Trampa para que haya más objetores de conciencia, dicen ONG
La justicia argentina absolvió a la médica acusada por el delito de
aborto consentido seguido de muerte pero la condenó a un mes de prisión
en suspenso y un año de inhabilitaciones por ser autora penalmente
responsable de lesiones culposas.
Según el juez José Colabelli, no se pudo comprobar que hubiera un
“embarazo en el vientre materno” de la adolescente pero sí que la médica
tuvo responsabilidad en la muerte. El mensaje disciplinador no avala la
práctica de la Interrupción Legal del Embarazo ni resuelve por qué
murió Maira.
En la lectura de la sentencia, Colabelli dijo: “No se veía feto ni saco
ni embrion. Está duda no fue zanjada por ninguna de las partes. Al no
tener la certeza de que hubiera un embrión, consideré que no había
delito y por lo tanto la absolución”.
Y agregó: “Había pus en el útero. Fue producido en un aborto que quedó
incompleto y esto produjo casi seguro la muerte de Maira. Abril (la
médica que hizo el procedimiento) tuvo intervención pero no la vinculo
directo en la muerte: Maira sale del quirófano y no va a Unidad de
Cuidados Intensivos sino a sala general. Ahí se produjo un desequilibrio
que llevó a la muerte. Durante el debate no fue aclarado si cuando fue
derivada al otro hospital la situación era irreversible. Pero si hubo
impericia en el deterioro de la salud por no haber producido las
actuaciones diligentes”.
Como no leyó los fundamentos, no quedó explicado entonces por qué Abril
tuvo “impericia en su proceder”. Y no se resolvió por qué falleció
Maira. Ahora la defensa de la médica apelará la condena.
Colabelli es un juez polémico. En 2004 le iniciaron juicio político, lo
destituyeron y en 2010 logró volver al cargo. Lo acusaban por su
actuación en el episodio “Vuelta al Río”, en el que ordenó desalojar a
comunidades mapuches.
LA HISTORIA
Maira tenía 17 años y estaba embarazada de siete semanas. Los últimos
días de noviembre de 2015, tomó valor y se acercó al Hospital Sub-Zonal
de El Maitén, acompañada por su prima. Fue hasta allí a pedir la
interrupción legal de su embarazo. Sabía que su pedido está contemplado
por los Códigos Civil y Penal de la Nación, por las leyes provinciales y
el Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo.
En el hospital la escucharon. Una trabajadora social y un equipo de
médicos evaluaron su caso. Maira estaba segura de que no quería seguir
adelante: “si no me ayudan a abortar, me mato”. Abril, una de las
doctoras residentes del hospital, apoyada por el equipo médico y
siguiendo el marco legal y el protocolo, le suministró misoprostol. El
consentimiento de Maira, que quedó por escrito en la historia clínica, y
las causas que la llevaron a esa tomar esa decisión, no figuran en la
causa porque se perdieron.
Cinco días después, Maira comenzó a sentirse mal y fue al Hospital de
Esquel. Los médicos le hicieron dos cirugías y constataron que su útero
estaba completamente sano y que no tenía ninguna infección. Pero a las
pocas horas de salir por última vez del quirófano, Maira se
desestabilizó y murió. Fue entonces cuando los papás se enteraron de que
la chica había abortado y el caso se judicializó.
La Fiscalía de Esquel determinó, a partir del certificado de defunción,
que la muerte se produjo como consecuencia del proceso incompleto del
aborto “al no haber retirado los restos del embarazo del útero que
generaron un cuadro de shock séptico refractario que provocó la muerte
de la joven”.
Sin embargo, los médicos de El Maitén no encuentran ninguna causa que
conecte la práctica del aborto con la muerte de Maira. “Es muy grave que
no se sepa de qué murió. La Fiscalía no indagó, se basó en el único
antecedente que fue el aborto y en medio de la investigación cambiaron
un peritaje”, dijo a Cosecha Roja Julieta Galván, de la Multisectorial
de Esquel y de la Colectiva Mujeres por el derecho a decidir. “Se está
intentando acusar a la práctica y a la médica para que cada vez haya más
objetores de conciencia”.
Desde el comienzo del juicio, la Comisión Nacional de Residentes de
Medicina General, la Federación Argentina de Medicina General, la Red de
Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, pidieron la
absolución de la médica y denunciaron persecución “por parte del juez
machista”.
La perito Stella Manzano, quien cuestionó el certificado de defunción de
Maira, dijo: “Este caso me recuerda mucho al de la joven que estuvo
presa en Tucumán, de Belén donde salieron a la luz de todas las
irregularidades judiciales que jueces y fiscales permitieron. Hay un fin
disciplinador y machista”.
Como en el caso de Belén, tanto el nombre de la adolescente como el de
la médica fueron cambiados para proteger sus identidades. Sin embargo,
la antiabortista Mariana Rodriguez Varela, famosa por la campaña del
“bebito” en el balcón, difundió el caso con los nombres y apellidos
reales y publicó un video en el que habla la mamá de Maira. La Fundación
Provida, que asesora a la familia de la adolescente, presentó dos
amicus curiae: Nutrir y Más Vida, dos fundaciones que hicieron circular
un video que criminaliza el aborto.
*Este artículo fue retomado del portal Cosecha Roja.
Imagen retomada de Cladem
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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