Niños indígenas en San Cristobal de las Casas. Foto: Isaín Mandujano
Las reformas estructurales implementadas por el gobierno de Enrique
Peña Nieto vulneran en primer lugar a los territorios y la autonomía de
las comunidades indígenas, ya sea a través de las concesiones para
actividades mineras o energéticas, o por la “privatización” de los
sectores de salud y de educación, plantearon tres organizaciones en un
informe publicado hoy.
Las organizaciones –el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas
Digna Ochoa, la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos
Humanos-Filial Región Sureste y la organización venezolana Red Nacional
por los Derechos Humanos (RENADDHH)– señalaron que, en el estado de
Chiapas, el cual concentra la mayor proporción de población indígena en
el país, las infraestructuras de salud y de educación se encuentran en
el abandono y “al borde del colapso”.
El informe, que señala algunas deficiencias graves en materia de
derechos humanos en el país, fue enviado hoy al Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que realizará un informe
periódico sobre México durante su 62ª sesión, que celebrará entre los
próximos 18 de septiembre y 6 de octubre en Ginebra.
No queda desapercibido que la RENADDHH, una organización venezolana
de afinidad bolivariana, participó en la elaboración del informe en
medio de las tensiones diplomáticas que estallaron entre México y
Venezuela desde el pasado mes de abril.
El gobierno de Enrique Peña Nieto encabezó un grupo de países
miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que
multiplicó las declaraciones de repudio a las medidas “antidemocráticas”
y “autoritarias” adoptadas por el gobierno de Maduro ante la agravación
de la crisis política en su país.
El gobierno bolivariano, por su parte, denunció en varias ocasiones
la “hipocresía” del gobierno mexicano: aseveró que la administración de
Peña Nieto fomentaba un golpe de Estado de la “derecha conservadora”
urdido desde Estados Unidos, y señaló la crisis de derechos humanos que
azota a México desde hace una década.
La Cancillería venezolana intentó llevar el tema de los 43
normalistas desaparecidos de Ayotzinapa ante la Asamblea General de la
OEA que se llevó a cabo en Cancún los pasados 20 y 21 de junio, pero su
propuesta de incluir este debate en la orden del día fue desechada.
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