La Jornada
Las comparecencias
del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),
Gerardo Ruiz Esparza, y del gobernador de Morelos, Graco Ramírez
Garrido, ante la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso de la
Unión, que se realizaron el pasado martes y ayer, respectivamente, han
dejado al desnudo una vasta red de irregularidades, omisiones y faltas
de coordinación entre los poderes federal y estatal, que desembocó en la
tragedia del 12 de julio, cuando un defecto previamente conocido de la
obra del Paso Exprés de Cuernavaca se tradujo en la apertura de un
enorme agujero en el que murieron dos personas. Antes de eso, las malas
prácticas en la construcción de esa ruta de libramiento habían provocado
accidentes en los que 23 usuarios perdieron la vida.
El 22 de agosto, ante los legisladores de la Tercera Comisión, Ruiz
Esparza, aunque hubo de admitir algunas de las acciones indebidas en las
que pudieron incurrir funcionarios menores de la dependencia que
encabeza, se negó a asumir la responsabilidad administrativa y política
de las consecuencias de esas mismas acciones. Asimismo, el funcionario
buscó trasladar la responsabilidad de lo ocurrido en las empresas
constructoras, la coordinadora y la supervisora que la propia SCT
contrató, a pesar de sus muy cuestionables historiales.
Ramírez Garrido, por su parte, buscó eludir sus responsabilidades en
un ataque frontal contra Ruiz Esparza y el gobierno federal, por más que
están documentadas sus omisiones y retrasos el día de la tragedia.
Asimismo, el titular del Ejecutivo estatal afirmó haberse opuesto a la
inauguración precipitada e improvisada de una obra que estaba
manifiestamente inconclusa y defectuosa, a pesar de que el pasado 5 de
abril él mismo acudió al acto correspondiente, en compañía del
presidente Enrique Peña Nieto y del propio Ruiz Esparza.
Más allá del hecho de que el secretario de Comunicaciones y
Transportes acumula un sinnúmero de señalamientos públicos por actos
irregulares y corruptos en la dependencia que preside, la desastrosa
gestión del Paso Exprés, que se ha evidenciado con los sucesos del 12 de
julio, habría debido llevarlo a presentar su dimisión, no porque con
ello se resuelva el caso, como arguyó en su comparecencia senatorial,
sino por un básico sentido de decoro republicano y porque su permanencia
en la SCT obstaculiza el esclarecimiento de lo ocurrido.
En cuanto al gobernador morelense, fue incapaz de explicar por qué,
si tenía en su poder abundante información sobre la peligrosidad de la
obra referida, no se opuso a la inauguración y por qué no actuó con la
firmeza que el caso requería para clausurarla, detenerla, cerrarla al
paso de vehículos en tanto los defectos de construcción no fueran
subsanados o, cuando menos, dar a conocer a la opinión pública los
riesgos de transitar por
esa vialidad.
En suma, las presentaciones de Ruiz Esparza y Ramírez Garrido ante el
Legislativo y el rifirrafe entre ambos han dejado ver en su exasperante
gravedad el poco sentido de responsabilidad, la insensibilidad y la
frivolidad que imperan en diversas esferas del poder público, así como
la falta de voluntad para investigar y sancionar conductas de gobierno
que conllevan presumibles responsabilidades civiles y penales. En este
caso, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de
la República deben actuar con prontitud y transparencia. No puede
permitirse un caso más de impunidad ante un desorden gubernamental como
el que se evidenció con el socavón en el Paso Exprés.
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