R. Aída Hernández Castillo*
El 30 de agosto se
conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Se trata de
una iniciativa impulsada desde 2011 por la Federación Latinoamericana de
Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam) y
apoyada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), para honrar la
memoria de las personas desaparecidas y aportar a las luchas de sus
familiares por la justicia y contra la impunidad.
En México con más de 30 mil desaparecidos, esta conmemoración
adquiere una relevancia política en el marco de la discusión de la Ley
General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por
Particulares aprobada por el Senado de la República y turnada en abril
pasado a la Cámara de Diputados. El Movimiento por Nuestros
Desaparecidos en México, que aglutina a más de setenta colectivos de
familiares y organizaciones de derechos humanos de todo el país,
conmemora este día con la consigna:
Sin las Familias ¡No!, para denunciar su exclusión en la elaboración de la iniciativa aprobada y exigir que sus perspectivas y experiencias sean tomadas en cuenta en la elaboración de una reglamentación que realmente contribuya a la búsqueda de los desaparecidos y evite la impunidad.
El proyecto de ley aprobado por el Senado, responde a las
recomendaciones que hizo en 2015 el Comité Contra la Desaparición
Forzada de la ONU, a partir de la desaparición de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa. Sin embargo, tanto la iniciativa de ley enviada por Enrique
Peña Nieto al Congreso en diciembre de 2015, como la aprobada por el
Senado en abril pasado, no han incorporado los conocimientos y
experiencias de los familiares de las y los desaparecidos. Han sido los
padres y madres de los desaparecidos quienes han encabezado las
búsquedas en campo, quienes se han enfrentado a las deficiencias
institucionales y a la indiferencia de la burocracia, y son ellos
quienes han denunciado las limitaciones de la citada ley. Por ejemplo
han señalado que no considera la responsabilidad de los superiores
jerárquicos, como lo establece en su artículo 6 la Convención
Internacional contra la Desaparición Forzada, creando un vacío que
posibilitará la impunidad para los autores intelectuales de las
desapariciones forzadas. Tampoco se menciona que la participación de
militares debe siempre ser juzgada en tribunales militares. La demanda
de crear un Instituto Autónomo de Ciencias Forense fue sustituida con la
creación de un Banco Nacional de Datos Forenses, que sólo
sistematizaría bases de datos que serían alimentadas por las mismas
procuradurías que hasta ahora no investigan y que en muchos casos son
las mismas que obstaculizan las búsquedas.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos ha centrado su
conmemoración del Día del Desaparecido en la exigencia de una ley desde
las víctimas, con las víctimas y para las víctimas (http://sinlasfamiliasno.org/).
Esto implica que se les considere en el proceso de búsqueda integral e
investigación, no sólo del destino de sus familiares, sino todo el
proceso, lugares y personas implicadas en su desaparición. Demandan que
la ley sea aplicada a todas las desapariciones del pasado, del presente y
del futuro, y que tenga un enfoque trasnacional para que considere los
derechos de los migrantes desaparecidos. Plantean también la importancia
de que haya un enfoque diferenciado en atención para las mujeres, los
indígenas, los integrantes de la comunidad LGBT, y otros grupos
vulnerables. Es evidente que hay detrás de cada una de sus demandas un
largo camino recorrido, los familiares son hasta ahora los mejores
especialistas en el tema con los que cuenta México, hacerlos a un lado a
la hora de legislar en torno a la desaparición forzada es promover de
nuevo leyes que sólo sirven p
ara legitimar al Estado y darle continuidad a la impunidad. Sin las Familias ¡No!.
*Integrante del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF) e investigadora de CIESAS
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