afirmado que sólo lo hará cuando las y los maestros renuncien a sus principales reivindicaciones.

En el mismo tenor, Amnistía Internacional (AI) pidió que las investigaciones sobre la violencia en Oaxaca sean independientes, oportunas y transparentes y, en su caso, se traduzcan en el debido juzgamiento de todas las autoridades y demás personas involucradas.

Según AI, las declaraciones de las autoridades estatales y federales para deslindarse de los hechos no deben utilizarse para socavar o distraer la investigación. Demandó que se respete la integridad física y mental de las y los docentes, así como los derechos a un juicio justo y al debido proceso.

Foto: Twitter @masde131

Por: la Redacción

Cimacnoticias | Ciudad de México.-